Francis PuigVALÈNCIA. El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, encargado de la investigación sobre el entramado de subvenciones concedidas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los Adell Bover ha rechazado incorporar a la causa el expediente sobre el pacto de precios en À Punt. La Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana sancionó a finales del año pasado con 43.000 euros a las empresas Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions, Canal Maestrat y Visualiza (la mayor parte de la cuantía fue para las tres primeras) por acordar las ofertas para ganar varios lotes de corresponsalías de la radiotelevisión valenciana. De la primera de ellas es consejero delegado Francis Puig y las dos siguientes están administradas por la familia Adell Bover.
El órgano autonómico consideró esta forma de actuar muy grave y la resolución conocida en enero apuntaba a una infracción por objeto entre competidores constitutiva de cártel en el ámbito de la contratación pública. Al margen del proceso de coordinación para que todas las mercantiles resultaran beneficiadas en el concurso, el expediente sobre la investigación de Competencia revelaba conversaciones que demostraban lo interconectadas que se encuentran todas estas firmas por la relación de sus responsables pese a que éstos no compartan puestos directivos en cada una de ellas. A lo largo de los diálogos se comprobaba, igualmente, cómo Francis Puig informa a los Adell Bover sobre subvenciones o proyectos a los que podrían presentarse de varias administraciones públicas, como la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Aragón o diversos ayuntamientos.
Esta información, al encontrarse relacionada con las ayudas públicas, era susceptible de tener interés, por tanto, para la instrucción que se lleva en el juzgado. Motivo por el que el PP, que ejerce la acusación popular, se dirigió a él para informar sobre la existencia de las indagaciones realizadas por Competencia. Sin embargo, el juez ha rechazado incorporar la documentación a la causa para analizarla mediante una solicitud a la Conselleria de Economía, a la cual se encuentra adscrito el órgano. El motivo es que se trata de una cuestión distinta a la instrucción en marcha que ha sido resuelta en otra sede.
La decisión se produce en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que se pronunció favorablemente a que el expediente se pidiera. Su opinión es que debía estudiarse por si pudiera ser una prueba sobre las vinculaciones empresariales entre el hermano de Puig y los Adell Bover para optar a las diversas subvenciones públicas. De hecho, ha recurrido la negativa ante el juzgado y, subsidiariamente, ante la Audiencia Provincial.
A la espera de que se resuelva este asunto, todavía queda pendiente el informe clave de la Guardia Civil, a la cual el juez autorizó el pasado verano –tras la petición de Anticorrupción– a que indagara en las ayudas otorgadas a los empresarios por parte de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés. El instructor también rechazó que se declarara secreta la causa como reclamaron los agentes.
