Imagen de archivo de Nomdedéu a la salida de los juzgadosCASTELLÓ. (EP). El juzgado de instrucción número 2 de Castellón ha decidido continuar la causa por el "caso de los sobres" contra el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu; la exvicealcaldesa de Castelló Ali Brancal; y el exasesor de Compromís Miquel Torres, y ha acordado nuevas diligencias. Así mismo, ordena que se ofrezca al Ayuntamiento de Castelló acciones, debiendo concretar el importe del perjuicio causado a este organismo.
En una providencia, la jueza establece que procede la continuación del procedimiento y acuerda las diligencias solicitadas por las partes consistentes en la declaración testifical de tres personas, que deberá practicarse el próximo 13 de noviembre. Así mismo, acuerda pedir al equipo de Investigación de delitos tecnológicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil que extraiga los videos existentes en las páginas de Facebook de Enric Nomdedéu y Ali Brancal de fechas próximas al 20 de mayo de 2014.
Esta providencia se ha dictado después de que el pasado 2 de octubre la Fiscalía y Enric Nomdedéu, Ali Brancal y Miquel Torres solicitasen el sobreseimiento de la causa que se abrió contra los tres tras una querella interpuesta por el PP por supuestamente utilizar el servicio postal municipal del Ayuntamiento de la capital de La Plana para enviar papeletas electorales en 2014. Tras dicha comparecencia, la letrada de la acusación, María Jesús Domingo, aseguró que había pedido que continuara el procedimiento contra los tres querellados, así como la práctica de nuevas diligencias -pruebas testificales y un oficio a la Policía informática-.
La causa fue archivada en noviembre de 2019 después de que lo solicitara la Fiscalía. Sin embargo, posteriormente la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón revocó el auto de sobreseimiento provisional de la causa dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Castelló y ordenó continuar con el procedimiento tras estimar un recurso de apelación presentado por el PP.
En dicho auto, la Audiencia consideró que de la instrucción seguida "resultan suficientes indicios racionales de criminalidad para no descartar la participación" de los tres investigados en la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, por el envío en 2014 de sobres con propaganda electoral de Compromís a cargo del presupuesto municipal.
