VALÈNCIA. El próximo 22 de diciembre están previstas varias citaciones de importancia en el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga el caso Erial que afecta al exministro Eduardo Zaplana: el periodista Luis Herrero, el conocido como el arquitecto de los famosos Joaquín Torres, el perito que elaboró el informe sobre el patrimonio de la familia y el responsable de la inmobiliaria Engel & Volkers. Todos ellos en calidad de testigos.
Herrero y Torres serán interrogados por videoconferencia, según ha podido saber Valencia Plaza, para tratar de recabar nuevos datos sobre la operación por la que la presunta trama que lideraba el también expresidente de la Generalitat dio un "pelotazo" urbanístico de 4,31 millones de euros en la lujosa urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón en 2005.
Una de las conclusiones principales de los investigadores es que el exdirigente del PP habría utilizado multitud de sociedades instrumentales para gestionar las cantidades obtenidas a partir de las supuestas mordidas –cuantificadas en 10,5 millones– mediante la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). De este modo, el dinero se ocultaba en cuentas extranjeras con la intención de retornarlo a España a través de empresas, lo cual se consiguió con determinadas cantidades.
Un ejemplo es la instrumentalización de la mercantil Costera del Glorio, administrada por el colaborador de Zaplana Joaquín Barceló y la cual recibía fondos de Medlevante. Esta última estaba nutrida, a su vez, con dinero de Imison Internacional, la empresa matriz de todo el entramado que fue constituida en 2001 por los Cotino en Luxemburgo y pasó a estar gestionada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa.
Costera del Glorio adquirió un inmueble en la Urbanización La Finca de Urbanizadora Somosaguas, propiedad del empresario fallecido Luis García Cereceda. Lo hizo mediante un contrato privado por 2,1 millones. Entre 2005 y 2007 abonó en tres pagos 862.773 euros a Urbanizadora Somosaguas con fondos que, acreditaron los investigadores, provenían de tres fuentes (una cuenta personal de Joaquín Barceló, otra de la mercantil Medlevante y una línea de crédito suscrita por Costera).
Escasos meses después, Urbanizadora Somosaguas volvió a adquirir los derechos de la propiedad vendida a la empresa de Barceló pero por un importe notablemente superior: los 4,31 millones, lo que supuso una plusvalía superior a tres millones. De ese dinero se habría beneficiado, según los investigadores, Zaplana.
¿Y en qué están relacionados Luis Herrero y Joaquín Torres con todo ello? La Guardia Civil halló anotaciones en la agenda del exministro en la que aparecerían ambos por varias reuniones que coincidían en el tiempo con la operación, de acuerdo con fuentes cercadas a la causa. En el caso del periodista, conocía tanto a Zaplana como a Cereceda (el propietario de Urbanizadora Somosaguas), por lo que tal vez el exministro le pidiera que le facilitara el contacto con el empresario. Aun así, Herrero, según las mismas fuentes, aseguró que no supo en qué quedó todo. En cuanto a Torres, se trataba del arquitecto de la urbanización La Finca y podría aportar algún dato sobre la operación.
Junto a ellos también será interrogado, a petición de algunas defensas, un perito que elaboró un informe que considera justificado el elevado patrimonio de Zaplana y de su familia en base a las diferentes fuentes de ingresos. Las conclusiones de este documento, encargado en 2018, tratan de contrarrestar las tesis de los investigadores sobre la procedencia ilícita de los fondos con los que adquirieron numerosos bienes.
El documento revelaba que el patrimonio inmobiliario del exministro y su mujer, Rosa Barceló, "vendría suficientemente justificado por donaciones, plusvalías e ingresos provenientes de la actividad profesional" de ambos durante el periodo analizado de 31 años (de 1987 a 2018).
Por último, ha sido citado igualmente -a petición del abogado de Zaplana- el responsable de la inmobiliaria Engel & Volkers, la que gestionaba el alquiler del piso del exmistro en València.