Ximo Puig durante la visita del pasado junio a la planta de X-Elio en Xixona. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Otro jarro de agua fría para la nueva política de impulso a las energías renovables impulsada por la Generalitat Valenciana en los últimos meses. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica será mucho más restrictivo que el decreto de renovables aprobado por el Consell el pasado verano, en lo que a instalar centrales fotovoltaicas y eólicas en espacios naturales se refiere.
Como adelantó este medio, el decreto de renovables que suprime la necesidad de obtener la Declaración de Interés Comunitario (DIC) para construir plantas solares o eólicas en suelo rústico, a cambio de articular un sistema de aprobación de proyectos de interés estratégico, reduce de forma considerable el celo ambiental. De esta forma, permite construir este tipo de instalaciones, bajo determinadas condiciones, en espacios incluidos en la Red Natura 2000 o afectados por otras figuras de protección.
En cambio, el PNIEC, cuya Declaración Ambiental Estratégica (DAE) acaba de ser sometida a exposición pública con su publicación esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), será mucho más conservacionista en este sentido. De hecho, los espacios de la Red Natura 2000 quedan excluidos de aquellas zonas rústicas donde se pueden construir centrales fotovoltaicas o eólicas. También se excluyen las zonas húmedas (como Fontcalent, donde varias empresas promueven en estos momentos proyectos fotovoltaicos) e inundables.
Si bien el texto no prohíbe expresamente la construcción de instalaciones de renovables en las citadas zonas de forma categórica, sí que indica que "se evitará la instalación de proyectos industriales de energías renovables en espacios naturales protegidos y Red Natura 2000", y que en todo caso "la potencial ocupación por instalaciones de energía renovable dentro de espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 deberá ser mínima y compatible con los instrumentos de ordenación y gestión de dichos espacios".
A juicio del colectivo Ecologistes en Acció, que llegó a denunciar en Europa el decreto de renovables del Consell por rebajar el nivel de protección de estos espacios para permitir la instalación de renovables (aunque Bruselas no vio incumplimiento de sus directivas en este caso), hay "un choque clarísimo" entre el PNIEC y el decreto autonómico, cuya magnitud podrá comprobarse una vez que entre en vigor la normativa estatal. La Conselleria de Transición Ecológica, por su parte, defiende en este sentido que la Red Natura cuenta con distintos grados de protección, y que los más altos seguirán siendo incompatibles con las plantas.
En todo caso, el choque entre el plan nacional y la normativa autonómica parece inevitable. De hecho, como también ha contado este periódico, el Gobierno central ha mostrado sus discrepancias sobre doce artículos y una disposición transitoria del decreto ley del Consell sobre energías renovables, por lo que se han iniciado negociaciones en el seno de la comisión bilateral entre ambas Administraciones para intentar resolverlas. A finales de diciembre se acordó designar un grupo de trabajo que proponga a la comisión bilateral una solución para evitar que se presente recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley, según se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat.
En concreto, las discrepancias del Gobierno se refieren entre otros a los artículos 4 y 5 (sobre las autorizaciones), dos apartados del 6 (sobre el plan eólico), los artículos 11 y 12 (sobre criterios para implantación de centrales fotovoltaicas y parques eólicos), el 27 (declaración de utilidad pública, expropiación y servidumbre) o el 38 (canon por uso y aprovechamiento. Además de otros artículos más técnicos, también discrepa en dos apartados de la disposición transitoria segunda (sobre las obligaciones establecidas de mejora y publicidad de la información relativa a las redes distribución de energía eléctrica radicadas en la Comunitat).
