Foto: EDUARDO PARRA/EPFue muy aplaudida al principio de la crisis del coronavirus la reaparición del Capitán A Posteriori, personaje de South Park que pone en evidencia a aquellos que ante un grave problema saben perfectamente qué debería haberse hecho para evitarlo pero no ayudan a resolverlo. En el sketch que se ha hecho viral, el Capitán A Posteriori –Hindsight en inglés, sin equivalente en castellano– sobrevuela el incendio de un edificio y es recibido con gran alborozo por bomberos y particulares que se creen a salvo. Pero el Capitán se limita a enumerar los fallos cometidos, considera su misión terminada y se larga. Una escenificación del dicho español "a toro pasado, todos somos Manolete", o el también taurino "a cojón visto, macho seguro". Sesgo de retrospección lo llaman en psicología.
A ese clavo se agarra Pedro Sánchez en sus comparecencias y pseudoruedas de prensa, pero no hay más que darse una vuelta por la hemeroteca para comprobar que también hubo capitanes A Priori: la propia OMS, expertos no tenidos en cuenta y hasta políticos a quienes se tildó de exagerados cuando pidieron medidas que el Gobierno acabó tomando demasiado tarde, a posteriori.
El presidente a posteriori primero dice no, luego tal vez y a última hora descarga en los científicos la culpa de no haber tomado a tiempo medidas ante hechos que "nadie podía prever" que sucedieran. O en los técnicos cuando se trata de medidas económicas que toma asesorado por expertos que no saben cómo funciona una fábrica ni lo que es un autónomo.
Sánchez acierta cuando rectifica, y a veces ni eso. Estamos en sus manos y en las de "los científicos" cuya cara visible continúa siendo Fernando Simón –desde su casa después de haberse contagiado–, el experto a posteriori al que se le podría aplicar el sambenito del economista: explica de maravilla por qué no se han cumplido las predicciones que había hecho.
Con tan buena voluntad como soberbia, Sánchez llega tarde y mal. Mal en el fondo y sobre todo en las formas. Es un disparate jurídico el real decreto-ley del domingo 29 publicado casi a medianoche para parar la industria y la construcción horas después, ampliado al día siguiente con una orden y el martes con una nota interpretativa y otra aclaratoria que modificaban de hecho el decreto. Un disparate que sembró el desconcierto entre empresarios y trabajadores y que, el miércoles por la tarde, culminó la Conselleria de Economía con una "nota aclaratoria" que corregía a su vez al Ministerio –una de sus notas tenía un error de bulto– y de paso interpretaba 'a la valenciana' el real decreto-ley y las notas del Gobierno con un nuevo criterio: declaraciones de la ministra Nadia Calviño a los medios de comunicación, para concluir que está permitido el trabajo en cualquier industria de importación y exportación que tenga pedidos que atender o recibir. Es decir, la mayoría. El Gobierno vasco hizo lo propio para paliar los daños en su industria, así que no descartemos que existan 17 notas aclaratorias autonómicas de un real decreto-ley del Gobierno central.
La emergencia sanitaria y el estado de alarma han dado al Gobierno poderes excepcionales para limitar las libertades de los ciudadanos sin controles previos. Puede que el ordeno y mando siga siendo del gusto de muchos españoles que piden adhesión inquebrantable al presidente Sánchez, pero después de cuarenta y cinco años de democracia –más larga ya que la Dictadura– conviene no bajar la guardia. Y no solo sobre Sánchez, también sobre consellers que se toman la libertad de matizar decretos-ley con notas aclaratorias y de cambiar los horarios comerciales saltándose la ley estatal o de alcaldes que dictan normas para el confinamiento aún más duras que las del Gobierno sin tener competencias para ello.
Los controles para evitar tics autoritarios son más importantes que nunca, los del parlamento y los de los medios de comunicación. Es incomprensible que Les Corts se hayan ido de vacaciones, y no es un eufemismo, con la anuencia de PP, Ciudadanos y Vox cuando más falta hacen para supervisar las decisiones del Consell de Puig mientras, en el Congreso, los mismos partidos de la oposición pelean por mantener la actividad con cerca de un millar de preguntas y peticiones de comparecencias –el ministro de Sanidad acude cada semana– y varios debates.
A falta de oposición, en la Comunitat Valenciana, las preguntas las hacemos los periodistas erigidos en este momento en portavoces de una ciudadanía sacudida por una ola de nuevas normas de trazo grueso no siempre acertadas, no siempre adecuadas a la mismidad de cada uno. Puedo constatar que la insistencia de los periodistas ha permitido más de una mejoría en la gestión de la Generalitat, por ejemplo en la comunicación entre enfermos ingresados y sus familiares, a veces para el último adiós.
Preguntas, por cierto, en directo tras haber atendido el Consell las quejas de los profesionales. Si las ruedas de prensa de Sánchez tienen el filtro de su asesor de prensa no es porque la técnica no permita hacerlas en directo, es porque no le da la gana de someterse a una rueda de prensa de verdad.
Uno de los despropósitos legislativos del Gobierno fue el decreto de permiso retribuido recuperable para todos los trabajadores que no puedan trabajar excepto para los funcionarios, que pueden estar en casa sin trabajar y cobrando sin tener que devolver luego esas horas. Este periódico entendió que era un error pero el Ministerio de Trabajo lo confirmó sin atisbo de rectificación. Tanto el presidente Puig como la consellera de función pública, Gabriela Bravo, lo entendieron como una injusticia y trataron de rectificarlo por su cuenta, pero la competencia es estatal.
La consellera de Igualdad, Mónica Oltra, no solo no lo entiende como una desigualdad, sino que afirma, cuando se le pregunta por esos funcionarios sin tareas, que "lo están dando todo". Pues no, no están dando nada, no porque sean unos vagos sino porque no pueden trabajar ni teletrabajar, como millones de personas en el sector privado o el personal laboral de la administración, al que sí se les aplica el permiso retribuido. Bravo puso el ejemplo del personal de Justicia, que cuando vuelva con un previsible atasco en lo social, lo mercantil y lo contencioso no tendrán que devolver las horas no trabajadas. Harán falta refuerzos, que pagaremos entre todos.
Tenemos una consellera de Igualdad que defiende que estos funcionarios sin tareas tienen más derechos que el personal laboral de la mesa de al lado y que los sanitarios que sí están dándolo todo en los hospitales. Eso no es igualdad.
Lo mismo cabe decir de los ERTE en las empresa públicas. Oltra se niega –Puig no– y las pérdidas de esas horas no trabajadas las acabaremos pagando los valencianos a pesar de que el Estado se ha ofrecido a asumir parte del coste laboral. Lo pagaremos con un préstamo del FLA y entonces saldrá la vicepresidenta y portavoz del Consell a quejarse porque el Estado nos presta dinero en lugar de darnos "lo que nos toca".
