CASTELLÓ (EFE). El presidente de los abogados de la Comunitat, Agustín Ferrer, considera que el confinamiento y el parón judicial consiguiente han evidenciado que "es el momento de que se imponga de una vez el expediente digital", y señala que si hubiera existido durante el parón por la covid-19, no tendríamos que sufrir ahora el atasco judicial.
"Si durante la crisis de la covid-19 se hubiera podido teletrabajar en la Administración de Justicia, no nos enfrentaríamos ahora a un atasco como el que se avecina. Pero no ha sido posible porque el expediente electrónico no existe", opina el nuevo presidente del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana, elegido el pasado 8 de mayo en un pleno telemático.
Ferrer, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira (ICA Alzira), es consejero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y árbitro del Consejo Valenciano de Cooperativismo. Ha sido profesor en la Escuela de Práctica Jurídica y el Instituto Valenciano de Seguridad.
“Como los funcionarios no han podido acudir a sus puestos para mover los expedientes físicos, no se ha trabajado en los juzgados. Tenemos un retraso estructural en esta Administración de Justicia, que es la peor y la más lenta. Y con la covid se ha agravado, hemos parado casi totalmente durante dos meses. Y a esto se une que se avecina mucha litigiosidad”, alerta.
En su opinión, "hay que cambiar la manera de trabajar y dotar de medios a la Justicia. No podemos seguir sin expediente electrónico”, añade antes de concretar que no basta con notificaciones a través de Lexnet para que después haya que seguir tramitando los expedientes en papel.
Junto a la digitalización, Ferrer señala, como puntales de apoyo para salir de un atolladero que podría colapsar a la Administración de Justicia como antes se colapsaron los hospitales, otras dos medidas: aumentar los horarios de trabajo de los funcionarios o el personal, con el consiguiente gasto salarial, y el uso de medios alternativos de solución de conflictos, como el arbitraje y la mediación.
Respecto al aumento de los recursos humanos, señala que “sin jueces de refuerzo, sin aumentar el número de los funcionarios o sus horarios, esto no va a salir. Y eso es grave. Desde el punto de vista del rendimiento político a corto plazo, parece que invertir en la Administración de Justicia no tiene la repercusión social buscada".
Y advierte: "Ahora, cuando tengamos que recurrir a los tribunales y veamos que nuestra vista se señala para 2022, nos vamos a acordar de esta falta de medios".
Como posible solución, Ferrer señala a la mediación y al arbitraje: “La ciudadanía debería ver que con estos sistemas se le resuelven los conflictos de manera rápida. El juicio debe ser el último recurso".
Ahora bien, Ferrer opina que es necesario mejorar las leyes e implantar los sistemas de solución alternativa a los conflictos (como son la mediación y el arbitraje) contando con los abogados, que serán los que en la práctica, si confían en estos sistemas, conduzcan por ese tipo de vías a los usuarios de la Justicia.
“La mediación y el arbitraje podrían constituir una solución clarísima y la más barata. Aquí en Valencia el derecho cooperativo funciona bien, el arbitraje ha funcionado mucho, por ejemplo, en materias como el transporte y consumo. ¿Por qué no se generaliza, al igual que la mediación? Porque al diseñar la legislación no se ha contado con la abogacía. Para que funcione algo tienes que contar con los profesionales que son especialistas”, concluye.
