El testaferro uruguayo 'vendió' a Zaplana a la Fiscalía a cambio de inmunidad

VALÈNCIA. Cualquiera que haya presenciado una conferencia de un fiscal Anticorrupción o de un magistrado que ha llevado una causa sobre esta materia ha escuchado la importancia que tienen los arrepentidos. Y bajo esa máxima, el fiscal Anticorrupción de la operación Erial ya tienen quien les cante. La citada operación Erial, que mantiene como imputado por blanqueo al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana tiene no a una, sino a dos gargantas profundas, Beatriz García Paesa y Fernando Washington Belhot, los considerados ingenieros financieros de la trama de blanqueo pero que nada tienen que ver con el robo al erario. 

El fiscal Anticorrupción del caso, Pablo Ponce, tras una hábil maniobra judicial que mantuvo la causa secreta más de dos años y medio y en la que consiguió poner en la picota a Fernando Belhot, uno de los mejores ingenieros financieros del mundo, siempre en el disparadero pero nunca cazado, viajó tanto a Uruguay para verse con Belhot como a Luxemburgo para entrevistarse con García Paesa, y convencer a los ingenieros financieros del exministro de prestar declaración. La contraprestación, algo que la ley permite, ser testigo en el caso en lugar de investigado. 

En el sumario de la causa a la que ha tenido acceso Valencia Plaza consta el acuerdo con Belhot en el que, literalmente, se dice que "en este deseo de colaboración (de Belhot), dado que su actuación ha sido la gestión profesional de fondos y patrimonio de Eduardo Zaplana a través de Miguel Barceló y de Francisco Grau, los cuales le fueron presentados por su mediación, se compromete a realizar una declaración en calidad de testigo por videoconferencia, para relatar con detalle los extremos de la gestión patrimonial efectuada, poniendo a disposición de las autoridades españolas el patrimonio oculto en el extranjero de las indicadas Personas, que asciende en metálico a 6,7 millones de euros y a 3,3 millones de euros en diferentes inversiones".

A cambio, "el representante del Ministerio Fiscal español realizará las gestiones necesarias para que dicha declaración en calidad de testigo se realice de la manera más rápida posible, así como la obtención del metálico dinero que se encuentra oculto en el extranjero. Asimismo, el representante del Ministerio Fiscal se compromete a que el señor Belhot declarará en calidad de testigo en España, para la ratificación en el plenario de la declaración que preste inicialmente por videoconferencia".

Dentro del acuerdo hay un punto que es especialmente llamativo, y es el que hace referencia a que la declaración se realizará por videoconferencia en Uruguay "para evitar cualquier tipo de presión o intento de influencia por parte de las personas involucradas en los hechos que relatará". El ímprobo trabajo realizado por Ponce ha tenido un final feliz para los investigadores, ya que ambos testaferros 'vendieron' a Zaplana, dejando a los pies de los caballos, judicialmente hablando, a todos los involucrados en la causa, especialmente al expresidente de la Generalitat y exministro.

'Caso Erial'

El expresidente valenciano y exministro de Trabajo fue detenido el pasado 22 de mayo a la salida de su domicilio en València. Según sospechan los investigadores, Zaplana, y los que la Policía considera sus testaferros, Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están implicados en diferente medida en delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.

En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003. La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastreaban el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.