Esta semana el Rey Felipe VI ha presidido el consejo de ministros que es como ser el árbitro de un partido de futbol, jueces de línea incluidos. Un trámite institucional puesto que el Jefe del Estado no puede intervenir ni participar en las decisiones del mismo, aunque sean machar a impuestos a sus súbditos
La semana donde muchos ya empiezan a pensar en el carnaval y los valencianos olemos la pólvora y pensamos en que las Fallas se acercan un año más, la política nacional nos vuelve a sacar temas que sólo tienen como objetivo molestar, incordiar, recortar derechos individuales y saciar ese mantra típico del socialismo y comunismo que se resume en algo así como “venimos a coger el dinero de los ricos para ayudar a los pobres”. La realidad es, venimos a coger el dinero de la mayoría de los ciudadanos (que obviamente no son ricos) para colocar a nuestros amigos y comprarnos casas en las afueras. Algo muy humano pero que han dicho mil y una veces que ellos no lo harían, y sí lo hacen y de qué manera.
La noticia que pretenden colocar en medios como la gran acción gubernamental, relativa al denominado pin parental en la comunidad de Murcia, tiene varias lecturas y ninguna a favor de la libertad y la democracia. Fundamentalmente, es un ejemplo claro de judicialización de la vida política, eso que tanto critican cuando un partido que no es nacionalista, socialista o comunista (los -istas) se presenta ante los tribunales para buscar el razonable amparo de la justicia en una sociedad democrática. Sin ir más lejos, las acciones legales emprendidas por miembros de Vox en el asunto de la independencia de Cataluña, esta sí que es una cuestión de gravedad capital para la unidad de la nación española y el normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.
La cuestión de fondo nunca nos la quieren contar y mucho menos aclarar, porque es más fácil mantener los titulares y jugar con la habitual confusión con la que solemos comunicarnos las noticias unos a otros. El asunto que afecta al derecho que tienen los padres a opinar sobre la educación extracurricular de sus hijos, es decir, sobre las actividades extraescolares que se ofertan en cualquier centro, es algo que supera el sentido común, es simplemente elemental. ¿Cómo no va a poder decidir un padre sobre un hijo menor de edad si realiza un taller de educación sexual o de manejo de armas? Claro, si fuera de esto segundo los mismos que hablan de “libertad” (la suya), dirían que es intolerable que los padres no tengan el derecho y la capacidad de decidir qué se les enseña a sus hijos fuera del horario escolar. Eso se llama doble moral.
El asunto cobró notoriedad la semana que saltó la escandalosa y bochornosa noticia de que la nueva Fiscal General del Estado era la exministra Delgado, protagonista de conversaciones vejatorias con el siniestro Villarejo. Se utilizó una noticia absurda para tapar la verdaderamente grave, el descarado nepotismo desde el primer momento, la altivez para colocar a los suyos (los de Sánchez) en puestos clave no sólo del gobierno, sino de la judicatura, elemento clave para el cambio de régimen silencioso. Todo gobierno con ínfulas de eternizarse necesita una justicia corrompida y de parte que no le ponga en apuros. Y todo esto se diluyó mientras se hablaba de que, en Murcia, bendita tierra, desde septiembre, no desde febrero, los padres tenían la necesaria libertad para elegir, frente a la obsesión de los -istas por decirte cómo tienes que pensar, cómo debes actuar y hasta cómo tienes que mantener las relaciones más íntimas.
El pin es una excusa más para aniquilar la libertad y deslegitimar el ejercicio del gobierno de los partidos que no les gustan, pero además ahora nos anuncian la llamada tasa Google y la tasa Tobin, ambas vuelven a girar en la falacia que mencionaba al inicio, “somos buenos y queremos que los ricos paguen más”, y la realidad es que en una economía de mercado estas medidas suelen traducirse en desconfianza y huida de capital extranjero con el consecuente empobrecimiento de la sociedad, y luego a anunciar subidas del SMI y a fomentar las prestaciones sociales. El cúmulo del despropósito.