Foto: EDUARDO PARRA/EPEn 1997, después de 15 años y cuatro juicios, el Tribunal Supremo condenó a una multa por imprudencia leve –es decir, por una falta y no un delito– a un ingeniero que hizo lo que pudo durante todo el día 20 de octubre de 1982 para evitar el desmoronamiento de la presa de Tous. Hizo lo que pudo y lo que supo, lo que no le evitó ser cabeza de turco en una sentencia que necesitaba un funcionario culpable para que el Estado se hiciera cargo de las indemnizaciones a miles de familias abandonadas por el Gobierno de Felipe González. Un año antes, en 1996, el Supremo había condenado también por imprudencia leve a un funcionario para que los afectados por la intoxicación con aceite de colza desnaturalizado en 1981 pudiese cobrar del Estado después de una no menos larga lucha en los tribunales.
Es habitual que cuando ocurre una catástrofe la gente y los medios de comunicación busquen un culpable en la Administración. Ocurrió en los dos casos citados, en el accidente de metro de València, en el del Alvia… A veces hay algo que se hizo rematadamente mal y siempre hay cosas que se pudieron hacer mejor, pero en ningún caso hay dolo por parte de los señalados. Dos características más se repiten en estos casos: el desprecio de los gobiernos a los afectados que piden justicia, que parece que les molesten, y el hecho que los condenados, de haberlos, no suelen ser los políticos sino los técnicos.
Solo a la vista de esos antecedentes veo algún recorrido judicial a la denuncia por la manifestación del 8M en Madrid, que no me parece un error especialmente importante en la gestión de Pedro Sánchez y los técnicos tras los que se escuda. El otro día me preguntaba un amigo en qué creía que se había equivocado el Gobierno y se me ocurrieron unos cuantos ítems, que paso a desarrollar aquí brevemente con tres consideraciones previas: lo ha hecho lo mejor que ha sabido; no toda la responsabilidad es del Ejecutivo central, también de las Comunidades Autónomas, y en algunos casos ha aprendido de sus errores y los ha corregido.
La centralización de las compras. Probablemente, el error más grande de Salvador Illa y el que más contagios y vidas ha costado, mucho más que el 8M. La centralización de las compras de material de protección el 10 de marzo y la orden, cuatro días después, que permitía al Gobierno la confiscación de mascarillas, guantes, gafas o geles paralizó una semana el mercado de estos productos, hasta que el ministro se dio cuenta del error y emitió una de sus "notas interpretativas" para aclarar que cada uno podía comprar lo que quisiese. Esta parálisis unida a la falta de test PCR no solo dejó desprotegido al personal de los hospitales y situó a España como el país con más sanitarios infectados, sino que cortó el suministro a residencias de mayores, funerarias y empresas de limpieza, cuyos trabajadores también tuvieron que jugarse la vida sin la debida protección.
Los datos. El desbarajuste de datos oficiales de positivos, curados y fallecidos no solo causa "estupor", como apuntaba el otro día Fernando Simón, causa bochorno. La prensa extranjera nos saca los colores y prestigiosos organismos nacionales e internacionales expertos en estadística han tirado la toalla –los primeros fueron los matemáticos de la Politécnica– ante la falta de rigor de un ministerio incapaz de coordinar a las Comunidades Autónomas después de más de tres meses. Cabe preguntarse si el luto oficial más largo de la historia reciente de España lo ha sido por los 27.000 muertos oficiales o por los más de 43.000 que apuntan, por separado, el Instituto Carlos III en el informe MoMo, el Instituto Nacional de Estadística y la asociación nacional de funerarias. Con todo, lo peor no es el descrédito para Simón y su equipo, sino que estas cifras son la base para decidir sobre las fases del desconfinamiento, es decir, sobre nuestra libertad de circulación.
Las residencias de ancianos. Lo han contado algunos testigos e irá conociéndose con el tiempo la magnitud de la ignominia: se ha dejado morir a ancianos en absoluta soledad y sin derecho a asistencia sanitaria porque no había sitio para ellos. Y no ha sido Pablo Iglesias, pues son las Comunidades Autónomas las responsables de la asistencia sanitaria a los residentes. Decía el otro día Adela Cortina en la Comisión de Reconstrucción del Ayuntamiento de València que "una sociedad que desprecia a sus mayores demuestra una calidad ética de grado cero", y que cuando no se protege a los más vulnerables "estamos demostrando que somos absolutamente inmorales". Nada más que añadir.
Falta de colaboración entre CCAA. A la deficiente coordinación, por parte del Gobierno, de las 17 administraciones sanitarias autonómicas hay que añadir que estas han funcionado como minipaíses, lidiando cada una con sus problemas y en ocasiones despreciando la colaboración del Estado y de otras autonomías. El 8 de abril, Renfe puso a disposición de todas ellas tres trenes medicalizados para trasladar pacientes a hospitales de otras CCAA. Nadie los utilizó. Se enviaron cadáveres a incinerar desde Madrid a Murcia o Asturias, pero, salvo algunas excepciones entre hospitales de provincias colindantes, no se derivaron pacientes fuera de regiones en las que estaba muriendo gente por falta de respiradores o espacio en UCI. La decisión no fue del ministerio, que puso los medios, fue de las CCAA.
Falta de diálogo. El Gobierno asumió el mando único de la peor manera. Entendió que significaba ‘ordeno y mando’ sin preguntar, sin hablar con los afectados, y se lanzó a dictar decretos y órdenes ministeriales que tuvo que rectificar con frecuencia porque contenían errores, eran absurdas o contradictorias. Disposiciones que en muchas ocasiones eran anunciadas por sorpresa, sin que los afectados supieran nada, por Sánchez o Illa en televisión o en disposiciones en el BOE cerca de la medianoche. Esto irritó a sus interlocutores –CCAA, patronal, sindicatos o asociaciones profesionales– con los que se reunía a posteriori para ver qué les parecía y apuntar cosas que rectificar. Este ha sido uno de los errores que con el tiempo se ha ido corrigiendo hasta llegar a la llamada "cogobernanza" con las CCAA, lo que ha rebajado la tensión.
Falta de transparencia. A diferencia de lo anterior, aquí no ha habido mejora. El ánimo propagandístico del Gobierno a mayor gloria de Sánchez no se ha rebajado un ápice, en perjuicio del derecho de los ciudadanos a conocer los detalles de la gestión. Me remito a El Billete del pasado 24 de mayo.
Para terminar con buen sabor de boca, dos aciertos muy importantes (sin ánimo de ser exhaustivo):
Los ERTE. La decisión en el primer momento de la crisis de articular los llamados "ERTE por fuerza mayor" ha salvado del cierre a muchas empresas y ha permitido a más de tres millones de trabajadores seguir cobrando pese a no poder acudir a su puesto de trabajo. La medida se ha ido amoldando a las circunstancias. Que el dinero no haya llegado a tiempo a todo el mundo por culpa de la burocracia no resta mérito a quien tuvo la idea.
El Ingreso Mínimo Vital. Parafraseando a Adela Cortina, una sociedad que desprecia a los más necesitados también demuestra una calidad ética de grado cero. Quienes están preocupados por la identidad, el origen o la raza de los beneficiarios deberían leer a Cortina en un excelente ensayo donde trata este asunto: Aporofobia, el rechazo al pobre.
