Faltan independientes y sobran independentistas

Hay algunos enunciados, titulares, frases hechas o mantras que no por repetidos son reales o entendidos por la sociedad. Posiblemente la mayoría de personas asumen, por haberlo escuchado repetidamente, que en España hay separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. De la misma forma que muchos recordarán aquella famosa y archirrepetida expresión atribuida al otrora todopoderoso vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra a mediados de los 80: “Montesquieu ha muerto”; la cual se produjo tras la reforma de la Ley del Poder Judicial a manos del PSOE, partido que acusaba de corporativismo al órgano de gobierno de los jueces. Ahí empezó la politización de la justicia, al ser los diputados quienes elegían a los miembros del CGPJ.  

La polémica relativa a las condiciones en las que trabajan los miembros de la carrera jurídica en España, así como sobre las decisiones que toman tiene un importante mar de fondo en los últimos tiempos que es el proceso de independencia promovido por los políticos catalanes desde las instituciones. Porque pese a la confusa situación sobre las decisiones contradictorias sobre quién debía pagar el llamado impuesto de las hipotecas, el resto de situaciones que generan debate y tensión política en relación a las decisiones judiciales, tiene que ver con la perversa intención del nacionalismo de presionar para que no se les apliquen las leyes que rigen la vida de los españoles, porque ellos son especiales o al menos así se consideran.

La semana pasada el juez Pablo Llarena sufrió un nuevo ataque –recordemos que hace unos meses tuvo que salir de un restaurante escoltado– cuando un grupo independentista manchó con botes de pintura el portal de su casa. Este juez se ha convertido sin pretenderlo ni buscarlo en una especie de héroe para la España democrática y en el blanco de los ataques del nacionalismo radical y violento. Lo cual es sumamente grave pues el juez sólo aplica las leyes que el poder legislativo produce, no son los jueces quienes crean las leyes sino quienes las aplican, parece obvio pero a muchos les cuesta bastante de entender.

Si la figura del juez Llarena ya nos denotaba la de alguien valiente e independiente, una persona que mantiene un criterio profesional en un ambiente tremendamente enrarecido y dado a los sentimentalismos y la manipulación, no sólo por parte de los políticos interesados sino también con la ayuda y connivencia de muchos medios de comunicación. Ayer mismo descubrimos a otro miembro de la carrera judicial, Manuel Marchena que, como muchos otros desde su anonimato, defendió la libertad y la independencia judicial de manera brillante a través de un comunicado que sirvió no sólo para recordar la dignidad de estos funcionarios públicos, sino especialmente para descubrir las vergüenzas de los cambalaches de los partidos políticos.

El señor Marchena recordó en ese comunicado que “jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”. Esto es lo que debe agradar y tranquilizar a la inmensa mayoría de españoles, a esa mayoría silenciosa que suele cumplir y respetar con las normas que rigen nuestra vida y debe preocupar no sólo a los políticos independentistas sino a los que pretenden influir y malograr las decisiones judiciales para lograr los apoyos indignos de representantes públicos que declaran una y otra vez su intención de romper la unidad de la nación, principalmente destruyendo las instituciones que mejor simbolizan dicha unidad, como son la justicia y la seguridad.

En medio de esta crisis que más que institucional es política y que vuelve a poner en tela de juicio la catadura moral de nuestros líderes, los jueces y fiscales convocaron una jornada de huelga y protestaron con respeto y educación, como es lógico y sin crear problemas y perjuicios a la ciudadanía, como suelen hacer otros colectivos infinitamente más irrelevantes para el funcionamiento de un estado democrático y de derecho. Más plazas para reforzar la Justicia en España, más independencia en los órganos de gobierno de la misma y menos políticos trileros y por supuesto menos independentistas dispuestos a truncar la democracia española. Ese es mi deseo.