Interior de Feria Valencia. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Cuenta atrás para la supervivencia de Feria Valencia. El recinto ferial, que arrastra una millonaria deuda derivada de su ampliación que de momento ya le ha costado casi 500 millones a la Generalitat por su condición de avalista, entrará en causa de disolución este mismo año si no resuelve su desequilibrio patrimonial.
La crisis del coronavirus ha situado a Feria Valencia a las puertas de necesitar una inyección de liquidez para poder terminar el año si no consigue reactivar su actividad normal en septiembre. Este hecho no ha hecho sino agravar aún más la delicada situación financiera y patrimonial de la institución, hasta el punto de comprometer su viabilidad.
Según expuso el pasado jueves la representante de la Generalitat en el comité ejecutivo del recinto ferial, María José Mira, ese hecho obliga a la Generalitat y al Ayuntamiento de València, en calidad de patronos, a aportar fondos para restablecer el equilibrio patrimonial o buscar una alternativa que evite tener que seguir enterrando recursos públicos para escapar de la liquidación.
El Consell del Botànic diseñó hace casi cuatro años un plan para resolver unos problemas estructurales que forman parte de lo que considera "ruina en diferido" heredada del PP que, pese al tiempo transcurrido, aún no ha podido ejecutar. Ese plan consiste básicamente en subrogarse la deuda financiera del recinto, una deuda que la Generalitat ya paga de facto desde hace años, y renovar el modelo de explotación del negocio.
La primera parte, la de la deuda, está próxima a concretarse. La Conselleria de Hacienda encarriló el asunto a principios de este año al cerrar un pacto con los titulares de las obligaciones emitidas en su momento para financiar las obras. La subrogación, aprobada por Les Corts a principios del año pasado, está pendiente solo de que el patronato se reúna para ratificar ese proceso de reestructuración, especialmente en la parte de la deuda.
Pero desde el momento en el que la Generalitat se subrogue la deuda de las obras el recinto ferial dejará de percibir la subvenciones que cada año le ha venido dando la Generalitat para que pueda pagar los créditos del plan de financiación de esa ampliación.
Hasta ahora, esas subvenciones le han permitido mantener una situación patrimonial irreal, porque los ingresos propios de la actividad ferial no alcanzan para cubrir sus gastos operativos y la amortización de sus pabellones.
De hecho, Feria Valencia, cuyo principal salón anual es Cevisama, la feria de la cerámica y mueble de baño, presenta fondos propios negativos desde 2015 como consecuencia del registro de pérdidas en ejercicios anteriores. El recinto, el segundo más grande de España con una superficie de 250.000 metros cuadrados, adolece de un exceso de capacidad que no se corresponde con su cifra de negocio y ocupación real, pero la cuenta de resultados no refleja la situación real precisamente por la subvención que recibe de la Generalitat.
La situación patrimonial límite en la que se encuentra obliga por tanto a la Generalitat, y sobre todo al Ayuntamiento, a maniobrar con rapidez. Según explican fuentes conocedoras de la negociación, el alcalde de València y presidente del patronato, Joan Ribó, ha accedido finalmente a transmitir a la Generalitat la titularidad de la concesión y de los inmuebles que forman el recinto.
De esa manera, la Generalitat podría mantener la concesión actual a favor de Feria Valencia, que conservaría el derecho a ocupar y explotar el recinto ferial hasta 2051, año en el que expira la concesión y momento en el que la propiedad de los edificios revertiría en la Generalitat, no en el Ayuntamiento.
En realidad, se trata del mismo acuerdo que las dos administraciones ya esbozaron en abril del año pasado, una suerte de dación en pago que permite a la administración autonómica resarcirse del coste público asumido con la deuda.
Sin embargo, el Ayuntamiento se descolgó posteriormente de ese pacto, adelantado por Valencia Plaza, y dio marcha atrás aduciendo problemas "jurídicos". La operación ha estado enquistada durante meses, hasta que la irrupción de la covid-19 y la cuenta atrás para resolver el desequilibrio patrimonial que se va a producir antes de que acabe este año.
La Generalitat ya asume desde hace años el pago de los préstamos de la ampliación. A 31 de marzo de este año, la Generalitat ya ha tenido que desembolsar 485,9 millones de euros para atender los vencimientos. Pero hasta el vencimiento de toda la deuda en 2027 tendrá que asumir otros 528,5 millones entre vencimientos de principal e intereses. En total, la factura para la Generalitat supera los 1.014 millones.
