VALÈNCIA. La investigación del Caso Azud se coló este jueves en la pregunta de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, por parte de Compromís. El 'encargado' de sacarlo a relucir fue el síndic de la coalición valencianista, Fran Ferri. Pero eso sí, solo en lo que afecta al Partido Popular y la etapa de Rita Barberá, pues no hizo referencia en toda su intervención a que el último caso de corrupción en la Comunitat Valenciana también salpica a sus socios de Gobierno, el PSPV.
El portavoz de Compromís quiso recordar el décimo aniversario del 15M para justificar que la indignación que acampó en aquel momento en las plazas de pueblos y ciudades sigue hoy en día "más vigente que nunca". "Se proclamaba que no había pan para tanto chorizo y día tras día comprobamos la razón que hay en esa frase. ¡Cuánta corrupción hemos vivido en esta tierra!", exclamó.
Una queja tras la que protestó por la corrupción "de consellers del PP, de presidentes de diputaciones, de presidentes de la Generalitat que han acabado en la cárcel o que están siendo investigados", pero también por la que afecta al Ayuntamiento de València en particular "durante la etapa del Partido Popular y la que lamentablemente estamos conociendo estos días". "Algunos aún se sienten tentados de sacar pecho de aquel modelo e incluso recientemente hemos sabido que la portavoz popular -en el consistorio- María José Catalá ha fichado a la sobrina de la exalcaldesa, que está investigada por esta red de adjudicaciones y corrupción", acusó.
Una intervención que en definitiva le sirvió para atizar al PP por el caso Azud pero en la que, sin embargo, no mencionó siquiera la detención de Rafa Rubio, subdelegado del Gobierno hasta el día de su ingreso en prisión, ni de Pepe Cataluña, otro histórico del partido implicado también en la operación. Como tampoco dijo ni una palabra de la detención de José Luis Vera, responsable de servicios jurídicos de Divalterra y prevención de riesgos penales al que varios representantes del Consejo de Administración vinculados al PSPV -socio de Compromís en el Botànic-, decidieron mantener en todas sus funciones en la empresa dependiente de la Diputación de Valencia que preside el socialista Toni Gaspar.
Desde la bancada del PP le recordaron a Ferri el nombre de Rubio, único momento en el que el síndic de Compromís añadió que en el citado caso "se compró a la oposición". Pero en todo momento, sorteó mentar al PSPV o a cargos socialistas, como sí hizo por contra con Barberá. "El mejor homenaje que podemos hacerle al 15M es seguir luchando contra la avaricia y las injusticias. Pero no se puede borrar tanta vergüenza como el que hemos pasado. Cuando hablamos de corrupción no podemos poner puertas al campo", concluyó el portavoz valencianista.
A pesar del 'olvido' que sufrió del síndic, cabe apuntar que la investigación del caso Azud, en el que está imputado el exresponsable de Finanzas del PSPV Pepe Cataluña, suspendido ya cautelarmente de militancia, mantiene como hipótesis de trabajo que parte de los fondos supuestamente pagados en ayuntamientos de la Comunitat por el constructor Jaime María Febrer podría haber servido para financiación de este partido.
En esta causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible pago, por parte del constructor Febrer, de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València y en otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. Una investigación que ha provocado una seria preocupación en el seno de la coalición valencianista, si bien en los últimos días esta ha actuado con tibieza a la hora de pronunciarse sobre su socio de Gobierno.
Por su parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, centró su respuesta a la 'pregunta' de Ferri en el dinero que ha recuperado la Comunitat por los casos de corrupción. El jefe del Consell detalló que se han recuperado 7 millones de euros robados por tramas corruptas, que podrían verse incrementado hasta los 10 millones de euros tras la última sentencia de la Audiencia Nacional por la pieza de la pantallas de la visita del papa. Asimismo destacó que un reciente informe de la Unión Europea ha puesto a la Comunitat Valenciana como "ejemplo" en la lucha contra las prácticas corruptas y que el Consell ha reforzado el control y transparencia en la Administración.
La jornada de este jueves también sirvió para que la nueva síndica del PP, Eva Ortiz, se estrenara como tal. Una jornada en la que aprovechó para cuestionar los datos del paro en la Comunitat y a los que el jefe del Consell contestó, emulando al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, con el ritmo de vacunación.
Recordó que se ha finalizado la vacunación de todas las personas mayores de 80 años, que el 65% del grupo etario de 70 años también tiene la pauta completa y la semana que viene se terminará de administrar al menos la primera dosis a todos los mayores de 60 años, mientras que esta semana se ha comenzado con los de 50 años -proceso que se completará el 15 de junio- y dos días después se iniciará con los 40 años. Además, concluyó que la vacunación de mayores de 30 años en comenzará en el mes de julio y subrayó que el proceso de vacunación "no se interrumpirá ni en julio ni en agosto" en la autonomía. "La próxima vez le preguntaré por vacunas, a ver si así me contesta algo sobre el paro", zanjó la portavoz del PP.
Por su parte, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, reclamó a Puig que baje los impuestos para no convertir la Comunitat en un "referente autonómico en asfixia fiscal" e instó a recortar gasto en la Administración. "Las regiones con menor presión fiscal generan más competitividad, atraen más inversión, crecen más, retienen más talento y, en consecuencia, tienen menos paro", manifestó la portavoz naranja.
El jefe del Consell le recordó que en la Comunitat Valenciana hay 22.162 personas que tienen un patrimonio de 67.000 millones en total y que son los únicos que pagaron el Impuesto de Patrimonio, el 0,9% de los contribuyentes. Y respecto al de Sucesiones, sostuvo que "en 2020 hubo 166.493 herederos, de los que el 87,6% no pagó nada; 20.627 herederos pagaron algo, al menos 1 euro y solo el 3,8% del total de herederos (6.293) paga más de 5.000 euros". En cualquier caso, Puig abogó por acelerar la reforma de impuestos como el de Patrimonio para el que, deslizó que quizá se podría hacer "un impuesto único en el que quienes tienen más coticen de otra manera".
