Gerardo Camps. Foto: INMA CABALLER/CORTSVALÈNCIA. El error presuntamente cometido por el secretario judicial del Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón, que citó de forma ordinaria como investigado al diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados Gerardo Camps, ya tiene respuesta por parte de su abogado. En un duro escrito presentado ante el juzgado este lunes, el letrado del político pide la nulidad de la citación de Camps "por falta de jurisdicción" en la causa que investiga los patrocinios de Aerocas, así como su posterior archivo.
En el escrito, al que ha tenido acceso Castellón Plaza, el abogado tacha "de radical nulidad la cédula de citación recibida" y, por ende, la resolución que en su caso promueva dicha citación por "evidente falta de jurisdicción competencial". El abogado hace referencia a que la magistrada del caso no puede obligar a declarar a Camps, ya que este tiene la condición de aforado en el Tribunal Supremo. De hecho, la única vía que podría utilizar es la de pedirle que declare presencialmente o por escrito si él así lo cree oportuno, algo que la juez hizo en su providencia pero que después el letrado de la Administración de Justicia obvió, ya que le citó como al resto de investigados con apercibimiento incluido de detención si no acudía.
Por ello le recuerda el abogado a la magistrada que cualquier decisión del juzgado "en los términos expresados en la adjunta cédula, será, a la fecha, contraria a la decisión del Tribunal Supremo (archivó la causa contra Camps) y, por tanto, conculcatorio de la disposición acordada por este".
El abogado de Gerardo Camps también pide en su escrito al juzgado que por todo ello se dicte un auto de nulidad y "se proceda al archivo". En previsión de que la juez decida no archivar, el letrado solicita personarse y reclama "su derecho al examen de la causa, interesando copia de la misma", ya que fuentes cercanas al diputado aseguran que no podrá tomar ninguna decisión si antes su abogado no ha podido leer el sumario.
Gerardo Camps fue citado a declarar el pasado 21 de enero como investigado junto al exvicepresidente de la Generalitat, el castellonense Vicente Rambla, al portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de València Eusebio Monzó y al resto de miembros del Consejo de Administración de la sociedad pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas), entre ellos los exvicepresidentes de la Diputación provincial Francisco Martínez y Vicent Aparici, en relación con los patrocinios contratados con la empresa MotorSport69 SL, del expiloto de motociclismo Álex Debón, que podrían haber tenido como contrapartida el pago de comisiones. En esta causa también está imputado el expresidente de la corporación castellonense Carlos Fabra.
El primer juez que llevó la causa hizo un escrito al Supremo pidiendo la imputación por un delito de cohecho del exconseller de Economía y Hacienda Gerardo Camps. En su escrito, el magistrado expuso que Carlos Fabra le hizo un préstamo a Álex Debón de 175.000 euros, pero que después Aerocas pagó en patrocinios entre 2009 y 2014 más de 3.653.000 euros a la empresa del piloto, de los cuales MotorSport69 devolvió a las cuentas personales de Fabra 563.000 euros en siete pagos. Pagos cuya devolución no consta y que serían las presuntas mordidas.
En su relato al Alto Tribunal, se explicaba que la entidad patrocinadora del aeropuerto de Castellón se constituyó en el año 2002 a través de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV). El 50 por ciento era de la Diputación de Castellón y el otro 50 de la Generalitat, pero poco a poco la Generalitat fue aumentando su participación con ampliaciones de capital hasta tener el 99 por ciento.
En referencia a los patrocinios, se decía que la Sindicatura de Comptes detalló incumplimientos en la normativa de patrocinios que nunca se comunicaron a la junta de contratación de la Generalitat. Y apostillaba que el consejo de administración de Aerocas, del que formaban parte Gerardo Camps y el resto de investigados, "tomaba las decisiones de forma colegiada" y sus miembros eran "conocedores de los contratos con Debón", que ratificaron "de forma unánime". Explicaba el magistrado que Camps "habría tenido intervención directa y decisiva" y que la Fiscalía también lo veía así, lo que motivó la inhibición en el Tribunal Supremo.
Pero el Alto Tribunal no lo vio tan claro y le contestó al juez que "se describen los hechos investigados, pero no se mencionan en la misma los concretos indicios de criminalidad existentes contra Gerardo Camps", por lo que le instó a continuar investigando y, si así lo consideraba tras las nuevas indagaciones, enviar una nueva solicitud de imputación más argumentada.
