Júlia Company, directora general del Ivace. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Cualquier excusa parece buena para que la Conselleria de Economía, controlada por Compromís, y la de Hacienda, en manos del PSPV, reaviven su complicada coexistencia dentro del Consell del Botànic. La última muestra ha sido la anulación, forzada por parte del departamento que encabeza Vicent Soler, de la adjudicación de un contrato del Ivace licitado sin permiso de la dirección General de Patrimonio. Las dos conselleries se cruzan la responsabilidad sobre los motivos, pero la consecuencia de esta marcha atrás es que la instalación de placas solares en los edificios de la Generalitat, que lleva al menos tres años pendiente, se retrasará todavía más.
El asunto colea desde la legislatura pasada. A finales de 2016, el Consell aprobó el Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento de las energías renovables y el autoconsumo en los edificios, infraestructuras y equipamientos del sector público de la Generalitat. En línea con ese proyecto, que fijaba como "objetivo prioritario" la consecución del autoconsumo de la propia administración, se proyectó la instalación de paneles solares fotovoltaicos sobre las torres que integran la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre de València, el principal complejo administrativo de la Generalitat conocido como CA90.
Según explica a Valencia Plaza la conselleria de Economía Sostenible, el proyecto para ejecutar esa instalación se ha preparado desde entonces a través del Ivace "y en coordinación con la Dirección General de Patrimonio", dependiente de Hacienda.
LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN EL PRINCIPAL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE LA GENERALITAT SE REMONTA A 2016
Economía sostiene que todo el proceso se ha realizado "de forma consensuada" con Patrimonio, "que se ha mostrado de acuerdo en todo momento con el proyecto". El diseño final de la instalación se alcanzó tras superar diferentes fases de estudio y propuestas, desde la viabilidad de la instalación, el estudio de alternativas o las reuniones con Ayuntamiento de València y el arquitecto del CA90 hasta la definición de la potencia a instalar o el sistema de evacuación de la energía eléctrica generada.
Esos trámites se dilataron durante dos años. En diciembre de 2018, los anteriores responsables de la Dirección General de Patrimonio certificaron la viabilidad y, seis meses después, en mayo de este año, la entidad que dirige Júlia Company –mano derecha del conseller Climent– envió un borrador del preceptivo convenio entre el propio Ivace y la Conselleria de Hacienda.
Desde entonces, según Economía, el plan ha estado durmiendo el sueño de los justos. En ese periodo, la Dirección General de Patrimonio cambió de manos para depender de su actual responsable, Isabel Castelló, que es quien ha obligado al Ivace a anular la licitación del contrato, estimado en más ca 927.000 euros.
Según Hacienda, el Ivace se ha precipitado al iniciar el proceso administrativo sin el convenio definitivo entre el Ivace y Patrimonio, pero Economía considera que este departamento ha estado seis meses sin dar salida a un asunto que, según su relato, ya estaba totalmente consensuado.
Se trata de una muestra más de una lista de desencuentros entre socialistas y altos cargos de la coalición en el que destacan grandes asuntos que van desde las distintas visiones sobre la libertad horaria del comercio o el modelo de gestión de Feria València a polémicas más recientes como la ampliación del Puerto de València o el control de las políticas de Innovación. Una relación de facturas pendientes entre socios que ya afecta incluso a la tramitación administrativa ordinaria, como en este caso.
La ausencia de ese convenio, que regula la relación de la Generalitat con el promotor de la instalación una vez instalados los paneles, llevó a Rafael Climent a tener que desistir de la tramitación del expediente en una resolución dictada el mismo día en el que se publicó el concurso y en la que el conseller aludía a la concurrencia de causas que podían "afectar a la normal ejecución de las obras".
El Ivace inició el procedimiento administrativo al entender que la previa firma del convenio definitivo no era necesaria para ello y "con la finalidad de no demorar más la iniciación". Hasta entonces, defiende, no había recibido "ningún tipo de oposición al convenio ni a la ejecución del proyecto" desde la Conselleria de Hacienda.
"Esta actuación por parte del Ivace se basa en el principio de buena fe entre las partes y de colaboración y coordinación entre Administraciones Públicas", argumenta la Conselleria de Economía. "En la actualidad, se han recibido instrucciones por parte de la DG de Patrimonio deparalizar la licitación, al no estar firmado el convenio, sin que haya comunicación oficial al Ivace de los motivos por los que todavía no se ha firmado el convenio", aseguran las mismas fuentes.
