FOTO: EUROPA PRESSLa Administración Central insta al Consell a tramitar la firma con carácter de urgencia para que los recursos puedan comenzar a transferirse cuanto antes
VALÈNCIA. El Ministerio de Hacienda ha remitido a las Comunidades Autónomas los convenios que regulan la colaboración entre la Administración Central y cada una de ellas para poner en marcha las ayudas directas que el Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo para los autónomos y las empresas de los sectores económicos más afectados por la pandemia.
Las CCAA tienen que firmar estos convenios para poder comenzar a disponer de los recursos que a cada una de ellas le corresponden de los 7.000 millones de euros que el Gobierno ha aprobado para destinarlos a inyecciones directas al tejido productivo. Según ha informado la delegada del Gobierno, Gloria Calero, a la Comunitat Valenciana le corresponde 647 millones, la sexta autonomía que más recibe.
El reparto de estos 7.000 millones de euros con que está dotada la Linea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas deja a Canarias como la principal receptora de estas ayudas, con 1.144,3 millones de euros, seguida de cerca por Andalucía, con 1.109,2 millones, y Cataluña, con 993,2 millones, lo que supone que estas tres autonomías recibirán el 46,38% de estas ayudas, mientras que la Comunidad de Madrid se sitúa en el quinto lugar de este reparto y recibirá 679,28 millones, un 9,7% del total.
De este modo, Canarias, Andalucía y Cataluña son las principales receptoras, seguidas por Baleares (855,74 millones de euros); Comunidad de Madrid (679,29 millones); Comunidad Valenciana (647,081 millones); Galicia (234,47 millones); Castilla y León (233,56 millones); País Vasco (217,99 millones); Castilla-La Mancha (206,34 millones); Murcia (142.52 millones) Aragón (141,34 millones); Asturias (107,76 millones); Extremadura (106,46 millones); Navarra (67,62 millones); Cantabria (55,36 millones); La Rioja (32,51 millones); Ceuta (13,85 millones) y Melilla (12,271 millones).
Según ha informado el Gabinete de María Jesús Montero en una nota de prensa, recogida por Europa Press, las autonomías de régimen común tienen que firmar estos convenios para poder comenzar a disponer de los recursos que a cada una de ellas le corresponden de este fondo de 7.000 millones de euros.
Con el decreto, que aún está tramitándose como proyecto de ley, las dos órdenes ministeriales y los convenios que las CCAA ya tienen en su poder, a falta de que los Ejecutivos autonómicos firmen estos últimos documentos, ya se estaría en condiciones de comenzar a desplegar las ayudas directas.
Según se establece en el decreto, Hacienda transferirá los recursos que corresponden a cada autonomía en un plazo máximo de diez días desde la firma del convenio, salvo que las Comunidades soliciten que el libramiento se haga en un momento posterior.
No obstante, el Ministerio de María Jesús Montero pide a los gobiernos autonómicos que inicien a la mayor brevedad los trámites necesarios para proceder a la firma y, además, les invita a valorar la posibilidad de tramitar esa rúbrica con carácter de urgencia.
El texto del convenio ya está adaptado a la perspectiva de que un cambio normativo permita a las CCAA ampliar los sectores beneficiarios e incluir también como potenciales receptoras de las ayudas a las compañías afectadas por la quiebra de Thomas Cook.
Los convenios que se suscribirán entre la Administración Central y cada una de las CCAA regulan cuestiones relativas al intercambio de información entre los diferentes organismos tributarios, además de la obligación de proporcionar los detalles sobre las convocatorias de ayudas realizadas y los resultados de éstas, es decir, sobre los pagos o transferencias a los beneficiarios.
Así, las CCAA deberán remitir cada lunes a la Agencia Tributaria las peticiones que les lleguen de empresas y autónomos para las ayudas directas y cada mes tendrán que enviar al Ministerio de Hacienda la información de las resoluciones aprobadas con la entrega de dichas ayudas.
Los convenios tendrán una duración de cuatro años desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. Además, se prevé la posibilidad de incluir adendas al texto principal de los convenios.
