Ha nacido una film commission (o no)

VALÈNCIA. Nadie en el sector audiovisual valenciano va a poner pegas al desarrollo de un ecosistema de film offices y film commissions, unos organismos que nacen para agilizar y coordinar los rodajes que se hacen en el territorio y para poner en contacto a las producciones forasteras con técnicos y empresas locales. Todos los sectores implicados se dedican a explicar lo que supondría contar con una administración que agilice en vez de obstaculizar proyectos (ya sean más de aquí o más de allí) con una logística especialmente complicada.

Andalucía y las Islas Canarias son las film commissions más potentes del Estado, pero también cuentan con entidades homólogas Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja o Madrid, no así la Comunitat Valenciana. El territorio sí cuenta con film offices en decenas de ayuntamientos y tanto la Diputación de València como la de Alicante han creado organismos para coordinar estos. Estas iniciativas siempre han partido de Turismo y nunca de Cultura, con el objetivo único de promocionar turísticamente las localizaciones que se muestras en una producción audiovisual. Como esta propuesta, nada desdeñable, queda algo coja porque no se valora lo creativo de aquello que se rueda, siempre se ha pedido que Cultura también se hiciera cargo de esto. Así fue en un primer momento, cuando se constituyo bajo el paraguas de la Ciudad de la Luz la primera film commission que coordinaría las film offices de la ciudad de València y las que se crearon en Alicante a la espera de los rodajes megalómanos. Pero la idea ni acabó de despegar ni consiguió tener un futuro diferente al de los platós del complejo. La Comunitat se quedó entonces sin nadie que coordinara las propuestas que en los últimos años se han reproducido por todo el territorio.

Fue entonces cuando una PNL presentada en Les Corts por Compromís a principios del 2017 instaba a la Generalitat a armar esta entidad y coordinar de manera profesional una infraestructura que parecía estar lista para la acción. Solo faltaba la administración autonómica. En ella, partiendo otra vez desde el turismo en vez de desde la cultura, se justificaba -por ejemplo- la iniciativa como una herramienta de “desarrollo, dinamización y diversificación de las economías locales, poniendo en valor nuestro patrimonio artístico, natural y cultural”. También se concretaba en tres medidas: (1) crear la film commission que promocionara la Comunitat como plató de rodaje y ayudara a la industria local a acceder a ayudas y bonificaciones, (2) a desarrollar rutas turísticas y una aplicación móvil que las reuniera, (3) e instar al Ministerio de Hacienda a revisar las deducciones fiscales para que España fuera un país más atractivo para rodar. El texto fue aprobado por una unanimidad en octubre de 2017 y ya estaba, solo faltaba hacerlo realidad.

Esta semana puede parecer estar viviéndose el nacimiento de la film commission. Pero no, tiene poco que ver la realidad. Aunque algo. 

Desde el 1 de enero ha entrado en vigor una línea de ayuda aprobada en Presupuestos que consiste en un convenio de 80.000 euros suscrito por la Agència Valenciana de Turisme y en beneficio de Productors Audiovisuals Valencians, una asociación de profesionales de la Comunitat. Este dinero se aprobó como una enmienda de última hora y se justificaría bajo un difusa premisa de la promoción del turismo cinematográfico.

Y en efecto, preguntando a las partes afectadas, queda en evidencia que los 80.000 euros van destinados a un convenio que aún tiene que ratificar el Consell y que hasta que no se celebre -al menos- una primera reunión entre PAV y la Agència Valenciana de Turisme (con la presencia del Institut Valencià de Cultura, según afirman las dos partes), no tendrá un contenido claro. Desde Turismo afirman que el proyecto está en marcha pero insisten en no llamarlo nunca film commission: las acciones a las que iría destinado el dinero del convenio se ceñirían a lo que la PNL asigna al departamento; es decir, el segundo punto. Desde la AVT afirman a este diario que no pueden asumir la creación del organismo autonómico y que se limitarían a su cometido, que es promover el turismo cinematográfico sin llegar tan lejos como sus homólogos provinciales y municipales.

Desde la PAV, que en una nota de EFE días atrás decían literalmente "Llevamos años batallando por una Film Comission (Oficina de Promoción Audiovisual) autonómica, y este convenio es un primer paso en esa dirección", confirman que tampoco es una film commission lo que se está creando con este convenio. Su proyecto para los 80.000 euros es el de crear una mesa de trabajo, junto con Turismo y el IVC, para coordinar un concurso desde su entidad privada para encontrar quién se haga cargo de poner en marcha el organismo. En la asociación no quieren que nadie relacionado con ellos se encargue de hacerlo porque "sería injusto" y su trabajo, según ellos, se limita a funcionar como un lobby para facilitar que se cree la deseada entidad.

¿Qué pasará en el futuro? Pues todo pasa por esa ratificación del Consell para poder disponer de estos 80.000 euros y de en qué queden Turismo y la PAV que sea el objetivo de estos. Ahora mismo poco hay claro, porque incluso ese primer paso de entregarles el dinero del convenio a titulo nominativo ha sido objeto de críticas entre otras asociaciones profesionales que representarían más o menos el mismo volumen de productoras locales. Valoran, preguntados por Cultur Plaza, "muy positivamente" que se avance en esa film commission (aunque no lo sea), pero consideran "un error" que no se haga un concurso público para poder concurrir en igualdad a esa importante suma de dinero. Desde la PAV insisten en que ellos no van a disponer realmente de la línea nominativa sino que van a buscar quién la gestione, y añaden que su idea es trabajar conjuntamente con el resto de asociaciones.

La film commission autonómica ya llega tarde

Más allá de la duda que plantea este gasto directo en un proyecto aún indefinido sobre papel firmado, también queda saber, siempre que el convenio se desarrolle según las intenciones de la PAV, por qué Turismo decide transferir 80.000 euros a una entidad para hacer un concurso privado de un ente que tiene un carácter público en vez de asumir directamente la función de hacer el propio concurso.

Sea como sea, desde la Generalitat, y a pesar del PNL presentado, ningún departamento quiere pronunciar las palabras film commission porque nadie puede asumir la creación y la gestión de este ente. Ni Cultura ni Turismo se harán cargo de lo aprobado en Les Corts, que no especifica quién ha de arromangarse. Por eso, tal vez, la constitución efectiva del organismo esté mucho más lejos de lo que parece actualmente.

Por otra parte, se cree este año o dentro de tres, las funciones de film commission ya se están realizando por parte de los organismos que han creado en los últimos años las diputaciones y los ayuntamientos, y que funcionan generalmente muy bien. Cuando se creó Film València (el ente provincial), desde el proyecto de la capital ya se dijo estar a favor del proyecto pero marcó distnacias con su organismo ya consolidado. Ahora, la Diputación puede sacar pecho de haber acudido a ferias internacionales y haber tratado ya con rodajes de cierta magnitud, además de coordinar una red de film offices que no para de crecer.

En el caso de que se cree una film commission autonómica, el departamento o empresa que la coordine tendrá que tener en cuenta todo el trabajo que están haciendo las agencias ya creadas, limitando mucho las funciones del proyecto, a no ser que absorvan el personal y el trabajo que están llevando actualmente desde entidades más pequeñas. Aún así, la conveniencia de crear esta institución autonómica radica en esa necesidad de los profesionales por agilizar los rodajes con una relación más fluida con la Administración: muchas competencias dependen de Generalitat, por muy buenas intenciones con las que quieran echar un cable desde un ayuntamiento o una diputación.