Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. Desde que llegó al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca ha tenido que sortear innumerables obstáculos financieros pero también políticos, como la quita a Pecsa con su 'jefe de por medio'. En una entrevista concedida, este miércoles, a Plaza Radio, Illueca repasa ese asunto, así como el fin de la reestructuración de Afín-SGR Comunitat Valenciana.
Fue, de hecho, la semana pasada cuando se anunciaba el carpetazo a uno de sus quebraderos de cabeza. Esa sociedad privada sin ánimo de lucro que llegó a acumular un agujero de 421 millones. A falta de diez millones de euros de deuda bancaria que se abonarán en los próximos meses el entuerto tóxico está resuelto.
Un complicado entramado de operaciones en los que pocos reproches han salido de su boca a la gestión que hizo en su día el PP. En este sentido, ha asegurado que la SGR debe dar ayudas a "quien las solicite", si cumple los requisitos, independientemente de "su orientación política", y que la entidad tiene que dar la "seguridad jurídica" de que a todos se les va a "tratar por igual". "A nosotros nos preocupa el país, no el PP", asegura el dirigente que ha optado por mirar hacia delante desde que entrara en este mundo.
Una SGR, sobre la que asegura que ha tenido que deshacerse de una cartera de activos tóxicos que, por su tamaño, excedía de la capacidad de gestión de la compañía.
Illueca considera que la línea de créditos del Instituto Valenciano de Finanzas y avales de la Sociedad de Garantías Recíprocas puesta en marcha por la administración autonómica, ha cumplido con el objetivo marcado.
Al ser preguntado sobre si hay muchas empresas que se han quedado fuera de la recepción de estos créditos, como denunciaba ConfecomerçCV, Illueca considera que no, ya que "se han establecido diferentes capas de financiación", cada una "más laxa" que la anterior.
Ha considerado, además, lógico que las ayudas públicas tarden más en llegar a sus destinatarios, ya que, según explica, “requieren de una minuciosa verificación y justificación”.
En otro orden de cosas, el banco público valenciano autorizó dividendos con los que Ximo Puig se embolsó 18.780 euros. El IVF, como acreedor de Pecsa, decidió sobre su reparto en 2016, 2017 y 2018. "Nosotros atendemos a criterios técnicos y no políticos", dice tras ser preguntado por la parte ética y estética de la operación. " Si no lo llegamos a hacer y los accionistas toman acciones, nos hubiera costado dos millones de euros no aprobarlo".
Una historia, la del IVF y Pecsa que viene de lejos. En 2019 cuando se llevó a cabo la compra de Grupo Zeta por parte de Prensa Ibérica, convirtiendo a Puig, por sus acciones en Pecsa, en socio a través de esta empresa del mayor grupo mediático valenciano, se generó una gran polémica. El banco valenciano tuvo que acceder a una quita de 500.000 euros de los correspondientes a la deuda original de El Periódico Mediterráneo.
Ésta fue la primera quita del banco público valenciano, realizada con la deuda de una empresa en la que tiene intereses el presidente valenciano. No obstante Illueca asegura, que el decreto que permitía que la condonación no se realizó ad hoc.
Por último, ha añadido que el consejo de la entidad tiene mayoría de independientes, y que, en sus palabras, “si Puig quisiera tener influencia en la gestión no hubiera autorizado ese tipo de consejo en el IVF”.
