VALÈNCIA. El matrimonio de conveniencia que firmaron las empresas de resonancias magnéticas Eresa, Inscanner y Beanaca para gestionar durante diez años el servicio de resonancias magnéticas en la mayoría de hospitales públicos valencianos a través de la UTE Erescanner Salud se ha roto al final de la década de negocio por un quítame allá unos millones de euros. Como informó Valencia Plaza el pasado mes de diciembre, la valenciana Eresa (Grupo Ascires), que controla la UTE, reclamó a su sus socios Inscanner y Beanaca 4,2 millones de euros y estas dos empresas alicantinas vinculadas ente sí no lo aceptaron, por lo que se encargó un arbitraje para resolver el contencioso.
Sin embargo, el arbitraje no ha llegado a realizarse porque Inscanner presentó una querella contra los propietarios de Eresa, la familia Saus, y varios directivos por falsedad y delito societario. La empresa querellante considera que es falso el documento fechado en 2011 en el que su socio basa la reclamación económica.
Según ha podido saber Castellón Plaza de fuentes judiciales, la causa se inició con una denuncia ante la Fiscalía que se transformó en querella y está abierta en un juzgado de Instrucción número 15 de València desde hace varios meses. Ya han declarado como investigados el patriarca de la familia, Vicente Saus, sus hijas Marta y Lorena –actual presidenta de la compañía–, un yerno y varios directivos. También está imputado pero todavía no ha declarado un exdirectivo de Inscanner, la empresa querellante.
Fuentes de Eresa consultadas por este periódico afirman que la querella interpuesta es una maniobra de sus socios para evitar el arbitraje, ya que los conflictos de naturaleza penal no pueden ser resueltos mediante esta modalidad de mediación. Añaden que el deseo de Eresa era resolver el problema mediante arbitraje sin llegar a los tribunales, pero una vez judicializado la empresa confía en que el caso acabe archivado ya que, afirma, lo tiene "todo muy bien documentado" y se han entregado todos los papeles al juez.
No es el único frente judicial que tienen abierto los Saus. El Juzgado de Instrucción número 5 de València investiga una querella por estafa de exsocios de Eresa contra Vicente Saus. La querella se presentó después de que otro juzgado archivara otro caso en el que Saus, sus hijas y varios directivos estuvieron imputados por delito fiscal y fraude en subvenciones por el desvío de dinero procedente del negocio de las resonancias públicas. El desvío fue probado y admitido por Saus, quien llegó a un acuerdo con la Agencia Tributaria, pero penalmente quedó sobreseído.
Los socios de la UTE Erescanner Salud son Eresa (49%), Iberdiagnosis (8%) –ambas controladas por la familia Saus–; Inscanner (20%), Beanaca (8,5%) –controladas por Ana Paz Brown, heredera del fundador de Clínica Benidorm, Carlos Paz–, y Ribera Salud (14,5%). Esta última empresa figura solo como socia financiera mientras las otras firmas sí trabajan en el sector de resonancias magnéticas y son las que prestan el servicio contratado a la UTE por la Conselleria de Sanidad.
La discrepancia entre los Saus y Ana Paz ha estado, precisamente, en la liquidación de los servicios prestados y el reparto de beneficios de un negocio muy rentable que continúa dando pingües beneficios gracias a que la Conselleria de Sanidad Universal no recuperó el servicio para la gestión pública cuando acabó el contrato, el 31 de octubre de 2018. Después de casi 11 meses, en el departamento que dirige Ana Barceló reconocen que no hay fecha para la reversión.
Antes del verano y a petición de la Conselleria, la UTE accedió a rebajar sus abultados precios un 17% –Sanidad pedía un 50%– respecto a los que ha estado cobrando los últimos diez años. Unos precios que la Sindicatura de Comptes criticó en dos informes al estimar que si la Conselleria gestionara las resonancias con sus propios medios podría ahorrar hasta 16,7 millones de euros al año.
La UTE Erescanner Salud se adjudicó en 2008, bajo el Gobierno de Francisco Camps, por diez años el servicio de resonancias magnéticas que desde el año 2000 ya venían prestando por separado Eresa (en las provincias de Valencia y Castellón) e Inscanner (en Alicante) gracias a un contrato de ocho años de duración adjudicado por el Gobierno de Eduardo Zaplana.
Como publicó Castellón Plaza, el negocio de las resonancias en la última década ha reportado a esta UTE unos beneficios de más de 125 millones de euros, al que hay que sumar el de las empresas subcontratadas por la UTE que prestan el servicio, que son Eresa e Inscanner.
El juez archiva la querella de Inscanner contra los Saus al no apreciar delito alguno