Salvador Arenere, consejero de Intu. Foto: EVA MÁÑEZQuién le iba a decir al grupo británico Intu que al final de la legislatura del Botànic, después de ocho años de gestiones, se iba a encontrar con su proyecto de megacentro comercial y de ocio Puerto Mediterráneo peor que al principio. Desde Compromís –Mónica Oltra, Julià Álvaro, Natxo Costa…– ya advirtieron desde el primer día que ese centro no se iba a construir en Paterna mientras pudieran impedirlo y ahora se jactan de haber humillado a los ingleses a pesar de los esfuerzos de Ximo Puig por templar gaitas.
Intu lo ha intentado todo, pero ni le sirvió rehacer el proyecto a la baja para sortear el único problema que había encontrado Puerto Mediterráneo, unos metros de exceso de superficie por uno de los lados, ni le ha servido valencianizar el nombre –ahora es Intu Mediterrani– para ablandar el corazón de los nacionalistas.
Lo último que probó la multinacional que dirige Ian Stanford fue traerse al embajador del Reino Unido en España para presionar sin disimulo al Gobierno de Puig. La diplomacia inglesa es de las más eficaces del mundo cuando de defender a sus empresas en el exterior se trata, y Simon Manley no se anduvo por la ramas. La respuesta se la dio, vía Twitter, el director general de Comercio, Natxo Costa, con un "Intu go home" barriobajero que Puig no fue capaz de afearle. Y los ingleses estallaron.
Lo de Natxo Costa no fue un calentón, fue un torpedo lanzado con premeditación contra Intu y contra el PSPV, que para eso estamos en precampaña. Intu Mediterrani va a estar presente en la larga precampaña electoral con PP y Ciudadanos a favor y Compromís y Podemos en contra de este proyecto de más de 800 millones de euros, miles de nuevos puestos de trabajo y muchos millones de euros de ingresos por impuestos para las administraciones, especialmente para el Ayuntamiento de Paterna que preside el socialista Juan Antonio Sagredo.
En medio de la contienda, un PSPV que hasta el momento se ha mostrado a favor del complejo "siempre que cumpla la ley" pero que no puede garantizar que Intu Mediterrani salga adelante aunque cumpla la ley porque tiene un socio de gobierno dispuesto a cambiar la ley las veces que haga falta. Ese es el gran drama para Ximo Puig, que aunque repita como presidente de la Generalitat no puede garantizar a Intu que sus socios de gobierno no continuarán torpedeando el proyecto. Eso y que, con el mismo resultado en la gestión de este asunto, lo que para Compromís es un triunfo para Puig es un fracaso.
Tampoco está claro el rédito electoral que puede tener el proteccionismo mal entendido de Compromís hacia el pequeño comercio, cuyo problema no es que abra un complejo comercial y de ocio a 9 kilómetros de València.
Igual que Ribó se equivocó hace tres años cuando dijo que los domingos no son para comprar, Natxo Costa manifestó el otro día que ir de compras no es una actividad de ocio, afirmación que no compartirán miles de personas, sobre todo mujeres. Hay grupos de jóvenes que prefieren ir de compras por la calle Colón o por un centro comercial antes que ir al cine o a la playa. O prefieren hacer cada día una cosa sin que Ribó o Natxo Costa tengan que condicionarles su manera de pasar rato. Además, muchas veces se gastan menos yendo de tiendas que al cine porque no se trata tanto de comprar como de mirar y probar. Lo llaman tener ‘experiencias’ y dicen los sociólogos que los millennials (los nacidos entre las dos últimas décadas del siglo XX) y la generación posterior prefieren las experiencias al consumo.
De hecho, esa combinación comercial y de ocio es lo que pretende ser Intu Mediterrani, que este viernes lanzaba un comunicado en el que poco menos que acusaba de prevaricación al Gobierno valenciano por hacer "trajes a medida" para impedir el desarrollo del proyecto: "Los cambios de regulación realizados por la Generalitat valenciana y las repetidas declaraciones públicas de rechazo al proyecto por parte algunos de sus máximos responsables configuran un escenario de manifiesta inseguridad jurídica y total falta de responsabilidad política inadmisible en un sistema democrático de derecho".
Suena a ultimátum a Puig para que se posicione con claridad a favor o en contra de Intu Mediterrani. Por el tono, parece que estos ingleses ya no confían en la palabra del president. Solo les queda confiar en las urnas. Ellos también se la juegan en mayo.
Hace nueve años, el juez Baltasar Garzón ordenó intervenir las conversaciones en la cárcel entre los imputados del caso Gürtel y sus abogados. Con esta vulneración del derecho de defensa Garzón pretendía alcanzar la verdad por el camino más corto: si escuchas lo que el acusado le confiesa a su abogado, puedes encontrar más pruebas o preparar un interrogatorio demoledor. Pero cometió una ilegalidad propia de sistemas no democráticos que le costó la carrera judicial al ser condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación.
Algo parecido y no menos grave ha hecho el juez Miguel Florit al ordenar a la Policía la incautación de los teléfonos móviles y ordenadores de los periodistas José Francisco Maestre (de Diario de Mallorca) y Blanca Pou (de Europa Press). Florit quiere saber quién filtró un informe que al parecer estaba bajo secreto de sumario y para ello, en lugar de indagar entre quienes tenían ese informe y podrían haber cometido el delito, toma el camino más corto, como Garzón, y pisotea los derechos de dos periodistas protegidos por el derecho constitucional al secreto profesional. Puestos a cometer ilegalidades, podría haber ordenado su detención y tortura hasta que cantasen.
Esto a un juez no puede salirle gratis, como no le salió a Garzón.
