MADRID (EP). Un grupo de inversores denominado Turquish Action Group (TAG), víctima de una trama fraudulenta piramidal relacionada con servicios de inversión operada desde cuentas de Garanti BBVA entre 2007 y 2014, tiene previsto iniciar acciones legales contra el banco al considerarlo responsable "de no haber sido capaz de cumplir con los requisitos mínimos de 'compliance'".
Según fuentes jurídicas españolas que trabajan conjuntamente con Lev International PLLC, despacho que defiende a los afectados en Turquía, y consultadas por Europa Press, la intención hasta ahora era agotar toda posibilidad de llegar a un acuerdo antes de recurrir a los tribunales, pero aseguran que "ha quedado claro ya que no existe otra opción".
El despacho lleva más de dos años intentando negociar para obtener justicia para los perjudicados que representa, que no son todos los estafados, cuyos fondos perdidos ascendieron a 18,2 millones de euros. El TAG es un grupo formado por una quincena de inversores que en conjunto perdieron en torno al 30,3% del total, unos 5,7 millones de euros.
Según expone el abogado que los representa en una carta enviada el 28 de septiembre del año pasado al entonces consejero delegado de BBVA -ahora presidente- Carlos Torres Vila, y recogida por Europa Press, en caso de que la entidad dé una nueva negativa a negociar con los perjudicados, no quedará más remedio que acudir a los tribunales, a los reguladores y a los medios, recalcando el impacto reputacional de este asunto.
"En el caso probable de que Garanti haya realizado una investigación sobre estas cuentas, podrá confirmarlo por sí mismo", remarca el documento. En este sentido, añade que si el banco "hubiera actuado ante la multitud de claras señales de alerta, el estafador podría haber sido procesado antes y ninguno de los miembros del TAG hubieran sido estafados".
Del mismo modo, señala que si BBVA hubiera llevado a cabo la apropiada 'due diligence' sobre Garanti, podría haberse percatado de que sus procedimientos sobre prevención de blanqueo de capitales (AML, por sus sigla en inglés) requerían de una corrección.
"Por tanto, es razonable y apropiado que, además de recuperar el principal de la pérdida, los miembros del TAG reciban intereses del tipo legal del 9% previsto por la ley turca por el tiempo que sus fondos permanecieron bajo la custodia de Garanti, de modo que la compensación total al grupo debería ascender a 8,76 millones de euros", recoge la misiva.
De hecho, los perjudicados creen que el verdadero escándalo de este tema no es solo que no se haya detectado una estafa de este tipo, sino que hasta la fecha Garanti BBVA y el grupo BBVA se han negado a cooperar con el departamento de crímenes económicos de la Policía de Londres encargado del proceso penal del estafador, que es de origen británico. El caso se denunciará también en los próximos días ante las autoridades turcas.
"Nuestros clientes son conscientes de la posibilidad de que quizá nunca recibirán una indemnización, pero después de años de frustraciones y gastos legales, lo que ahora reclaman es que las entidades sean obligadas a asumir responsabilidad por sus infracciones frente a las autoridades y el público", explica el bufete que defiende al TAG a Europa Press.
BBVA asegura que Garanti BBVA es completamente "ajeno" a las actuaciones que haya podido llevar a cabo el estafador, mientras estima que su filial turca ha actuado "conforme al derecho y especialmente lo ha hecho respetando las normas de prevención de blanqueo de capitales aplicables", según han trasladado a Europa Press fuentes del banco.
En este sentido, señala que en caso de que Garanti BBVA reciba una demanda relacionada con esta cuestión, procedería a su defensa jurídica ante los tribunales partiendo de su convicción de que actuación "se ha ajustado fielmente a la ley".
El estafador, llamado Joseph Lewis y de origen británico, utilizó una estructura piramidal también conocida como 'Ponzi' que operaba de forma global desde cuentas bancarias de Garanti BBVA en Turquía.
De este modo, inició un negocio fraudulento de gestión de inversiones con el nombre 'Lon-Ist' basado en el comercio de divisas, mientras que abrió una serie de cuentas en una sucursal de Garanti BBVA donde recibía los fondos de los inversores perjudicados.
Tanto Lewis como las entidades jurídicas que creó no contaban con licencia para operar por parte de la autoridad nacional de supervisión de los mercados. La compañía incluso aparecía en la lista de 'chiringuitos financieros' de la FCA, la autoridad de supervisión de Reino Unido. Asimismo, los inversores podían solicitar tarjetas ATM vinculadas a las cuentas del estafador, ya que había accedido al programa de banca privada Garanti Masters.
El 27 de enero de 2011, Lewis envió un correo a los inversores informándoles de que el nombre de la compañía se rebautizaría para pasar a denominarse Joe Lewis Trading (JL Trading), aunque todos los acuerdos con Garanti se mantuvieron sin cambios.
Más tarde, el 3 de diciembre de 2014, el estafador comunicó en un mail que la firma había perdido todos sus activos y que no podría devolver los fondos a los inversores, a la vez que admitió que había dejado de operar en el mercado de divisas en 2009 y que toda la información posterior era completamente falsa.
