La FGE decide su designación temporal "por razón de la persona investigada, los delitos presuntamente cometidos y la especial trascendencia de los mismos"
VALÈNCIA. Javier Carceller, el actual teniente fiscal de Castellón y fiscal jefe en funciones tras la renuncia de José Luis Cuesta por saltarse el plan de vacunación, es también desde este viernes delegado de Anticorrupción para hacerse cargo del caso Fabra, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado.
Carceller investiga desde 2016 nuevos hechos que afectan al expresidente de la Diputación de Castellón y que se llevan en el Juzgado de Instrucción número 4. Ahora, la Fiscalía General del Estado, tras la petición de Anticorrupción, que ha asumido el procedimiento, ha procedido a su designación "por razón de la persona investigada, los delitos presuntamente cometidos y la especial trascendencia de los mismos", expresa en el BOE. Nombramiento temporal, añade, "por motivos de idoneidad y competencia" para que continúe con la tramitación de la causa.
La citada investigación fue iniciada por el juzgado en junio de 2017 tras recibir una denuncia de la Fiscalía por la posible comisión de los delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho por parte de Fabra.
En el auto publicado por Castellón Plaza, el magistrado apuntaba a "un presunto entramado elaborado por el exdirigente del PP para ocultar de la acción de la Justicia su patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública". Así, la causa indaga en sospechosas operaciones económicas con las cuales habría ocultado patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia del conocido como caso Naranjax de 2013. En ella fue condenado por cuatro delitos fiscales a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros.
Como consecuencia de la ejecución del fallo por parte de la Audiencia Provincial de Castellón en 2014, todavía debe actualmente 919.108 euros a la Agencia Tributaria.
Una situación que sorprende a los investigadores, que destacan que sólo con respecto a las cuentas del expolítico, en el periodo investigado consta una media de ingresos mensuales de 19.000 euros en efectivo. A lo que se añaden otras operaciones a través de familiares, terceras personas o sociedades mercantiles. Motivo por el que el juez citó a declarar como investigados a más de una veintena de empresarios y particulares que ordenaron o participaron en transferencias de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades.