Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo licitó en mayo del año pasado un contrato de 15,9 millones de euros para implantar un nuevo sistema de gestión procesal en los juzgados que sustituirá al programa Cicerone. Una licitación cuya intención era digitalizar la Administración de Justicia hasta lograr el objetivo del 'papel 0' que no se consiguió en la legislatura pasada y que ahora comienza a dar sus primeros pasos.
El departamento gobernado por los socialistas ha adjudicado en dos lotes el proyecto a Indra Soluciones Tecnologías de la Información y a Everis por casi 13 millones de euros. En concreto, Indra ha resultado la empresa adjudicataria del primer lote por un importe de 11,9 millones de euros -IVA incluido- que se distribuirá a lo largo de cuatro anualidades: en 2021, el pago asciende a 614.075 euros; en 2022, a 2,2 millones de euros; 2023 será el año en el que más inversión se destine, con un total de 5,8 millones de euros; en 2024 la cuantía se asemejará a la de dos años antes con 2,1 millones de euros; y en 2025 se prevé que los trabajos ya estén en fase final, por lo que la inversión será de 1,1 millones.
Los trabajos que comprenderá el proyecto por parte de Indra incluyen la realización de un análisis de la situación actual y el diseño del plan de digitalización, formación on-line y presencial, "modelizació de la tramitación y plantillas de documentos de las jurisdicciones civil y penal", el proyecto piloto Civil y Penal, su implantación, otro proyecto piloto en lo Contencioso y Social, y la realización de un seguimiento del plan, entre otras cuestiones.
Por su parte, Everis ha resultado adjudicataria del segundo lote de la licitación por un importe de 788.963 euros -impuestos incluidos- que también se distribuirán a lo largo de cuatro anualidades. Durante el primer año, el actual, se destinarán 82.789 euros; en 2022 la cuantía ascenderá a 270.298 euros, que será exactamente igual en 2023; y en 2024 finalizarían el proyecto por 165.578 euros, aunque en las anualidades se contemple que 2025 entraría también en el calendario. Sin embargo, ese ejercicio el importe a abonar por parte de la Administración es de cero euros.
El nuevo sistema deberá conseguir la implantación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), el archivo electrónico en todos los órganos judiciales y oficinas fiscales de la Comunitat Valenciana, la interconexión y la interoperabilidad de los órganos judiciales de la autonomía y toda España, o facilitar la tramitación de procedimientos judiciales, entre otras funciones.
Según reconoció el Gobierno valenciano en febrero de 2020 -cuando fue autorizada la contratación- en un pleno del Consell, "las carencias de Cicerone" ponían de manifiesto que no era "un sistema adecuado para desarrollar utilidades para la gestión diaria en los órganos judiciales". "Se trata de un sistema tecnológicamente antiguo, cuya arquitectura y tecnología condicionan sus funcionalidades y evolución y, por consecuencia, los procedimientos de trabajo diario de los funcionarios", especificaba el acuerdo del Consell.
Ahora bien, Cicerone no es el único programa que ha dado problemas a la Conselleria de Bravo para conseguir desterrar la imagen del funcionario de Justicia rodeado de pilas de papeles para sustituirla en favor de la doble pantalla, los expedientes digitales o la presentación telemática. El camino para que la Justicia llegue al 'papel 0' comenzó en 2015 y desde entonces se han probado distintos sistemas, pero todavía no se ha logrado acertar uno definitivo que resulte eficaz.
La licitación de la Conselleria de Justicia estaba prevista que abarcara de 2020 a 2024. Sin embargo, el estallido de la pandemia ha retrasado tanto la adjudicación como, por ende, los trabajos para iniciar los trabajos para alcanzar el 'papel 0' de 2021 a 2025.
