VALÈNCIA (EP). La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha firmado la orden por la que se encomienda a la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia la reforma del Decreto de Asistencia Jurídica Gratuita a fin de "adaptar y mejorar los procedimientos para beneficiarse de este servicio público".
En febrero de 2017, el Pleno del Consell aprobó el Reglamento que está vigente y que extendía la asistencia jurídica específica para grupos especialmente vulnerables como víctimas de violencia de género, extranjeros y personas con diversidad funcional, con capacidad modificada judicialmente, incapaces y personas dependientes, ha explicado la Generalitat en un comunicado.
Con el Reglamento, además, se regula los servicios que presta el Turno de Oficio de abogados y la asistencia de los procuradores judiciales para aquellos que no puedan costear sus servicios.
El nuevo Reglamento simplificará los procedimientos administrativos para que se pueda acceder más fácilmente al servicio de Justicia Gratuita del que dispone la Generalitat. Además, se pretende revisar y adecuar la tipología de los módulos y bases de compensación económicas atendiendo a las sugerencias de los Consejos Valencianos de Colegios de Abogados y de Procuradores.
Asimismo, la modificación erradicará de la norma el lenguaje sexista dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
La firma de esta orden coincide con el Día del Turno de Oficio y la Justicia Gratuita que se celebra cada 12 de julio para reconocer el trabajo y la dedicación de los profesionales jurídicos encuadrados en este servicio garantizado por los poderes públicos para quienes no puedan asumir los gastos de un proceso judicial y, por tanto, no pueden acceder a la tutela judicial efectiva en igualdad de condiciones.
En los últimos cuatro años, el presupuesto para sufragar el coste de la Justicia gratuita en la Comunitat Valenciana ha aumentado de forma constante. Entre 2016 y 2018 se han reforzado con 27 millones de euros la inversión en justicia gratuita. El presupuesto para esta partida para este año 2019 alcanza los 45 millones de euros, más del doble que en el año 2015.
