La Conselleria no fiscalizó las subvenciones a Francis Puig hasta que las denunció el PP

VALÈNCIA. El exresponsable de las líneas de ayuda al valenciano de la Dirección General de Política Lingüística y actual concejal independiente de Compromís en Novetlé, Vicente Tortosa, declaró este martes ante el magistrado de Instrucción 9, que investiga la causa abierta contra el director general de esta área, Rubén Trenzano, por falsedad documental. En su declaración, Tortosa dijo que los planes de control sobre las subvenciones se realizaban a año pasado, y que dichos controles eran aleatorios y por sorteo.

En el caso de las ayudas recibidas por Francis Puig, hermano del presidente Ximo Puig, por fomento del valenciano, aseveró que en 2017 no se ejecutó el plan de control a ninguna empresa, es decir, que no se verificó ninguna de las subvenciones otorgadas en 2016. Explicó que tras recibir la petición de documentación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, decidieron aplicar un nuevo plan de control por riesgo a las subvenciones otorgadas en 2015 y 2016.

En cuanto al plan de control de 2017 y 2018, expuso que solo se podían hacer controles por muestras aleatorias, pero que decidieron cambiarlo para poder aplicar lo que se conoce como muestras de riesgo tras la denuncia de la popular Eva Ortiz. Tortosa aseveró que lo que sí se comprueba es que se realizan y justifican las actividades por las que se reciben las subvenciones. Así, las empresas deben enviar un disco duro con el material publicado y los diferentes trabajos realizados en el periodo subvencionado.

Francis Puig

Sobre los expedientes de Francis Puig, el testigo declaró que las de 2015 y 2016 no las habían fiscalizado porque no había nada que les hiciera dudar, y que no habían salido en el sorteo de las subvenciones que sí se miraron. Pero dijo que sí se revisaron una en 2017 y otra en 2018.

En cuanto al hecho de que no pasen todas las subvenciones otorgadas por el filtro de un control exhaustivo, Tortosa explicó que hacer el plan de control del año anterior supone dedicar dos personas íntegramente durante dos meses a esos controles.

Pero no fue hasta el año 2018, y una vez recibida la queja de Eva Ortiz, que decidieron que se podían revisar los últimos cuatro años de subvenciones otorgadas. Y reconoce que cuando en la carta dijeron que se habían efectuado las acciones de control, obviamente, se referían a las ya realizadas y no a las que con posterioridad hicieron. Para la acusación popular ejercida por el PPCV este es un reconocimiento de facto de que Trenzano les mintió al decirles que sí que había fiscalizado las ayudas al hermano del presidente.

La querella

La querella, firmada por la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, se dirigía contra Trenzano al considerar que este había "mentido" al decir que se habían fiscalizado subvenciones otorgadas a Mas Mut Produccions y Comunicació dels Ports que, según el PP, "han recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde el 2015 para ayudas al fomento del valenciano sin ningún tipo de control".

En concreto, el PP llevó a los tribunales el acuerdo de 6 de abril de 2018, dictado por Trenzano, por el que desestimó una solicitud formulada el 27 de febrero por Ortiz, en su calidad de su portavoz del Grupo Popular en Les Corts, en la cual "intimaba la cesación de la inactividad material y en la ejecución de sus propios actos de la Administración de la Generalitat en la fiscalización de las subvenciones otorgadas en los ejercicios 2015 y 2016" para el fomento del valenciano a las dos empresas mencionadas.