La Fiscalía inició una investigación al cártel del hermano de Puig que luego archivó

VALÈNCIA. La exhaustiva investigación realizada por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana para imponer una sanción de 43.000 euros a tres mercantiles vinculadas al hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y sus socios tuvo también su recorrido judicial en 2019. Éste, sin embargo, fue breve. La Fiscalía abrió diligencias, pero las archivó al poco tiempo. 

Las indagaciones de Competencia –órgano independiente adscrito a la Conselleria de Economía– se iniciaron después de que À Punt advirtiera sobre un posible pacto de precios entre Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions y Canal Maestrat para optar a un concurso de corresponsalías de la cadena. La primera de ellas está administrada por Francis Puig y las dos últimas por la familia Adell Bover, socios empresariales del primero. 

Tras recibir el aviso, la subsecretaría de la Conselleria de Economía –dirigida en ese momento por Conxa del Ruste, de Compromís– dictó la primera orden en mayo de 2019. Se trataba de una "fase de información reservada". En octubre de este año, ya con Natxo Costa, también de la coalición, al frente de la misma subsecretaría, se incoó el expediente sancionador al apreciar indicios de conductas prohibidas en la ley de Contratos. 

Para seguir la pista de los hechos fue entonces necesaria la autorización de entrada y registro a las sedes de Canal y Kriol. La Abogacía de la Generalitat lo solicitó, la Fiscalía lo apoyó y el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Castellón dio luz verde. En un auto de mayo de 2019, la juez vio sustentada la petición "a la vista de la documentación aportada" y de la finalidad de "comprobar si se dan prácticas concertadas anticompetitivas en el mercado audiovisual de la Comunitat Valenciana". Concurría, en su opinión, la necesidad de dar permiso "ante la facilidad para ocultar o destruir los elementos de prueba" sobre el posible pacto de precios "y la alta probabilidad de falta de cooperación en la obtención" de ellas. 

El pronunciamiento permitió personarse a inspectores en las instalaciones, donde recabaron el material necesario, como por ejemplo los whatsapps que son considerados como prueba del pacto de precios. Pero también otros que, en opinión de Economía, podían tener trascendencia en el marco de otra serie de ilícitos. Motivo por el que enviaron las conversaciones tanto a la Fiscalía de la Comunitat Valenciana como a la Agencia Antifraude en junio de 2019. 

No encontró elementos de delito

La primera abrió entonces diligencias de investigación y remitió el expediente a la Fiscalía de Castellón. Tras estudiar los hechos, decidió archivarlos, como confirman fuentes conocedoras del asunto, al no encontrar elementos de delito. Aunque existe un tipo específico sobre el concierto para modificar precios, los representantes del Ministerio Público entendieron que los hechos que allí aparecían eran más susceptibles de sanción por parte de Competencia. 

La Agencia Antifraude renunció a investigar. argumentó que la Fiscalía ya había iniciado un procedimiento, de manera que no podía solaparse. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que no se puedan investigar ahora. Pero todo apunta a que si ocurre tendrá que ser en el marco de la causa que coordina el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia relativa al entramado de subvenciones concedidas a las empresas vinculadas Francis Puig y sus socios. Anticorrupción trata de esclarecer aquí si se trata de un grupo de empresas interrelacionado que se cruza facturas para justificar el empleo de las ayudas públicas recibidas (pudiendo haber algunas idénticas o correspondientes a los mismos servicios) y falsea los gastos subvencionados. 

Los whatsapp hallados podrían tener algún tipo de relación con las subvenciones, por lo que sería posible que se incorporaran a la causa. De hecho, el PP ya ha anunciado que su intención es ampliar la querella que originó esta investigación con el expediente de Competencia. 

Por su parte, la Agencia Antifraude optó por renunciar a investigar el asunto. En julio de 2019, devolvió la documentación argumentando que la Fiscalía ya había iniciado un procedimiento, de manera que el organismo no podía solaparse.