CASTELLÓ. (EP) La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha adjudicado en los últimos seis meses un total de 121 viviendas públicas en varios municipios de la Comunitat Valenciana. De ellas, 64 corresponden a la provincia de Alicante, 34 a la de Castellón y 23 a la de Valencia.
Desde este departamento subrayan que la Generalitat "está realizando un gran esfuerzo por recuperar y mantener el parque público de viviendas en condiciones dignas para ofrecerlas a las familias con necesidades habitacionales". La Conselleria, recalcan, "realiza un trabajo de inspección y de reparación en aquellos inmuebles que lo requieran para que, cuando sean adjudicadas, reúnan las condiciones dignas de habitabilidad".
La Conselleria, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), inicia el proceso de adjudicación de la vivienda cuando está en proceso de rehabilitación, para que una vez finalice el mismo, la familia asignada pueda acceder al piso a la mayor celeridad posible.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que, de las 121 viviendas asignadas, 60 son pisos sociales destinados a familias en riesgo de exclusión y otros 61 son viviendas para facilitar el acceso a aquellas personas que no pueden acceder en condiciones normales a una vivienda del mercado libre, pero que no se encuentran en situaciones tan precarias como los residentes de viviendas sociales.
En el primero de los casos, se trata de alquileres sociales en los que la Conselleria aplica bonificaciones para reducir su precio teniendo en cuenta la situación socioeconómica de la unidad familiar. En muchos casos, dicha bonificación puede alcanzar hasta el 90% del arrendamiento.
En el caso de las viviendas propiedad de EVha, se trata de alquileres asequibles que varían según las características del inmueble. Además, para ayudar a sufragar estos alquileres, la Conselleria también aplica un Plan de Alquiler Asequible que supone la reducción en las cuotas del arrendamiento teniendo en cuenta los ingresos de la unidad familiar, número de miembros que la integran y la zona geográfica del inmueble.
Un total de 18 de estas viviendas han sido asignadas a víctimas de violencia de género y otras nueve han sido para familias que habían perdido su casa debido a ejecuciones hipotecarias. "Un hecho que demuestra que el Consell trabaja para garantizar los servicios básicos a toda la población, pero enfocados en particular hacia los colectivos más desfavorecidos, como son estos casos", manifiesta, en un comunicado, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau.
La asignación de las viviendas de alquiler asequible se aplica la resolución del 16 de junio de 2017 que prioriza el acceso a viviendas protegidas a colectivos vulnerables como víctimas de violencia de género; personas afectadas por un desahucio derivado de una ejecución hipotecaria o por impago de cuotas de alquiler; discapacitados con un grado reconocido; familias con menores a su cargo; familias para las que pagar el alquiler suponga más del 25% de los ingresos de la unidad, entre otras.
Anteriormente a esta resolución que establece unos criterios sociales a la hora de asignar las viviendas, la adjudicación se realizaba únicamente según orden de solicitud y número de viviendas vacías, sin tener en cuenta la situación específica de la unidad familiar.
Martínez Dalmau ha asegurado que la Generalitat "está realizando un gran esfuerzo para situar a la vivienda en el primer lugar de las políticas públicas, convirtiéndola en una de sus prioridades y trabaja para poner a disposición de las familias más vulnerables el máximo número de viviendas".
