Una alumna atiende desde su ordenador a una clase semipresencial. Foto: MARTA FERNÁNDEZ / EPVALÈNCIA. La pandemia ha llevado a tener que suplir una serie de nuevas necesidades para garantizar una vuelta a la normalidad con las máximas garantías de seguridad posibles. Una de ellas es la de evitar aglomeraciones y limitar la movilidad de las personas, razón por la que desde la Generalitat se han adquirido 49.500 licencias de videoconferencias con la finalidad de facilitar la atención no presencial y el teletrabajo "de forma eficaz y eficiente".
Así lo expone un informe de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico publicado este viernes de la mano del Subdirector General de Producción y Consolidación de las TIC, Alfonso Jiménez Cantos. Una contratación adjudicada a Telefonica por un importe total de 894.529 euros -739.400 sin IVA- que serán financiados con fondos de la Unión Europea, según la Generalitat.
Con esta cantidad se busca cubrir las necesidades justificadas por los ámbitos de Educación, Justicia, Sanidad y Hacienda, siendo en el caso del primero precisas estas licencias para proporcionar aulas virtuales al alumnado y profesorado de colegios, institutos, formación profesional, escuelas oficiales de idiomas, conservatorios de música y centros tanto de formación de personas adultas como del profesorado. Por esta razón, el Secretario Autonómico de Educación y Formación Profesional, Miguel Soler, solicitó la contratación de un mínimo de 44.600 que al final han resultado en 45.000 con un coste de 538.500 euros del total, según el informe.
A la Administración de Justicia, por su lado, le corresponden 1.500 licencias de las adquiridas con un importe máximo de 61.500 euros para su uso por parte de letrados de la administración de justicia, jueces y magistrados y fiscales, tal y como se indica que solicitó el Director General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, Jose García Añón, en el informe justificativo.
Desde Sanidad la Directora General de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente, María Llanos Cuenca, solicitó 3.000 licencias de videoconferencias para la comunicación entre profesionales sanitarios y entre estos profesionales y los pacientes, las cuales han sido adquiridas por 123.000 euros. A su vez, las 400 restantes son para Hacienda con un importe de 16.400 euros por ellas y con el objetivo de emplearlas entre los profesionales del resto de ámbitos de la Generalitat.
Las licencias compradas se suministrarán durante un periodo de nueve meses desde el 14 de septiembre hasta el 13 de junio de 2021, momento en el que se tiene previsto que comience un contrato regido por un procedimiento de contratación ordinario. Todo ello, con el objetivo de "facilitar el desempeño y la relación diaria con la ciudadanía del personal empleado público en general y de tres entornos críticos en particular, como son la Sanidad, la Justicia y la Educación", como subraya el informe.
