El conseller Rafa Climent, competente en la regulación de las ITV. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana recurrirá la decisión de la sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de anular el cuadro tarifario de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat que aprobó la administración valenciana en mayo de 2019.
Como adelantó Castellón Plaza, los magistrados de esta sala del alto tribunal valenciano tumbaban los precios que fijó el Gobierno del Botànic al considerar que su finalidad fue "eludir el cumplimiento" de una sentencia de 2017 que obligaba a subir las tarifas. Asimismo, señalaban en su auto que los precios aprobados por el Consell que preside Ximo Puig son "prácticamente idénticos a los anulados".
Esta decisión judicial, que supondrá la subida de las actuales tarifas, también abre la puerta a nuevas indemnizaciones millonarias para las concesionarias, que cifran el perjuicio económico de la larga batalla judicial con la Generalitat en unos 80 millones de euros.
El conflicto se remonta a 2014 cuando el ejecutivo autonómico, liderado entonces por el popular Aberto Fabra, modificó las tarifas vigentes entonces, aprobadas en 2009, rebajando sustancialmente las cuantías de emisiones de gases contaminantes y ruido. Así, por ejemplo en este último caso se pasaba de 9,3 euros la primera inspección a 2,48 en 2014, mientras que la segunda o sucesiva bajaba de 6,48 euros a 1,86 en 2014.
La empresa Applus Iteuve recurrió esta rebaja ante el TSJCV que estimó parcialmente su recurso y anuló la bajada de las tarifas de emisiones y ruido aprobadas por el Consell en 2014 por falta de un informe económico que justificase el cambio obligando, por tanto, a volver restituir los precios de 2009.
Un año más tarde, el Tribunal Supremo confirmó este fallo, pero, sin embargo, la modificación de los precios no se produjo. Fue en mayo de 2019 cuando el Consell de Ximo Puig, obligado por esta decisión judicial, aprobó un nuevo cuadro tarifario que seguía sin cumplir con lo exigido por el TSJCV que ahora anula estas tarifas al considerar que su "propósito era el incumplimiento de los criterios de la sentencia de 2017" y son "prácticamente idénticas a las anuladas".
