CASTELLÓ. (EP). La Oficina Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló ha recuperado este martes en el Palau de la Festa su servicio presencial tras suspenderse por la pandemia de la covid-19. La concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, ha destacado que durante estos dos meses se han seguido atendiendo las necesidades vía telefónica y ha subrayado que vuelve el servicio presencial con el objetivo de atender las necesidades en materia de vivienda, especialmente en los colectivos más vulnerables.
Garrido ha apuntado que la Concejalía redoblará esfuerzos para cubrir el incremento de de peticiones por la crisis por la covid-19. Así, ha resaltado que el servicio de mediación conveniado con el colegio de Abogados se reforzará a fin de ayudar en los conflictos por impagos de alquiler, especialmente en viviendas propiedad de fondos buitre, o en ejecuciones hipotecarias.
La concejala ha explicado que la Oficina de Vivienda atenderá las consultas en el Palau de la Festa los martes, miércoles y jueves, en horario de 08.30 a 14.00 horas. Las visitas deben realizarse por cita previa solicitándola a través del portal municipal o llamando al 010. Ha indicado que la Oficina gestiona directamente unas nuevas ayudas al alquiler financiadas por el Plan Estatal de Vivienda y el Consell que se dirigen a los colectivos más vulnerables -con rentas muy bajas, que han sufrido un desahucio o víctimas de violencia de género-. El presupuesto está dotado en 135.000 euros.
Al mismo tiempo, ha dicho que la Oficina también informará de otras líneas de financiación que dirige la Conselleria de Vivienda en alquiler o en reformas o rehabilitación de viviendas. En alquiler hay ayudas para trabajadores y autónomos afectados por la crisis, y en rehabilitación hay líneas de financiación para reformas de interior -Plan Renhata-, accesibilidad y eficiencia energética que son complementarias.
También dará información de las medidas de emergencia a la vivienda aprobadas por el Gobierno por la covid-19. Garrido ha recordado que se contempla la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional durante 6 meses, ayudas extraordinarias y microcréditos sin intereses a 6 años para pagar el alquiler y, además, los grandes tenedores deberán hacer a sus inquilinos una quita de un 50 por ciento o una reestructuración de la deuda en 3 años.
