CASTELLÓ. Las viviendas sociales se han convertido en una 'patata caliente' para el Ayuntamiento de Castelló. La necesidad de regularizar el alquiler para evitar los conflictos heredados del pasado, como venta de drogas, supone un camino de espinas para la concejala responsable, María Jesús Garrido, quien ha tenido que salir al paso de una nota de Ciudadanos sobre la existencia de supuestas mafias de ocupación.
Según informa la concejala de Podem-EUPV, "no tenemos constancia de su presencia en las viviendas sociales municipales". Así, en alusión a la respuesta por escrito que se ha dado a la formación naranja, "explicamos que diversos colectivos sociales y afectados nos han trasladado que hay personas que hacen de intermediarios y cobran a familias vulnerables sin vivienda para ayudarles a ocupar pisos vacíos de la ciudad (fuera del ámbito de las viviendas sociales)", subraya a través de un comunicado.
En este contexto, desde la Concejalía de Vivienda se trabaja de forma conjunta con Servicos Sociales y la Policía Local con vistas a regular el parque municipal social, así como "en su ampliación".
Al respecto, en las últimas tres semanas el Ayuntamiento de Castelló ha recuperado dos pisos sociales que estaban desocupados y cuyo titular no hacía uso para vivir.
"Respecto a las ocupaciones irregulares que se dan en pisos vacíos privados, aunque en este caso la concejalía no tiene competencias, destacamos que confiamos en el desarrollo de la nueva legislación anunciada por el Consell (Ley de Función Social de la Vivienda) y el Gobierno para movilizar pisos propiedad de grandes propietarios vacíos y contener la especulación con los pisos del alquiler", añaden desde Vivienda.
Por último, el área dirigida por Garrido trabaja en aumentar el alquiler social mediante la incorporación de un incentivo dirigido al propietario para que ceda vivienda y, así, ampliar la bolsa de alquiler social. Del mismo modo, sigue en marcha el proceso de compra pública por un importe de 1,8 millones de euros.