La infrafinanciación valenciana: por algo será

Hace justo dos años, en una de mis primeras entrevistas como cabeza de lista de Ciudadanos por Valencia a las elecciones generales del 28-A, me preguntaron por la financiación autonómica. Los nervios del momento y la inexperiencia en el trato con los periodistas me jugaron una mala pasada. No explicar bien lo que uno quiere decir y no abundar en el argumento acabó con este titular: “Si la Comunitat Valenciana está infrafinanciada, por algo será”.

Dos años después, el tema central de la agenda política valenciana, la reforma de la financiación autonómica, sigue sin materializarse. Por algo será. La legislatura definitiva, la XIV, arrancó los primeros días del año pasado con un compromiso de los socialistas, en la voz de la ministra de Hacienda, de tener armado el “esqueleto” del nuevo sistema de financiación autonómica antes de que acabara el año 2020. 

Este compromiso fue también la condición de Compromís para votar la investidura de Sánchez. Luego llegó la pandemia, y la crisis sanitaria aparejada pospuso los planes. Ni siquiera ha habido avances, aunque “la reforma de la financiación autonómica sigue siendo una de nuestras prioridades”, se excusa el Ministerio de Hacienda. 

Pasan los meses, pasan los años, y desde el Gobierno español sigue sin concretarse nada, ni un mínimo, para empezar a debatir un cambio de modelo. La semana pasada volvió la patada hacia delante. Volvieron a tomarnos el pelo.  “El Ministerio de Hacienda se ha comprometido a agilizar en los próximos meses la reforma”, reza el comunicado. 

Es llamativa la sumisión y complacencia del Sr. Soler y del president Puig con el Gobierno de Sánchez y Montero, que van a Madrid a por dinero y vuelven con dos palmaditas en la espalda. “Somos optimistas, nos tienen en cuenta”. A todo esto, el portavoz de la formación nacionalista en Les Corts Valencianes, el sr. Ferri, se rasga las vestiduras: “la Ministra está incumpliendo su palabra, siempre tienen una excusa, es totalmente injustificable”. Sí, estimado Ferri, así es.

La reivindicación de los valencianos por una financiación justa es sobradamente conocida. La dificultad para conseguir que el Gobierno de España, sea del color que sea, avance en este asunto complejo que requiere un acuerdo territorial en el Consejo de Política Financiera y Fiscal y otro parlamentario en el Congreso de los Diputados, también. El modelo actual -vigente y desfasado- de reparto de recursos se aprobó en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y contenía el compromiso de ser actualizado pasados cinco años (en 2014). Ya lleva más de seis años obsoleto y nadie se atreve a meterle mano. Por algo será. 

El modelo de financiación ha demostrado importantes deficiencias que inciden en una distribución desigual de recursos en función de los territorios. Siempre pongo el mismo ejemplo: entre los fondos que recibe el Gobierno de Cantabria en términos de habitante ajustado (ponderando factores como dispersión o envejecimiento) y lo que ingresa la Comunidad Valenciana hay una diferencia de 24,7 puntos (117,2 frente a 92,5 sobre base 100), según el análisis más reciente elaborado por Fedea (2018). 

Es decir, cada valenciano recibe proporcionalmente 987 euros menos que un cántabro. Así, Cantabria y la Comunidad Valenciana son las dos regiones mejor y peor financiadas respectivamente de un sistema injusto que, si algo ha demostrado, es que no contenta a una importante parte de las autonomías españolas, sobre todo a las más pobladas como la valenciana. 

Es necesaria, como venimos reclamando desde hace años, una revisión de la redistribución de la caja común una vez el Estado obtiene recursos de sus fuentes de financiación, principalmente de los tributos. La nueva Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas debería recoger un nuevo modelo de financiación basado en criterios objetivos y técnicos. Un nuevo modelo sin acuerdos bilaterales entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas. Un modelo que nazca del consenso y del acuerdo de todos los territorios.

Un nuevo modelo de financiación, en definitiva, transparente. Un modelo que evite que los acuerdos de financiación lleven aparejados intereses perversos beneficiosos para unos territorios y perjudiciales para otros, un modelo justo con todos los territorios y que haga a todos los españoles iguales en el acceso a los servicios públicos. 

La Comunidad Valenciana aglutina alrededor del 10% de los habitantes y el mismo porcentaje del PIB de España, pero la cantidad que le asigna el actual modelo de financiación es siempre inferior. Sin duda, somos el territorio más perjudicado con el actual sistema y nuestra infra financiación es palpable. Pero corregir este desequilibrio podría implicar restar recursos a los ahora beneficiados por este modelo y convierte la cuestión en un juego de equilibrios y poder territorial que los partidos que siempre han ostentado el gobierno, tanto PSOE como PP, nunca han querido abordar enfrentándose a los suyos cuando gobiernan. 

Aquí lectores, quería yo llegar: nuestra Comunidad está infrafinanciada, sí, y por algo será.