Foto: EFEVALÈNCIA. La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València acordó este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del exvicealcalde de esta ciudad Alfonso Grau, el exsubdelegado del Gobierno en la provincia Rafael Rubio ; los empresarios Jaime Febrer y Mónica Montoro, y un asesor financiero identificado como Joaquín P. R., en el marco del denominado caso Azud. La magistrada adoptó esta decisión al apreciar riesgo de destrucción de pruebas, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Para los otros ocho detenidos en la segunda fase de esta operación la instructora acordó libertad provisional con las siguientes medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia semanal en sede judicial. Entre ellos se encuentra el extesorero del PSPV Josep Maria Cataluña, el director jurídico de Divalterra, José Luis Vera, y el empresario Federico Ferrando.
En la causa, abierta en 2017 y que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunidad Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.
En la primera operación policial, en 2019, se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer de Corbín, Asunción Barberá, y sus tres hijas.
La segunda fase se desarrolló el jueves y viernes de esta semana con 14 detenciones y 46 registros en empresas, despachos profesionales y domiciliarios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid. Así, las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita, sin perjuicio de ulterior de calificación.
Tras las detenciones y registros, los arrestados fueron trasladados a diferentes comandancias de la Guardia Civil, donde han permanecido hasta este sábado por la mañana, cuando se les llevó ante la jueza. De los 14 detenidos, 13 fueron puestos a disposición judicial.
Rubio (PSPV), quien también fue diputado provincial y portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, y Grau (PP), están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. En concreto, Grau pudo haberse llevado un millón de euros y Rubio otros 300.000.
Los dos principales implicados, Rubio y a Grau, tienen otros procedimientos judiciales. El socialista está procesado en una de las piezas del caso Taula en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa. Por su parte, Alfonso Grau, de 80 años, fue condenado a cuatro años de cárcel -una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)- por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Taula.
Otro de los detenidos que presuntamente tuvo un papel destacado en la trama fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, puesto que al parecer intermedió entre los políticos y uno de los empresarios encarcelados, el constructor Jaime Febrer, quien fue localizado en Ibiza.
Entre los detenidos están también la hija de Grau, la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú y el exconcejal de esta localidad Francisco Doménech, ambos del PP.
