Padro Sánchez y Nadia Calviño. Foto: EPMADRID (VP/EP). Las comunidades autónomas podrán "modular" los requisitos de acceso a las ayudas directas de 7.000 millones contempladas en el plan de 11.000 millones aprobado por el Gobierno para empresas y autónomos, según consta en la memoria del análisis de impacto normativo del real-decreto ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19 al que ha tenido acceso Europa Press.
De esos 7.000 millones, 2.000 están reservados directamente para Canarias e Islas Baleares, y de los 5.000 millones restantes, la Comunitat Valenciana confía en recibir al menos 625 millones cuyo reparto entre empresas y autónomos gestionará directamente el Consell.
El Gobierno central ha justificado que las medidas de apoyo a la liquidez y a la solvencia tienen un impacto directo sobre el tejido productivo, al permitir que una multitud de empresas que son viables económicamente puedan mantener su actividad.
A la hora de analizar la medida, es necesario tener en cuenta que el real-decreto ley establece una serie de indicadores de elegibilidad que permitan garantizar que las empresas que acceden a las ayudas hubieran sido viables antes del Covid-19 y que se han visto afectados por la pandemia. No obstante, en la memoria se apunta a que en el caso de las ayudas de la 'Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas', las comunidades autónomas "podrán modular estos requisitos".
En cuanto a esta medida, el Gobierno ha señalado que con una dotación de 7.000 millones de euros, la totalidad del impacto se producirá en el ejercicio 2021 y que debido a las interconexiones en el sistema productivo, el impacto positivo no se reduce únicamente a las empresas que efectivamente accedan a estas medidas, sino que se extiende también de forma indirecta al resto del tejido productivo.
"Esta línea al consistir en subvenciones con carácter finalista para el pago de deudas a proveedores y otros acreedores, tendrá efectos multiplicadores por encima de los 7.000 millones de euros", ha recalcado el Ejecutivo.
Sobre la línea para la reestructuración de deuda financiera dotada con 3.000 millones, el Ejecutivo estima que en la medida en que el marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19 permite que los avales públicos a préstamos bancarios se conviertan en subvenciones directas hasta el 31 de diciembre de 2022, se espera que este impacto presupuestario se divida en los dos ejercicios de 2021 y 2022.
Según ha explicado el Gobierno, a finales de febrero, se habían concedido en torno a 90.000 millones de euros en concepto de aval público por parte del Instituto de Crédito Oficial, y que suponiendo una tasa de ejecución del aval del 10%, el Estado tendría que hacer frente a 9.000 millones de euros, que, además, irían aparejados a la desaparición de empresas y autónomos, con el consiguiente impacto negativo en futuras recaudaciones fiscales.
Ante esto, el Gobierno ha justificado que adopta una posición proactiva, llevando a cabo un "uso más eficiente de los recursos públicos". Además, al requerir que las entidades financieras también asuman un porcentaje de quita adicional al de la aportación directa por el Estado, el impacto total de este fondo sobre la deuda de las empresas, será superior al impacto presupuestario.
En cuanto al fondo de recapitalización de 1.000 millones que se contempla en el plan, el Gobierno ha señalado, en primer lugar, que se enfocará sobre las compañías de facturan entre 15 y 400 millones de euros, rango en el que se encuentran las empresas medianas y el rango bajo de las llamadas 'midcaps'.
La inversión propuesta por empresa se sitúa entre 3 y 25 millones de euros (de 3 a 15 millones de euros para pymes y de 4 a 25 millones de euros para las que no tengan esta consideración).
Aplicando las hipótesis consideradas por el Banco de España en su definición de empresas con problemas de solvencia pero viables, el Gobierno estima que el porcentaje de empresas con problemas de solvencia pero viables es del 6,2%.
No obstante, afirma que los resultados de estos ejercicios no tienen en cuenta el posible deterioro adicional que podría producirse en la solvencia de las empresas en el primer semestre de 2021, en la medida en que los rebrotes de la pandemia están dificultando la recuperación de su actividad.
Según se desprende de la memoria, la dotación inicial del fondo asciende a 1.000 millones de euros y se integrará en el Tesoro Público el importe de los dividendos, intereses, plusvalías y cualesquiera otras remuneraciones que resulten de las inversiones u operaciones que se realicen, así como los resultados de las desinversiones y reembolsos efectuados, minorándose por las minusvalías y gastos.
