Las alegaciones dilatan el Plan General de Castelló y el Consell da otra prórroga hasta abril de 2022 

CASTELLÓ. Las alegaciones dilatan la aprobación del Plan General (PG) de Castelló. Las 570 formalizadas en la segunda exposición pública (193 al Estructural y 377 al Pormenorizado) obligan al Ayuntamiento de Castelló a gestionar una nueva prórroga de las normas urbanísticas transitorias de urgencia para disponer de más tiempo con vistas a completar la farragosa tramitación administrativa. En concreto, de 10 meses, como recoge la resolución de la Conselleria de Territorio, Obras Públicas y Movilidad publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), por la que se modifica el artículo 3 sobre la vigencia del marco normativo. El plazo se amplía hasta el 30 de abril de 2022 en lugar de expirar el 21 de junio de 2021.

En la solicitud al Servicio Territorial de Urbanismo, con fecha 4 de febrero, la alcaldesa, Amparo Marco, señala que, "aunque es voluntad de este Ayuntamiento resolver a la mayor brevedad posible" los reparos técnicos, "es previsible que este instrumento de planeamiento [PG] no sea aprobado definitivamente antes del 21 de junio". En consecuencia, reclama una moratoria "con la finalidad de evitar los efectos derivados de la ausencia de una adecuada ordenación".

Las normas transitorias no se tratan de una herramienta urbanística que prevea nuevos desarrollos o actuaciones. Simplemente establecen el mínimo contenido legal que permita el normal ejercicio de las facultades en los suelos consolidados por la edificación, siempre bajo la consideración de urbanos. Su aplicación, a modo de regla, impide que exista un vacío normativo en la regulación, de ahí su relevancia en aquellos municipios carentes de un Plan General, como ocurre con Castelló.

El Consell autorizó por primera vez los preceptos de urgencia en 2012 tras anular el Tribunal Supremo el PGOU diseñado por el Partido Popular en 2000. El 27 de febrero de 2015 la Generalitat renovó la vigencia de las disposiciones hasta diciembre de 2018. Unos días antes de la fecha límite, el 28 del mismo, la administración autonómica concedió otra prórroga, con vencimiento el 1 de abril de 2021. No obstante, el estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020, a consecuencia de la covid-19, suspendió el plazo, de manera que en realidad la prescripción se estableció para ese 21 de junio.

En la primera webinar celebrada el 13 de enero de este año, el coordinador del Plan General, Fernando Caldulch, ya anticipó que, a tenor de los tiempos con la tramitación, sería necesario actualizar la validez de las normas transitorias de urgencia. "Estamos evaluando el alcance del aplazamiento, de seis meses o de un año", afirmó entonces, consciente de que todavía quedaba (y queda) mucho camino por recorrer a pesar de lo avanzado hasta ahora desde 2016.

Lo que todavía resta

Al respecto, una vez finalizados los 20 días hábiles de la consulta pública, ahora los técnicos municipales analizan cada una de esas 570 alegaciones para determinar su viabilidad. Aquellas que se incorporen parcial o totalmente a las piezas Estructural y Pormenorizada tendrán que ser avaladas por la corporación en un pleno. Esa convocatoria, ordinaria o extraordinaria, todavía tardará en celebrarse en vista de la cantidad de sugerencias presentadas por los grupos políticos, asociaciones y profesionales.

El documento definitivo, con las correcciones, se remitirá posteriormente a la Comisión Territorial de Urbanismo, que dispondrá de un mínimo de dos meses respecto a la revisión del PG. Dependiendo de sus conclusiones finales, el reloj correrá a favor o en contra del Ayuntamiento para celebrar el último pleno del Plan General antes del 30 de abril de 2022.