El conseller Rafa Climent, competente en la regulación de las ITV. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova) ha pedido a la Conselleria de Economía que elabore cuanto antes un protocolo de actuación para poder contratar personal y acometer las inversiones que considera necesarias que permitan el funcionamiento de sus instalaciones. Una exigencia que ha plasmado en un escrito remitido al departamento que dirige Rafael Climent al que solicita una reunión de manera urgente para abordar estas cuestiones con el fin de evitar un "colapso en el servicio".
Y es que, de acuerdo con los pliegos del contrato concesional que estableció la Generalitat con las empresas que prestan el servicio de ITV, desde el pasado 1 de enero de 2020 la Conselleria debe autorizar con carácter previo cualquier contratación de personal que las concesionarias quieran realizar. Será así durante un plazo de tres años previos a la reversión de la concesión, que dura más de dos décadas, prevista en 2023.
Pero no solo eso, sino que el pliego también establecía que "toda sustitución, modificación, reparación ampliación y, en general, la instalación y puesta en funcionamiento de cualquier medio material necesario para la prestación del servicio de ITV requerirá comunicación expresa por parte del concesionario a la Conselleria de Economía aportando el proyecto técnico que deberá incluir necesariamente el plan de inversiones de amortizaciones".
El motivo de esta prevención es, probablemente, controlar los costes futuros del servicio una vez finalizada la concesión, concretamente los gastos de personal -lo previsible es que la Generalitat se subrogue en los derechos laborales de la plantilla- y de amortizaciones.
Sin embargo, desde Aecova critican que llegada esa fecha desde la administración valenciana no han establecido "el protocolo de actuación" que aclare y defina "el alcance, contenido y requisitos de dichas autorizaciones, así como el procedimiento y plazo para tramitarlas", según consta en el escrito remitido a la secretaria autonómica de Economía al que ha tenido acceso Valencia Plaza.
Una ausencia de clarificación sobre los pasos a seguir que, según señalan, no les permite el normal funcionamiento de sus servicios. Por ello, consideran que es de "urgente necesidad establecer un mecanismo ágil y efectivo" para que las empresas concesionarias que prestan el servicio de ITV en la Comunitat puedan seguir acometiendo las contrataciones e inversiones necesarias en sus instalaciones. En caso contrario, advierten, se producirá "de manera irremediable un colapso en el servicio que conllevará la imposibilidad de los concesionarios de funcionar de manera adecuada".
Según explican las concesionarias, no se trata de una nueva petición que hacen a la Conselleria, sino que en reiteradas ocasiones han solicitado mantener un encuentro con algún miembro de este departamento para abordar las cuestiones relativas a las autorizaciones previas en materia de contratación del personal y en gasto de inversiones con el objetivo de generar el protocolo de actuación que permita mantener su actividad en un funcionamiento normal.
En concreto, detallan que el pasado 10 de diciembre de 2019, Aecova presentó un escrito solicitando una reunión urgente con cualquier miembro de la Conselleria con el fin de tratar las cuestiones relativas a las autorizaciones previas en materia de contratación del personal y en gasto de inversiones con vistas a generar ese protocolo de actuación que les permita mantener la actividad. Una petición que, asegura, ya habían trasladado en otras ocasiones tanto de manera escrita en agosto como verbal al conseller en la reunión que mantuvieron el pasado 12 de septiembre. Ante el silencio de la administración han vuelto a remitir un escrito solicitando que se produzca ese encuentro de manera urgente e inmediata.
Al respecto, la directora general de Industria, Energía y Minas, Empar Martínez, en declaraciones a Valencia Plaza, asegura no tener constancia de la petición de las concesionarias de mantener un encuentro y explica que siempre que lo han solicitado han concertado una cita. "No tenemos problemas en recibirles, siempre lo hemos hecho", recalca.
Respecto a la falta de protocolo, señala que en el texto del contrato concesional se explicita la obligatoriedad de esa autorización tres años antes del vencimiento de la concesión y los pasos que se deben seguir, por lo que no ve que se precise mayor concreción. En cualquier caso, afirma que si las concesionarias así lo precisan, se lo aclararán.
