Gabriela Bravo. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La situación sanitaria generada por la pandemia de la covid-19 sigue empeorando día tras día en la Comunitat Valenciana. Las cifras de contagios y fallecimientos no hacen más que aumentar y la Conselleria de Sanidad se ha visto en la obligación de adoptar medidas como la de ordenar la suspensión de operaciones quirúrgicas no urgentes ante el difícil escenario de cara a las próximas semanas.
Un contexto ante el que los sindicatos mayoritarios de la Función Pública, a excepción de CCOO, reclamaron este jueves a la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, que que aumente la ratio permitida de empleados públicos de la Generalitat que puedan teletrabajar, actualmente del 30%, para limitar el riesgo de contagio entre los empleados públicos". Más aún, teniendo en cuenta que el Consell decretó el cierre perimetral de varios municipios valencianos el a partir del 7 de enero por la alta incidencia del virus.
La petición de este jueves de los sindicatos no es la única. Las consellerias de Compromís tienen previsto solicitar este lunes a Bravo que convoque una reunión de la comisión de seguimiento del teletrabajo y amplíe "la capacidad de decisión" de los departamentos del Consell. Entre otras cosas, las subsecretarías de las áreas del Ejecutivo gobernadas por la coalición valencianista quieren autorizar que "al menos el 50%" de funcionarios puedan trabajar de manera no presencial, así como crear grupos burbuja.
En este punto, conviene recordar que durante la fase de alegaciones del decreto de teletrabajo que elaboró la Conselleria de Justicia y que aún no ha sido validado, Compromís enmendó gran parte del proyecto para que este recogiera de manera clara que en "situaciones de crisis o de carácter excepcional" serían las subsecretarías de cada conselleria, y no la conselleria competente en Función Pública las que fijasen la distribución de la jornada semanal y la organización del personal en función de las necesidades "de los servicios públicos que tengan encomendados y de la protección de la seguridad y salud de acuerdo con las directrices que se establecan por las autoridades competentes".
También alegaron que debería concretarse en el decreto que las subsecretarías serían las competentes para comunicar la finalización del programa de teletrabajo.
Las peticiones de ahora de sindicatos y de los socios de Gobierno de Bravo llegan en un momento crítico -pues el número de contagios sigue creciendo de manera exponencial: este viernes fue de 4.557 en la Comunitat Valenciana- y sin que la Conselleria de Justicia haya aprobado aún el decreto de teletrabajo que prometió que estaría listo antes de que terminara 2020 y que debe regular la modalidad no presencial de trabajo.
