Las grandes causas judiciales que quedan pendientes para 2021

VALÈNCIA. El retraso en los plazos judiciales acrecentado por el coronavirus deja para 2021 multitud de causas pendientes de resolver que continuarán este recién estrenado 2021 en los juzgados de la Comunitat Valenciana. En algunos procedimientos la apertura de juicio podría no tardar demasiado. Otros se dilatan e incluso los hay que permanecen secretos.

Patrimonio de Fabra

La investigación que más recientemente se ha conocido es la relativa al presunto entramado elaborado por el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra para ocultar de la acción de la Justicia su patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública según cree el juez. El magistrado indaga en lo que considera sospechosas operaciones económicas para dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado por cuatro delitos fiscales. Acciones por las que permanece imputado el que fuera dirigente del PP y han comenzado a declarar como investigados a más de una veintena de empresarios y particulares que ordenaron o participaron en transferencias de fondos a cuentas bancarias del expolítico, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011, 2012 y 2013. Entre ellos los siguientes: Enrique Gimeno, de Facsa; Miguel Pérez, de Migumi; Fernando Roig y su hijo; Miguel Izquierdo Dols, gestor de Fabra; la mercantil Becsa (antigua Lubasa) y el que fuera su administrador Luis Enrique Batalla; Francisco Martínez, exvicepresidente de la Diputación de Castellón; Salvador Martí, expresidente de la Cámara de Comercio de Castellón; y Daniel Vicente Latorre, de Reyval (ahora Intercity Development); además de familiares, guardaespaldas y el chófer de Fabra y otros empleados de entidades o empresas. 

La causa que trata de dilucidar el funcionamiento de esta presunta red fue iniciada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón en junio de 2017, tras recibir una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de los delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. La investigación había permanecido secreta hasta septiembre de 2020. 

Taula

El conocido como caso Taula, que estalló en enero de 2016, cumple cinco años en instrucción sin que en ninguna de su cerca de una decena de piezas separadas se haya dictado auto de procedimiento abreviado. En varias de ellas ya no hay más diligencias que practicar, de manera que el descontento cunde entre los imputados, cuyo destino no está claro todavía. El retraso no es consecuencia de la pandemia, pero ésta sí que afectará a las aperturas de juicio. La investigación más mediática fue, sin lugar a dudas, la que afectaba al grupo del PP al completo del Ayuntamiento de València por, supuestamente, haber blanqueado 50.000 euros para las elecciones de 2015. Hechos por los que tuvo que declarar, además, la fallecida Rita Barberá. Tras reiteradas peticiones al juez de que resuelva –por parte de las defensas, pero también desde Compromís y de la propia Fiscalía–, todavía siguen a la espera. Habrá que esperar para comprobar si 2021 da un impulso a esta causa. 

Dos de las piezas separadas abiertas a finales de 2020 son, de un lado, para investigar al exresponsable de Ciegsa –la empresa pública de construcción de colegios– Máximo Caturla por un posible delito de frustración de la ejecución. El juez prohibió al que también fuera secretario autonómico de Educación de disponer de los bienes y las participaciones de la mercantil "Estilo Kikí", de propiedad familiar. De otro, recientemente el magistrado ha disgregado una vez más la macrocausa de Taula para indagar en las presuntas irregularidades en los contratos del Ayuntamiento de Valencia con la empresa Temathica Events, que prestó servicios en favor de la candidatura del PP en la campaña electoral municipal de 2007 para los candidatos Vicente Betoret y Juan José Medina, y para las generales del 2008.

Alquería

La instrucción del caso Alquería finaliza pasados dos años y medio de la detención del en ese momento presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, junto a otros cargos de Divalterra de PSPV y Compromís. La causa que lleva el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia fue abierta por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal.

La Fiscalía apuntó desde el inicio a una actuación "arbitraria y caprichosa" en la contratación de directivos en la empresa pública Divalterra –heredera de la antigua Imelsa–, de la cual cree que tenían conocimiento los imputados "de forma incuestionable". En los escritos que constan en el sumario, hace hincapié en los "artificios "buscados para tratar de amparar unas contrataciones "que responden al puro voluntarismo político de favorecer a los miembros del partido dominante en la Diputación y afín a su presidente". Unas prácticas que, en opinión de Anticorrupción, revelan la creación de una "estructura de gobierno" paralela a la auténtica voluntad del Consejo de Administración de la empresa pública y formada tan sólo por los consejeros de las formaciones que sustentan la corporación provincial (PSPV y Compromís).

Tras el aval de la Audiencia de Valencia a la decisión del juez de rechazar el archivo de la causa para 12 investigados, el magistrado, si todo sale según lo previsto, no tardará en dictar el auto de procesamiento de los imputados.

Azud

Poco familiar –en comparación con otros– resulta el nombre del caso Azud, que afecta al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá. El motivo es que, aunque generó un gran revuelo en abril de 2019, cuando fue detenido, la causa todavía permanece secreta. En ella se investigan presuntas "mordidas" con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de la capital habrían realizado al bufete de Corbín. La magnitud de la investigación –con una importante documentación– hace que todavía no exista fecha para que se levante el secreto de sumario. La causa fue abierta por los delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

Francis Puig 

El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia investiga el entramado de subvenciones concedidas a las empresas vinculadas Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y sus socios (los Adell Bover). En total, se trata de cinco: Mas Mut Produccions, Comunicacions dels Ports –administradas por el primero–, Kriol Produccions, Canal Maestrat y Nova CB –de los segundos–. Las firmas recibieron ayudas públicas de la Generalitat Valenciana, de Cataluña y del Gobierno de Aragón, pero ahora la justicia trata de dirimir si existieron irregularidades en las relativas al fomento del valenciano. La juez ordenó el año pasado, a petición de Anticorrupción, que la Guardia Civil investigara todo lo relacionado con las subvenciones, de manera que todavía se encuentra pendiente de recibir este informe clave. 

La Fiscalía quiere esclarecer si se trata de un grupo de empresas interrelacionado que se cruzan facturas para justificar el empleo de las ayudas públicas recibidas (pudiendo haber algunas idénticas o correspondientes a los mismos servicios). Las irregularidades se centran en el presunto falseamiento de los gastos subvencionados. 

Gürtel 

Pendiente queda de juzgar una de las seis piezas separadas en las que se dividió la trama valenciana del caso Gürtel once años después de su inicio. Se trata de la relativa a los contratos menores que la Generalitat adjudicó a la empresa Orange Market y que sentará en el banquillo a Francisco Camps por posible fraude y prevaricación, a varios exconsellers y a técnicos de la Administración. La sospecha es que se otorgaron estos contratos con el fin de favorecer económicamente a la firma tras la multitud de actos del PP organizados por ella en la Comunitat.  

Ivam

La pieza 2 del conocido como caso IVAM sigue pendiente de juicio después de que éste se haya retrasado con motivo del coronavirus. La exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern Consuelo Císcar está acusada de un presunto fraude por la adquisición de obras falsas de Gerardo Rueda como si fueran auténticas. También están procesados el ex director económico administrativo del museo Juan Carlos Lledó, y el hijo y heredero del artista, José Luis Rueda. 

Fórmula 1

La Fiscalía pidió en noviembre de nuevo el archivo de la causa principal del caso Valmor, que el año pasado quedó reducida a la asunción por la Generalitat de la condición de avalista de la empresa con el contrato de julio de 2011. En ella figura como único investigado el expresidente Francisco Camps y recientemente declaró como testigo Andreu Ferrer, el secretario autonómico de Presidencia y mano derecha del jefe del Consell, Ximo Puig. Queda por saber la decisión de la juez una vez practicadas las diligencias pendientes. 

Cooperación

En abril llegó la segunda sentencia del conocido como caso Blasco (o caso Cooperación). La Audiencia de Valencia impuso un año de cárcel al exconseller Rafael Blasco y otros dos al empresario Augusto César Tauroni por el desvío de fondos al Tercer Mundo y el proyecto fallido para la construcción de Haití. El procedimiento sigue actualmente su recorrido después de que tanto la Generalitat como las ONG hayan presentado sus respectivos recursos ante el Tribunal Supremo –la Fiscalía renunció a ello–, que ahora tendrá que pronunciarse.

Brugal

El juicio por el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, en el que están acusados los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi y el promotor Enrique Ortiz, entre otros, quedó el pasado noviembre visto para sentencia en la Audiencia Provincial. Se trata del mayor caso de presunta corrupción política en la capital alicantina y es la principal pieza separada del denominado 'caso Brugal', que, a raíz de intervenciones telefónicas de la Policía Nacional, desveló una veintena de supuestas tramas en varias localidades de la provincia.

Trenzano

El titular del juzgado de Instrucción número 9 de Valencia rechazó en noviembre la petición de archivo de la Fiscalía y abrió formalmente juicio oral al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano (Compromís), por falsedad en documento público oficial en relación a las ayudas al fomento del valenciano concedidas entre 2015 y 2016 a empresas administradas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Concretamente, 56.825 y 23.234 euros respectivamente. Todavía no hay fecha fijada para la vista.

EMT

El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia sigue adelante con la investigación del fraude de 4 millones de euros a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para tratar de esclarecer la estafa. La exdirectora de administración Celia Zafra se mantiene como imputada y su declaración del pasado diciembre –al igual que la de dos testigos, el exgerente Josep Enric García Alemany y la jefa de gestión María Rayón– fue suspendida ante el fallo de los sistemas de telecomunicaciones. Éstos, que dependen de la Conselleria de Justicia, no funcionaron correctamente y las comparecencias tuvieron que ser aplazadas. Al margen del procedimiento penal, en diciembre se celebró el juicio por el despido de Zafra tras el fraude, que quedó visto para sentencia. 

Fuset 

El pasado febrero, Instrucción 18 acordó la apertura de juicio oral al concejal del Ayuntamiento de València Pere Fuset, y a seis personas o promotores más, por el accidente laboral mortal en el montaje de las gradas para los conciertos de Viveros de 2017, en el que falleció un trabajador. A la espera de que se fije la fecha, otras investigaciones siguen su curso, como las posibles irregularidades en la contratación de Expojove o de la Batalla de Flores.