Isabel Boning, en primer plano, junto a Eva Ortiz. Foto: EFEVALÈNCIA. Francis Puig -hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig-, acusado de fraude de subvenciones en el caso Mas Mut, aseguró ante la Conselleria de Transparencia, tras una denuncia del PPCV, que no tiene una web, ni dónde explicar y dar difusión a las subvenciones de más de 100.000 euros que recibió, al menos, de dos Comunidades Autónomas.
Eva Ortiz, secretaria general del los populares, denunció este miércoles ante los medios de comunicación que la Conselleria de Transparencia ha estimado la queja presentada por su partido y que la alegación del hermano del presidente Ximo Puig fue que no tenía una página web en la que publicar los datos que exige la Ley de Transparencia. Una web que, al parecer, sí existía para recibir subvenciones pero no para justificarlas.
Este hecho es más que llamativo cuando comarquesnord.cat es el semanario digital de este empresario morellano que obtuvo una subvención para el fomento del valenciano como periódico digital a través de la empresa Comunicacions del Ports, la cual comparte contenidos con Mas Mut, la segunda empresa de Francis Puig que fue denunciada por el PPCV. Pero más allá de todo eso, lo que no tiene sentido es que la Generalitat se pone a disposición de los medios que no tienen un portal, pero en ningún caso la empresa de Francis Puig pidió utilizar este mecanismo para hacer públicas sus subvenciones.
El caso Mas Mut comienza a tomar forma hasta el punto de que la Fiscalía Provincial, sin haber nombrado todavía un fiscal para el caso, ya ha solicitado la complejidad de la causa. El juzgado la ha acordado, lo que, de momento, da 18 meses al magistrado instructor para instruir la causa.
Fuentes conocedoras de la instrucción explicaron a Valencia Plaza que será este jueves cuando la Fiscalía Provincial decida en manos de quién recae este caso. Hay tres opciones: la primera, el fiscal asignado al juzgado; la segunda, un representante del Ministerio Público de la sección de Delitos Económicos y, por último y lo que peor llevaría Presidencia de la Generalitat, que acabara recayendo en manos de Anticorrupción.
De ser esta última opción, el Palau de la Generalitat debería repensar el argumentario que ha utilizado hasta ahora. Un argumentario que parece sacado de los cajones de cuando Francisco Camps era presidente: "Nos persiguen" es, al parecer, el lema de Puig.
La querella del PPCV sostiene que para que sus empresas de comunicación Mas Mut y Comunicacions els Ports recibieran subvenciones de tres comunidades diferentes por un valor de 600.000 euros en cuatro años, Francis Puig habría realizado movimientos con las facturas de justificación de gastos muy parecidos al visto en otras causas de este tipo, como el caso Nóos, pues habría duplicado las mismas facturas para justificar gastos en varias subvenciones en diferentes comunidades.
El modus operandi era simple: la misma factura se utilizaba, presuntamente, para justificar varias subvenciones de ambas empresas cuando se presentaban en diferentes comunidades e incluso dentro de una sola. Esto sería ilegal porque, obviamente, la factura eléctrica ya estaría subvencionada con la primera de las ayudas recibidas. Pero es que, además, ambas empresas tienen la misma dirección, por lo que no se puede utilizar la misma factura como si la hubieran pagado dos veces o incluso tres veces.
La querella añade que Francis Puig metió en concepto de gastos de Comunicacions els Ports facturas de Mas Mut, su otra empresa, que "también se encuentran duplicadas o triplicadas", lo que a su juicio es "todavía más grave". En el caso Nóos se acusó a Iñaki Urdangarin y a su socio Diego Torres de utilizar esta treta, además de facturas falsas, para conseguir dinero público de la Generalitat valenciana y de Baleares, aunque en algunos casos la Abogacía de la Generalitat se negó a abonarlas.
