Levantamiento de la barrera del peaje de La Roca del Vallés (Barcelona), este martes. Foto: EFE/QUIQUE GARCÍAVALÈNCIA (EFE/VP). Algo más de 550 kilómetros de autopistas de peaje que transcurren por Cataluña y Aragón son gratuitos desde la medianoche de este martes por el fin de las concesiones, lo que para los valencianos supone poder viajar por autopista a lo largo de todo el Mediterráneo hasta la frontera francesa sin pagar peajes.
Los tramos Alicante-València y València-Tarragona de la AP-7 quedaron liberados el 1 de enero de 2020, y a partir de este miércoles pasa a ser gratuito el tramos Tarragona-La Jonquera (frontera francesa).
Los cuatro tramos que se quedan sin peaje, en las autopistas AP-2 y AP-7 -de titularidad estatal-, y C-32 Norte y C-33 -dependientes de la Generalitat-, contaban con algunas de las barreras más antiguas y, durante décadas, han sido escenario de importantes atascos y de protestas de los movimientos antipeajes.
En concreto, pasan a ser gratuitas la AP-2 en sus tramos Alfajarín (Zaragoza)-Mediterráneo y Tarragona-Barcelona, y la AP-7 entre La Jonquera (Gerona) y Salou (Tarragona), tramo en el que se encuentra el peaje de La Roca del Vallés, uno de los más utilizado y que habitualmente concentra más colas, que este martes adelantaba unas horas el levantamiento de las barreras.
El tramo que se libera de la AP-7 es el más extenso de los que serán gratuitos, lo que ha provocado el regocijo de sus principales usuarios, sobre todo de los transportistas. El Gremi de Transports i Logística de Catalunya calcula que la eliminación de estos peajes permitirá un ahorro de 2.000 euros anuales por camión.
Una de las incógnitas que plantea la nueva realidad de carreteras sin peajes es hasta qué punto estas vías están preparadas para asumir el incremento de tráfico que se da por seguro se producirá. El Ministerio de Transportes (Mitma) también calcula que el levantamiento de las barreras de los peajes en la AP-7 y la AP-2 conllevará un aumento del tráfico procedente de vías cercanas.
La Comisión Europea apremia para que en 2024 se establezca una nueva forma de pago que asuma el principio de que paga quien usa las infraestructuras y quien más contamina, y la Generalitat ha apostado históricamente por la viñeta -una suerte de tarifa plana-.
Coincidiendo con el día del levantamiento de los peajes, la Generalitat ha adjudicado este martes el mantenimiento de la C-33 y C-32 Norte, que son de titularidad del Govern - la AP-2 y la AP-7 dependen del Estado- a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Sorigué, Comsa e Innovia Coptalia por un valor de 8,4 millones de euros.
El Mitma licitó ya en abril siete contratos para la conservación y mantenimiento de la AP-7 y la AP-2 para cuando finalicen las concesiones por un importe total de 137 millones de euros.
Este cambio en el mantenimiento se ha cobrado 340 puestos de trabajo de empleados de filiales de Abertis, que ya ha acordado un ERE con los sindicatos para el día siguiente al fin de las concesiones.
El fin de los peajes reportará ahorros en los bolsillos de los usuarios, aunque conllevará pérdidas para los 132 municipios que hasta ahora recaudaban el IBI y que dejarán de ingresar 14,4 millones por este concepto, según datos de la Generalitat.
