VALÈNCIA. Este miércoles finalizó el plazo para que los grupos parlamentarios registraran sus enmiendas a la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana. Un trámite en el que los partidos del Botànic II han caminado por separado, ya que sus propuestas de modificación a la normativa que parte del Consell no han sido conjuntas, a diferencia de cómo ha ocurrido anteriormente con todos los proyectos legislativos.
El escenario permite comprobar las diferentes posturas que tiene cada formación política -sean socios de Gobierno o no- respecto a la regulación que se debe aplicar a esta actividad que genera graves patologías: distancia mínima a colegios respecto a nuevas salas de apuestas, límites sobre la publicidad en la vía pública, o moratorias para nuevas aperturas son algunas de las medidas disuasorias que plantean las formaciones para proteger a los menores del auge de la ludopatía en la autonomía. Estas son las diferentes enmiendas que proponen los partidos políticos para modificar la Ley del Juego.
Una de las cuestiones más mediáticas y que todos los grupos parlamentarios, a excepción de Ciudadanos y Vox, han incluido en sus enmiendas es la distancia mínima entre los colegios y salas de apuestas. Un punto sobre el que no hay, de momento, consenso, pues cada formación plantea un espacio diferente.
Mientras Compromís y Unides Podem proponen que ningún salón se emplace a menos de un kilómetro de ningún centro escolar, centro de salud o de rehabilitación, el PSPV lo limita a 700 metros. Explican fuentes del grupo parlamentario socialista que esta es una distancia que genera consenso también con la patronal.
La oposición que encarnan los populares de Isabel Bonig, sin embargo, se muestra más ambiciosa que los propios socialistas. El PPCV, que también ha presentado enmienda la totalidad, propone en una enmienda parcial que este intervalo sea de 800 metros.
Por su parte, Vox no ha registrado ninguna restricción, ni tampoco Ciudadanos. El partido naranja considera que deben ser los expertos los que establezcan esta distancia en la Comisión del Juego de la Comunitat Valenciana, un "órgano consultivo de estudio y asesoramiento en materia de juego que estará presidido por la persona titular de la Conselleria competente"; en este caso, el conseller de Hacienda, Vicent Soler. Desde el grupo que lidera Toni Cantó consideran que aunque se establezca la prohibición de abrir casas de apuestas próximas a colegios la mayor problemática radica en el juego online, actualmente un nicho difícil de controlar.
Una de las cuestiones en la que coinciden Unides Podem y Compromís es en la necesidad de que las máquinas de apuestas deportivas desaparezcan de los recintos deportivos, así como de los establecimientos de hostelería. Sin embargo, los morados van un paso más allá.
El grupo parlamentario que dirige Naiara Davó ha registrado una enmienda en la que plantea, además, que cualquier máquina de apuestas solo se pueda instalar en establecimientos dedicados exclusivamente a esa actividad. Lo que haría que los bares dejaran de contar con máquinas tragaperras conforme fueran caducando las licencias. Según los cálculos de los morados, estas tardarían aproximadamente una década en desaparecer, ya que lo harían de forma progresiva.
Los socialistas, sin embargo, mantienen el juego de máquinas tipo B -comúnmente denominadas tragaperras-, pero incluyen la exigencia de que éstas cuenten con una suerte de mando a distancia como los que tienen las máquinas expendedoras de tabaco para que los responsables de los establecimientos sean los encargados de activarlas previa solicitud del cliente de manera que comprueben que ningún menor trata de acceder a ellas.
Otra de las medidas en las que los partidos del Botànic podrían hallar un punto en común es la distancia que debe existir entre los distintos salones para evitar un "mini Las Vegas en la Comunitat", como dijo en su día el conseller de Hacienda, Vicent Soler.
En este punto, el PSPV quiere que los salones de juego se separen al menos por 700 metros, los bingos 1.200 y los casinos por cuatro kilómetros. Unides Podem, que con los colegios es más restrictivo que los socialistas, plantea en este caso que entre las salas exista una distancia de 500 metros.
La fórmula para evitar la proliferación casas de azar, sin embargo, difiere de la del grupo que lidera Manolo Mata en Les Corts. El parámetro que utilizan los morados no es el de los metros, sino limitar el número de aperturas por la cantidad de población. Así, una de las enmiendas registradas por Davó y el portavoz de Economía de Podem en Les Corts Ferran Martínez especifica que solo podrá haber una sala de bingo por cada 15.000 habitantes; un salón de juegos por cada 15.000 habitantes; un local específico de apuestas por cada 15.000 habitantes; un salón recreativo por cada 400.000 habitantes y un casino en cada ciudad.
Compromís, por su parte, propone que los ayuntamientos puedan determinar zonas saturadas de juego para no otorgar nuevas licencias.
Los valencianistas, incluso, plantean también la posibilidad de que Les Corts aprueben una moratoria de 5 años para no dar en ese plazo de tiempo nuevos permisos de apertura. En este punto, huelga recordar que los socios del Botànic II ya aprobaron en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2020 una moratoria para conceder nuevas licencias de explotación y apertura hasta que se validara la nueva Ley del Juego.
El grupo parlamentario del PSPV, por su parte, no plantea la paralización de licencias, pero sí pretende que los permisos de éstas sean más breves. Así, una de las modificaciones legales que plantean reduce el periodo de licencia de actividad a la mitad: de 10 a cinco años.
Además, una de las medidas más significativas que plantea el grupo es el aumento de la tributación. El partido del puño y la rosa aumenta hasta el 30% la base imponible mínima del importe total de cantidades destinadas a participación en el juego. De esta manera, explican fuentes del grupo, el premio a percibir se reduciría considerablemente y esto provocaría que el aliciente que encuentran los jugadores fuera menos atractivo para continuar apostando.
Ciudadanos, en este punto, propone que el 1,5% de la recaudación por los tributos del juego se destine a la prevención de la ludopatía. Los diputados de Ciudadanos Tony Woodward y Ruth Merino plantean en una de sus enmiendas, además, que el Consell elabore un programa para la prevención del juego patológico en el plazo máximo de 12 meses; un punto en el que también incide el Partido Popular, y el Botànic II.
Uno de los puntos que generará más controversia es qué sucederá con aquellas salas que obtuvieron licencia de apertura con la normativa actual y no con la que se pretende aprobar. Compromís y Unides Podem explican que la ley es clara y deberán adaptarse a la nueva normativa. Lo que implicaría que si infringen alguno de los puntos, como por ejemplo el de las distancias a los colegios, deberían trasladar el local.
Los socialistas no son tan tajantes, mientras que Cs plantea un periodo de adaptación: "A aquellas empresas que finalicen sus licencias durante el primer año de vigencia de la presente ley se les concederá una moratoria de hasta dos años para adecuarse al cumplimiento de lo establecido". Es decir, hasta 2022.
