Repetidor del Mondúver. Foto: EFE/Rubén FrancésLa Generalitat puede verse obligada a convocar el concurso sin haber podido resolver el de las 31 frecuencias analógicas de FM
VALÈNCIA. Nuevas complicaciones para la Generalitat valenciana en el ámbito de las licencias de radio. Con el proceso de adjudicación de las 31 licencias analógicas empantanado después de 13 años, el Gobierno de Ximo Puig se enfrenta a una complicación añadida: la posibilidad, bastante alta, de que los tribunales le obliguen, sin haber podido adjudicar las licencias analógicas, a convocar un concurso público para adjudicar licencias de radiodifusión digital terrestre.
La novedad surge de la iniciativa de una consultora madrileña, Mirendica, que a finales del año pasado solicitó a la Generalitat la convocatoria de este concurso público. La falta de respuesta fue interpretada por la firma como un sí por silencio administrativo, por lo que acudió a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que obligue al Ejecutivo a convocar el concurso.
El problema para la Generalitat es que hay al menos dos precedentes recientes, en Navarra y Asturias, donde la justicia ha dado la razón a los recurrentes. El caso de Navarra es muy similar al valenciano, ya que allí también se produjo silencio administrativo y el TJSN no admitió el argumento esgrimido por el Gobierno autonómico para no convocar el concurso, que es el mismo que tiene la Generalitat: la falta de espectro radioeléctrico. Frente a ello, una respuesta de la Secretaría de Estado para el Avance Digital del Gobierno de Pedro Sánchez al Gobierno de Asturias aclaró, en julio de 2019, que sí existe reserva de espectro para la radiodifusión sonora digital terrestre. Asturias aún no ha convocado el concurso, pero el Gobierno foral que preside María Chivite sí lo ha hecho, concretamente seis frecuencias digitales autonómicas y 72 locales.
Con estos antecedentes, cualquier particular o empresa puede instar a las CCAA a convocar el concurso. En Navarra fueron la Federación de Asociaciones Culturales Radiotelevisión Adventista España y la empresa Logondi Comunicación. En la Comunitat Valenciana, la consultora Mirendica, cuya administradora única es Ana María Díez Bolaños, vinculada también a Díez & Partners Consultores.
La secretaria autonómica de Comunicación, Blanca Marín, que heredó el problema de las FM y ha paralizado el concurso de las 31 frecuencias debido a una sentencia del TSJCV, reconocía este miércoles a preguntas de este periódico que el contencioso en el TSJCV en torno a la radio digital supone un problema añadido ante el que hay que actuar.
Uno de los problemas puede ser el de la tecnología. La conocida como DAB (digital audio broadcasting) fue aprobada en 1999 pero, al contrario que la televisión digital terrestre (TDT), no ha tenido apenas desarrollo en España. Las grandes cadenas de radio no están interesadas porque aumentaría la competencia y porque la radio por internet ya han mejorado el sonido.
Los usuarios tampoco se han enganchado por el alto precio de los receptores, ni los coches los han incorporado, a pesar de que una de las ventajas de la DAB es que no hace falta cambiar de emisora cuando se circula, por muchos kilómetros y provincias que se recorran. Y lo más importante, el Gobierno no solo no ha aprobado un apagón analógico como el que hubo con la televisión sino que en 2015 redujo la obligatoriedad de cobertura mínima de esta tecnología del 50% del territorio nacional al 20%, por lo que ahora se concentra en Madrid y Barcelona.
Así pues, la secretaria autonómica de Comunicación está condicionada en sus decisiones en este ámbito por lo que digan los tribunales: el TSJCV en el contencioso sobre el concurso de radio digital y el Tribunal Supremo en el recurso de la Generalitat contra la sentencia que ha obligado a interrumpir la adjudicación de las FM.
El concurso se convocó en mayo de 2018, pero que venía arrastrándose desde 2007. El concurso convocado ese año por el Consell de Francisco Camps fue declarado desierto en 2011. Entonces se convocó otro concurso que estuvo a punto de adjudicarse pero que el Gobierno de Alberto Fabra dejó sin firmar cuando perdió las elecciones en 2015. El nuevo Ejecutivo de Puig tampoco quiso firmarlo y en 2016, por razones de interés público, renunció al otorgamiento de las licencias convocadas. Esta fue la decisión que recurrió una empresa.
En mayo de 2018, la Generalitat convocó un nuevo concurso para adjudicar estas frecuencias pero a finales de 2019 la sentencia del TSJCV obligó a retrotraer las actuaciones al momento previo a la resolución impugnada. Si el Supremo ratifica el fallo, la Generalitat deberá adjudicar el concurso de 2016; si lo revoca, Blanca Marín podrá continuar con el de 2018. Y entretanto, el lío de la radio digital terrestre.
