Ximo Puig y María Jesús Montero. Foto: EFE/ANA ESCOBARVALÈNCIA. El Ministerio de Hacienda parece decidido a resolver por la vía rápida el mecanismo para repartir entre las CCAA 13.486 millones no reembolsables en compensación por el impacto de la covid. A diferencia del año pasado, cuando la asignación fue precedida de una ardua negociación entre Gobierno y autonomías, esta vez no se debatirán los criterios en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Así se desprende del email remitido este miércoles a las consejerías de Hacienda de todas las CCAA en el que María Jesús Montero les plantea dos únicas posibilidades. Y ninguna es favorable a los intereses de la Comunitat Valenciana. En concreto, les insta a que se decanten entre el PIB y la población ajustada como criterios sobre los que calcular que porción les corresponde de los fondos millones a repartir este año. Las regiones tienen hasta el día 25 para responder.
Aunque Hacienda admite que algunas CCAA "podrían creer más adecuados criterios alternativos a los indicados", considera más conveniente que la elección "se centre entre los dos enunciados", una postura que remplaza la negociación entre Gobierno y Comunidades por la imposición de dos únicos criterios.
Sin ir más lejos, la propia Comunitat Valenciana es una de las regiones interesadas en aplicar esos criterios alternativos. En concreto, su aspiración sería que el reparto se decidiera en función de la población real –10,6% del total– y no de la ajustada, ya que este último parámetro, que es el que se aplica en el modelo de financiación autonómica, tiene en cuenta factores como la dispersión o la insularidad que operan en contra de los intereses valencianos pero benefician a regiones como Cantabria o Galicia.
Ni el PIB ni la población ajustada favorecen al Consell, que pedirá que se valoren alternativas
Peor aún sería que el dinero se repartiera teniendo en cuenta la aportación de cada región al conjunto de la economía nacional, un indicador que en el caso de la Comunitat Valenciana se sitúa en el 9,3%. Con todo, fuentes de la Conselleria de Hacienda aseguran que en su respuesta a Montero propondrán que se valore tener en cuenta más criterios aparte de los dos planteados.
Frente al panorama desfavorable que se atisba este año, la Comunitat Valenciana acabó relativamente satisfecha con el diseño final del fondo negociado el año pasado en el seno del CPFF porque los sucesivos cambios de criterio acabaron dando más peso a la población y menos a los indicadores sanitarios para calcular la cantidad correspondiente a cada comunidad.
A pesar de que los 1.450 millones que le correspondieron entonces apenas representaban el 9,06% del total, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, lo calificó como una "aportación justa" atendiendo al peso poblacional y económico de la Comunitat y a que la incidencia de la pandemia en la primera ola fue "2,3 veces inferior a la media de España".
La petición de Montero a las CCAA para que esta vez elijan entre población ajustada o PIB llega apenas dos días después de que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicase un estudio en el que, a falta de la reforma del sistema de financiación, proponía al Gobierno central repartir los fondos covid de 2021 con criterios de nivelación para que las regiones peor financiadas, como la Comunitat Valenciana o Murcia, pudieran aproximarse a la media en recursos por habitante ajustado.
Las dos alternativas que ha propuesto Montero, sin embargo, no atiende ni esta sugerencia de Fedea ni la reivindicación del Consell para que se habilite un fondo de nivelación transitorio para compensar a las CCAA peor financiadas mientras se aborda la reforma pendiente del modelo.
Al contrario, tal y como refleja Ángel de la Fuente en el estudio de Fedea, el Ministerio de Hacienda solo propone alternativas que perpetúan el statu quo vigente en el actual sistema de financiación, lo que incluso con las transferencias extraordinarias por la covid relega a la Comunitat Valenciana a la cola de las autonomías junto a Murcia en financiación por habitante ajustado.
Montero condiciona la reforma de la financiación a la "disposición al avance" de partidos y CCAA
Aplicar al reparto de los fondos covid el criterio de nivelación atendiendo a la población real, no la ajustada, supondría la llegada a la Comunitat de 1.370 millones adicionales cada año, según cálculos de la Conselleria de Hacienda.
Pero Montero ni se lo plantea. De hecho, en su visita a València para participar en la clausura del congreso federal de la UGT, la ministra defendió que, gracias al Gobierno, la Comunitat recibió el pasado año 2.500 millones adicionales mediante el mencionado fondo covid, las entregas a cuenta del sistema de financiación –que se calcularon como si no hubiera habido pandemia para no perjudicar a las CCAA– y los fondos sociales extraordinarios. Se trata, de hecho, de una suerte de financiación por la puerta de atrás que, si bien alivia las arcas de la Comunitat, no resuelve su problema de fondo.
"No sé si a eso se le podrá llamar nivelación, pero si no hubiera tenido" esa financiación, los ingresos de la Comunitat Valenciana habrían caído un 2,45% en 2020 en lugar de aumentar un 11,2%, como lo hicieron gracias al apoyo extra del Gobierno, replicó la ministra.
Por lo demás, la titular de Hacienda volvió a dar largas sobre la reforma del modelo de financiación, del que dijo de nuevo que se comenzará a trabajar en los próximos meses con la definición de variables como la de población ajustada. Además, condicionó la misma a la "disposición al avance" de los partidos y las CCAA.
Puede que tal vez por las escasas expectativas de conseguir la reforma del modelo a corto plazo, el presidente de la Generalitat ya ni siquiera se la reclamó públicamente este jueves a Montero en su visita a València. Durante su intervención en la clausura del congreso de la UGT, Ximo Puig urgió de forma vehemente a la ministra a trabajar hacia una fiscalidad progresiva frente al "infierno fiscal" de la Comunidad de Madrid, pero ya no le recordó el cambio pendiente de la financiación autonómica.
"Tenéis que hacer una reforma fiscal en profundidad: es necesario, es urgente, es fundamental", enfatizó el jefe del Consell ante los gestos de asentimiento de la ministra Montero.
Este discurso de Puig, ya apuntado durante algunas intervenciones en plena campaña electoral madrileña, supone un giro respecto a la postura que el presidente de la Generalitat siempre ha defendido, la de abordar de forma conjunta la reforma fiscal con la de la financiación autonómica.
Hasta ahora, su denuncia del dumping fiscal de la Comunidad de Madrid y la necesidad de un mayor grado de armonización entre autonomías siempre había ido pareja a la reclamación de una financiación justa para la Comunitat, pero la reforma fiscal parece haber adelantado a la financiación en el orden de prioridades de Puig.
Poco antes de su intervención en el cónclave de UGT, el jefe del Consell defendió en la sesión de control de Les Corts que hoy en día hasta la OCDE acusa a la Comunidad de Madrid de ser un "paraíso" y abogó por acelerar la reforma de tributos cedidos parcialmente como el de Patrimonio. "A lo mejor se puede hacer un impuesto único en el que quienes tienen más coticen de otra manera. Por eso hay que hacer la reforma fiscal", reclamó en la tribuna de Les Corts en una respuesta a Ciudadanos.
