Ortiz cierra un pacto con Fiscalía y asume dos años por el 'amaño' del PGOU de 'Brugal'

ALICANTE. Vuelco hasta cierto punto inesperado en el proceso sobre el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante: una de las veinte piezas en las que se desgajó el llamado caso Brugal. Uno de los principales protagonistas de la presunta trama, el empresario Enrique Ortiz, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que acepta el grueso de los hechos recogido en su escrito de acusación inicial. Básicamente, que negoció cambios en el planeamiento urbanístico de la ciudad de Alicante que se estaba redactando entre los años 2007 y 2008 con la intención de lograr un beneficio en terrenos de su propiedad a cambio de diversas dádivas (entre ellas, entregas en metálico o viajes a Creta, Ibiza y Andorra).

Según fuentes consultadas por Plaza, en virtud de ese pacto, Ortiz asume una pena de dos años de prisión, en lugar de los ocho que el acusador público solicitaba para él hasta ahora. Por su parte, la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Alicante pedía una condena de 5 años, mientras que la agrupación local de Esquerra Unida (EU) solicitaba 13 años.

Con este acuerdo de conformidad, el conocido promotor se aseguraría eludir el ingreso en un centro penitenciario, pese a que ya fue condenado en 2018 a un año y tres meses de prisión (sustituidos por multa) en la pieza del 'Caso Gürtel' sobre la financiación irregular del PPCV. En este caso, la conformidad también conlleva el pago de una suma económica que asciende a 1,6 millones de euros.

El acuerdo, que se habría concretado en los últimos días, sigue la estela del suscrito por el constructor ilicitano Ramón Salvador, también procesado por los mismos hechos. En su caso, Salvador asumió una pena de tres meses de prisión. Según las fuentes consultadas, el pacto se extendería a los trabajadores de sus empresas también procesados: el hermano del constructor, Virgilio Ortiz, Pablo Rico y Santiago Bernáldez.

En todo caso, el pacto resulta especialmente relevante por lo que supone al resto de procesados que todavía no han suscrito acuerdos similares. Se trata de los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, además de los letrados de Salvetti Abogados, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. Su estrategia de defensa queda ahora más debilitada, después de que los empresarios supuestamente beneficiados por el planeamiento hayan reconocido que negociaron a cambio de la recalificación de sus suelos. En principio, según las fuentes consultadas, no se descarta que pueda promoverse nuevos acuerdos de conformidad con el resto de los acusados antes de que dé inicio la celebración del juicio. Su desarrollo se había señalado hasta ahora para el próximo otoño, después de dos sesiones iniciales previstas para finales de junio. Esa programación, no obstante, podría quedar sujeta ahora a modificaciones.