Empar Marco, directora de À Punt, junto al presidente Puig y otros miembros del Consell. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El PSPV descartó a última del jueves realizar una modificación de la ley que dio vida a la nueva radiotelevisión valenciana para fusionar las dos sociedades de À Punt: la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació (SAMC). Un cambio normativo importante, además de complejo, que tenían previsto acometer a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos 2020 que se tramita estos días en Les Corts Valencianes, y que había sido sugerido por Presidencia de la Generalitat.
Resulta significativo que se quisiera acometer un cambio de semejante envergadura a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento, lo que habría evitado que se pronunciase el Consell Jurídic Consultiu, que sí informa cuando la propuesta va incluida en el proyecto de ley aprobado por el Consell. Lo lógico, dada la complejidad jurídica de la propuesta, era que se articulase mediante un proyecto de ley informado por la Abogacía y el CJC o mediante una proposición de ley de modificación de la norma en cuestión presentada por los grupos.
La modificación legal ha sido demandada en varias ocasiones por el presidente de la Corporación, Enrique Soriano, y por la directora general, Empar Marco. Sin ir más lejos, en la última comparecencia en Les Corts Valencianes, ambos coincidieron en que esta doble estructura -el ente de derecho público (Corporació) y la sociedad mercantil (SAMC)- había generado "disfunciones" en varias ocasiones. La última, en el presupuesto.
En este punto, conviene señalar que la radiotelevisión valenciana no aprobó a tiempo sus cuentas de 2018 el pasado mes de junio por las discrepancias que surgieron entre la Generalitat y la CVMC. En concreto, la Intervención de la Generalitat Valenciana reclamaba al ente en su informe de auditoría que devolviera los 9,2 millones de euros que no fueron ejecutados el año pasado a la Generalitat. Una cantidad que la Corporació traspasó a la Societat -que es la que gestiona el grueso del presupuesto, dedicado en buena parte a personal- y que, los gestores entendían, por tanto, ejecutados, ya que el dinero se había transferido a la SAMC y ya no 'disponían' de él.
Sin embargo, la Generalitat no lo entendía así y advirtió al ente presidido por Soriano que lo no ejecutado debía devolverse. Con todo, tras las disparidad de criterio, À Punt pidió que ese dinero se descontara de los fondos del próximo ejercicio y no devolverlo con los de este año. Escenario al que el Gobierno valenciano se negó.
El cambio respecto a las estructuras, con el que a priori hubieran estado de acuerdo Compromís y Unides Podem dadas las peticiones de Soriano, Marco e incluso los informes de la Sindicatura de Comptes y la Intervención, terminó descartándose por evitar recursos en los tribunales. Esto es porque si hubieran disuelto la sociedad anónima, deberían haber resuelto cómo traspasar el personal de una entidad a otra.
Al tratarse de empleados eventuales, se podría haber rescindido su contrato y haber sido contratados acto seguido por la Corporació, pero el Botànic también se exponía así a que algún trabajador denunciara a la empresa por despido improcedente. Con la maniobra, según publicó Las Provincias, también se pretendía apartar a Empar Marco de la Dirección General mediante la supresión de ese puesto. Sin embargo, este era un movimiento que legalmente hubiera sido complejo de acometer, ya que la ley de la CVMC contempla que entre los órganos de la Corporació debe existir la Dirección General.
Con todo, los socialistas prefirieron no precipitarse y estudiar en un futuro otras alternativas para evitar duplicidades en términos contables. Una de las soluciones pasarían por que la Corporació presentara un presupuesto consolidado -pero sin modificar las estructuras-; otra, por fusionar ambas sociedades cuando se convocaran las oposiciones para aprovechar la finalización de los contratos. En cualquier caso, de manera más sosegada: a través de una modificación de la proposición de ley de la CVMC.
El momento más visto fue la bajada de la Senyera con un 20,4% de cuota de pantalla, donde À Punt lideró la audiencia por delante del resto de cadenas.
