Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Parar o no la construcción, esa es la cuestión. Una actividad económica con un importante peso en la economía española y que emplea a miles de familias pero que, por el momento, no está obligada a cesar su actividad. Y es que el decreto del Gobierno sobre el estado de alarma impuso el cierre forzoso de varios negocios, pero mantuvo activa la construcción. Sin embargo, y dada la expansión al alza del coronavirus en España, son ya varias las voces que claman ya por el aplazamiento de las obras.
Eso sí, con ayudas como al resto de sectores y acogiéndose a las condiciones especiales que regulan los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se están solicitando durante el estado de alarma. Hoy por hoy, al no estar incluidos dentro de las actividades que obligatoriamente deben cesar su actividad, en caso de paro no cuentan con esta flexibilización. En cambio, otros opinan que se debe mantener el ritmo de trabajo para evitar mayores estragos en la economía. El debate está abierto en el seno del sector inmobiliario.
Este mismo domingo era el propio presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien abría la veda al considerar que todas aquellas obras "que no sean estrictamente necesarias" deberían aplazarse durante el estado de alarma mientras que aquellas que fueran imprescindibles como la puesta en marcha de los hospitales de campaña deberían continuar. Para el president se trata de una decisión necesaria para "aumentar y acelerar la efectividad del confinamiento" con el objetivo de evitar que se tenga que prolongar más tiempo. "Si hay que tomar decisiones más radicales ahora, es mejor que dentro de otros 15 días", subrayaba. No era el único presidente autonómico que se sumaba a esta exigencia.
Una opinión compartida desde la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana. Y es que, según aseguran fuentes de la entidad a Valencia Plaza, "es muy difícil controlar el cumplimiento de las normas de seguridad" en obras de importe tamaño donde conviven trabajadores propios con otros subcontratados. "Hay un riesgo implícito en esta actividad que es al aire libre y que cuenta con multitud de gente de distinta procedencia y oficios", indican. "En una obra se levanta mucho polvo, se carga material pesado entre varios empleados y en la cadena de montaje muchas veces las personas tienen que estar juntas. La Administración debe ser consciente del riesgo y sopesar los riesgos de salud comporta", puntualizan.
Aunque se cumplen los protocolos marcados como el uso de mascarillas y protección, tampoco pueden garantizar el material necesario. "Es muy difícil controlar el cumplimiento de las normas de seguridad. Además hay carencias de material. Si faltan mascarillas en los hospitales, cómo no nos va a faltar a nosotros", apostillan. Para evitar algunas rutinas, en muchas obras públicas se ha optado por hacer jornadas intensivas de 8 a 14 horas para evitar la comida en la obra y minimizar los riesgos.
También desde el sector de la promoción inmobiliaria avivan el debate pidiendo la paralización. Aunque desde la Asociación Provincial Promotores Viviendas de Alicante (Provia) son partidarios de seguir, promotores valencianos consultados por este periódico se muestran contrarios. Admiten que parar las obras sería un mazazo económico importante porque es caro y hay mucha gente que trabaja en este sector, pero inciden en que es difícil garantizar la seguridad de los trabajadores. "En un centro de producción se pueden reorganizar turnos, establecer unas distancias de seguridad, pero en las obras hay muchas subcontratas y es imposible", inciden.
Además, explican que ahora es un momento de ralentización del mercado inmobiliario, con fuertes frenazos en la demanda y posibles ajustes de precios, por lo que es un buen momento para "atrincherarse". Eso sí, subrayan que aunque la ralentización será una realidad en los próximos meses el mercado se irá recuperando cuando finalice el estado de alarma y en ningún caso se hablará de recesión.
Por contra, desde la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), su presidente Francisco Zamora considera que "lo ideal sería no parar" por el impacto económico tan importante que supondría. "Dejar de trabajar supone no facturar y generar más desempleo", afirma en declaraciones a este diario. Explica que el sector no solo se nutre de las obras en residencial, sino que abarca mucho más como reparaciones de urgencia en carreteras, fontanería o averías de todo tipo. "Si se cierra todo, tendremos ver cómo se arbitra el trabajo para solucionar las incidencias", apostilla.
Y es que, por ejemplo, resalta el papel que van a tener en la construcción de los tres hospitales de campaña que la Generalitat va a poner en marcha en las tres provincias valencianas y donde la maquinaria ya trabaja para allanar el terreno. "Hay una serie de actividades que se deben seguir atendiendo", subraya Zamora.
Además, defiende que desde Fevecse han remitido a todos los asociados las medidas seguridad que deben regir sus actuaciones y un protocolo con medidas higiene y de protección. "Si hay que parar, lo haremos, pero tendremos que tener derecho a ayudas para que no seamos los paganos de esta crisis como ya nos pasó en la de 2008", recalca. Asimismo, solicita que en caso de cese de actividad se les incluyera en los supuestos de ERTE por fuerza mayor como incluye el decreto de estado de alarma.
Tampoco desde la patronal autonómica CEV son partidarios de parar la actividad mientras la crisis sanitaria lo permita y esté garantizada la seguridad de los trabajadores. Según su presidente, Salvador Navarro, "el paro total de la actividad supondría un shock total sobre la economía real y una mayor destrucción de puestos de trabajo; además, impediría el correcto funcionamiento de la actividad de los sectores esenciales, básicos para hacer frente a la crisis sanitaria".
Respecto a la situación que vive el sector inmobiliario, lo cierto es que hay caída de la demanda y un freno en las ventas, pero los agentes son optimistas. Yolanda Lozano, directora general de Olivares Consultores, prevé pequeños ajustes, pero cree que la recuperación no tardará en llegar una vez se vuelva a la 'calma' tras el estado de alarma. A su juicio, el tirón en el 'ladrillo' vendrá no tanto por el segmento residencial, sino por otros activos como son los locales comerciales. Y es que recuerda que el inversor que está sufriendo los vaivenes de la Bolsa, querrá invertir y un inmueble es "un valor seguro, tangible y líquido".
Una opinión compartida por José Manuel Martínez, director del Área Residencial de la consultora, quien cree que en el medio plazo el mercado inmobiliario levantará cabeza. "Aquellos que pensaban en comprar una vivienda, seguirán queriendo. A nosotros nos siguen llamando para pedir información sobre alguna de las promociones que comercializamos", asegura. Tampoco cree que los precios vayan a oscilar de manera considerable porque ya estaban contenidos y moderados. "El mercado se recuperará pronto. Las grandes promotoras han actuado pronto y eso también ha ayudado a dar mayor tranquilidad", recalca.
Asimismo, podrían volver a aparecer "gangas y oportunidades" como las que salieron a flote con la crisis de 2008 que serán aprovechadas por fondos de inversión internacionales que ahora se mantienen a la espera de la evolución de la crisis sanitaria, pero siguen con sus ojos puestos en España.
"La evolución del mercado dependerá del crecimiento económico y la creación de empleo. En el corto plazo auguramos caídas de gran intensidad, como en la mayoría de sectores", explica el delegado de Tinsa en la Comunitat Valenciana, Vicente Torres. La caída más acusada será en la demanda de residencial con una recuperación progresiva, pero que se pondrá en marcha a pleno rendimiento. "Nuestros sector en el momento que se reactive la economía, arrancará", recalca.
