Patrimonio en peligro: la sociedad civil al rescate

VALÈNCIA. El pasado sábado me invitaron a una mesa redonda en el auditorio del IVAM sobre mecenazgo y coleccionismo. El historiador del arte y comisario Javier Molins, director artístico de la Fundación Hortensia Herrero, nos puso al día de los trabajos de lo que será la sede que en algo más de dos años se inaugurará en el recuperado palacio de los Valeriola, en pleno centro de València. Una fascinante tarea quirúrgica, de una gran complejidad, a la vista de las imágenes que se proyectaron. Elisa Hernando, Asesora de arte contemporáneo, puso sobre la mesa la situación del coleccionismo actual en una interesante intervención, aunque con unas cifras sobre el coleccionismo en nuestro país que me permito poner en duda. Finalmente, el abogado y amigo Luís Trigo, presidente de la fundación El secreto de la filantropía nos habló sobre la importancia de implicarse en la cultura por parte de la sociedad civil. Una excelente exposición rigurosa en los números, pero también llena de sentida profundidad en la su visión sobre la función última de la cultura y el mecenazgo. Trigo aseguró algo que, quienes estamos de alguna forma implicados en estas cosas, ya conocíamos y nos inquieta, por el incierto futuro que se abre ante nosotros: las administraciones, y más con la coyuntura económica a la que nos enfrentamos, incluso más allá de la pandemia, no van a poder, por incapacidad presupuestaria, hacer frente financieramente a las demandas que el patrimonio cultural exige, y no queda otra solución que la implicación de la sociedad civil en esta enorme tarea de salvamento. La inquietud viene dada ante el hecho de que esto no suceda, es decir, la premisa es indiscutible: el estado no va a poder, pero la consecuencia puede ser el gran problema o la gran oportunidad para este país porque hay que decirlo todas las veces que haga falta: la cultura y el patrimonio es una fuente de riqueza en un país como España. 

Es esta una cuestión que ya estaba sobre la mesa con anterioridad incluso a la actual pandemia; en 2017 el diario El País publicó una gráfica reveladora a la par que preocupante: entre los años 2008 y 2017 el gasto del estado en protección del patrimonio había descendido un 68% y la inversión en conservación un 73%. El gasto hoy día del Estado central en protección del patrimonio alcanza una cifra que es inferior al presupuesto del equipo más modesto de la primera división de fútbol. Los presupuestos estatales no están a la altura de la enorme empresa que tienen ante sí, y salvo un cambio enorme en la dinámica económica del país, tampoco lo van a estar en el futuro, con lo que se puede decir que hemos entrado en un período de “cronificación de la austeridad” en esta clase de partidas. No nos hagamos trampas en el solitario: el Estado, a través de sus diversas administraciones, va a centrar su gasto en las próximas décadas en el ámbito social. Asimismo, la obra social de las cajas de ahorro, que en un porcentaje importante iba destinada al patrimonio cultural, y que llegó a ser de una cuantía importante en su día, hoy por cuestiones conocidas por todos tras la crisis financiera de 2008, es meramente testimonial. 

Así que, en primer lugar, por tanto, debemos congratularnos todos los días del hecho de que España posea un patrimonio cultural tan inmenso y variado desde la prehistoria hasta nuestros días, tratándose del tercer país con un mayor número de bienes declarados Patrimonio de la Humanidad tras China e Italia. Muy pocos países pueden presumir de ello. Si este hecho lo vemos como una carga estaríamos enfocando incorrectamente el asunto. Otro hecho positivo es que en las últimas décadas el esfuerzo en recuperación de este patrimonio, tanto mueble como inmueble, ha sido extraordinario y es algo de lo que tenemos que estar verdaderamente orgullosos. Hasta aquí las buenas noticias. La no tan buena es que conforme se va recuperando y sacando a la luz este, va demandando un uso, y sobretodo una conservación, seguridad y mantenimiento. Un conjunto enorme de obras de arte, edificios y zonas arqueológicas muchas en zonas rurales, que desde se son rescatadas, demandan una conservación, porque no podemos dejar que vuelvan a arruinarse. Por ejemplo, y sin salir de nuestra ciudad, el patrimonio recuperado afortunadamente ha crecido enormemente en las últimas décadas. Ejemplos se me ocurren recuperaciones a botepronto de todas las épocas: desde grandes conjuntos como San Miguel de los Reyes, patrimonio industrial como las naves de la calle Juan Verdeguer, los tinglados modernistas del puerto o las naves del parque central, de dimensiones más modestas, pero de un interés incuestionable como los Baños del Almirante, el refugio de la Guerra Civil de la calle Serranos o varias alquerías del área metropolitana. Son sólo ejemplos, se me ocurren muchos más, y otros tantos son los que todavía reclaman una atención que todavía no se les ha prestado.  

Alerta roja en entorno rural

Sin embargo, una parte importante de ese patrimonio, que mucho me temo, si no cambiamos la dinámica, nos va a dar noticias poco agradables en el futuro, es aquel situado en el entorno rural y en zonas que sufren el problema de la despoblación, con el consiguiente empobrecimiento de las gentes y el territorio. Un quebradero de cabeza que estamos esquivándolo de forma timorata, a pesar de las buenas palabras, por la complejidad que entraña practicar, aunque sea un torniquete a la sangría poblacional. Estamos recogiendo los frutos, envenenados, de unas políticas completamente equivocadas, que han dado lugar a un éxodo masivo hacia las grandes ciudades, con el consiguiente abandono de las pequeñas poblaciones y, obviamente, de su patrimonio histórico y artístico. Pensemos en cientos de iglesias, castillos, conventos, edificios civiles, arqueología industrial, yacimientos arqueológicos prerromanos y posteriores, muchos de estos enclaves descubiertos en las últimas décadas y de una importancia enorme. De hecho, la tendencia es que siga alumbrándose nuevo patrimonio arqueológico en las próximas décadas, sin que, una vez sacado a la luz, estudiado y catalogado “sepamos qué hacer con él”. 

La iglesia católica en su día tan presente en este entorno, también debería coger el toro por los cuernos, puesto que éxodo rural lleva aparejado el cierre de importantes edificios de su propiedad, que en su momento sirvieron para el culto o de residencias monásticas. Hay que añadir un segundo problema para lo que nos ocupa: un envejecimiento natural de la edad media de los sacerdotes y religiosos y el acusado descenso en el número de vocaciones, y por tanto de personal que atienda mínimamente las instalaciones, con la consecuencia de que la única solución factible, en ocasiones, es el cierre y tapiado de los edificios, en evitación de saqueos y destrucción dolosa. La desacralización de las propiedades es un tema todavía tabú en nuestro país pero que, sin miedo, ha de abordarse sin prejuicios tal como sucede en países de Centroeuropa. El abandono, la ruina, son el coctel perfecto para que haga acto de presencia el vandalismo más insensible, como ya está sucediendo en iglesias que van desde Barbate en Cádiz, Curiel del Duero en Valladolid, o el monasterio de Santa Fe en Zaragoza.

El patrimonio románico, por hallarse en buena parte en estas zonas de la llamada “Laponia española”, al tratarse literalmente de un desierto humano de la extensión de un país como Bélgica que abarca varias comunidades autónomas del centro y norte península, es el que reviste un mayor riesgo de pérdida total o parcial, ya que muchos de sus edificios, de entre los siglos XII y XIV, se hallan todavía en pie. Hace ya más de una década la asociación Hispania Nostra publicó una lista roja de bienes en peligro de desaparición, muchos de ellos de esta época. La lista está “viva” dado que las intervenciones, afortunadamente, se siguen realizando, aunque por otro lado se incrementan los bienes que sufren el abandono. ,

El fenómeno del teletrabajo surgido con fuerza con la pandemia, quizás ayude a cierto retorno a poblaciones del entorno rural. Habrá que ver la evolución de una tendencia que de producirse lo será a cámara lenta. Quizás esto conlleve un incremento en la iniciativa privada por la recuperación de espacios y rehabilitación de edificios, así como la activación de servicios que atraigan a su vez a nuevos pobladores. Es preciso un plan nacional y una definitiva redefinición del país que queremos ser, de qué queremos vivir, qué podemos ofrecer y pasando de las palabras a la acción, reorientar de una vez por todas nuestra industria turística. Cierto, no hay buenos mimbres si ello ha de depender de la clase política actual, pero esto no deja de ser una poco alentadora foto fija, y no por ello debemos dejar de “presionar” desde nuestro ámbito particular. El día que pensemos que es algo que no está en nuestras manos, mejor irnos a casa.