VALÈNCIA. Noviembre de 2015. El PP denunciaba que los presupuestos del siguiente ejercicio contaban con una partida de 140.000 euros destinada a Carns de Morella S.L., una empresa con participación pública y privada que se creó cuando el ahora presidente de la Generalitat, Ximo Puig, era alcalde de la capital de Els Ports. Una línea nominativa que, tras el revuelo y la presión que ejerció Podemos, fue sustituida por una ayuda genérica de 500.000 euros para un convenios con mataderos.
Esta fue la primera gran polémica que sufrió el Botànic I, conformado por PSPV y Compromís más el apoyo parlamentario de Podemos. Un problema al que la oposición, en concreto el PP de Isabel Bonig, hincó el diente con cierta virulencia tras verse en la oposición tras 20 años en el poder. En la otra orilla, se apreció también cierta agresividad desde el entorno de Puig respecto a la defensa en cuestiones relacionadas con sus raíces.
Pocos asuntos en el resto de la legislatura activaron tanto las alarmas como el caso de Carns de Morella. De hecho, podría decirse que Puig ha atravesado un plácido vuelo de cuatro años de duración como presidente de la Generalitat solo sacudido en ocasiones por las turbulencias propias de un gobierno de coalición y por las sempiternas tensiones internas de los partidos -en su caso el PSPV- que, no obstante, no han llegado a amenazar seriamente la estabilidad de su cargo como máximo responsable autonómico.
Ahora bien, con el inicio del nuevo mandato y el acuerdo del Botànic II, que incluye a Unides Podem en el Consell, la tranquilidad de Puig ha decrecido a una velocidad preocupante teniendo en cuenta que todavía quedan por delante más de tres años y medio de legislatura. Los motivos son diversos y, en algunos casos, transversales. Es evidente, tal y como ha informado Castellón Plaza, que la desconfianza sobre todo con Compromís se ha incrementado notablemente, lo que ha dado lugar a diversos conflictos - por los recortes, las entregas a cuenta o los presupuestos- que se han intensificado en estas semanas de precampaña electoral.
No obstante, lo que más parece preocupar en el Palau de la Generalitat son determinadas informaciones que amenazan con socavar la credibilidad del presidente, probablemente el bien más preciado de un dirigente político cuya profesión décadas atrás antes de dedicarse a la política fue el periodismo.
Precisamente de sus propias raíces familiares y profesionales nacen algunos de los problemas que más incomodan al jefe del Consell y a los suyos. La última, tal y como informó Castellón Plaza este martes, la imputación de su hermano Francis Puig por posible fraude en subvenciones públicas respecto a sus empresas Comunicacions dels Ports y Mas Mut Producciones y del director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por un presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos además de por un delito de prevaricación en relación a estas ayudas. Una consecuencia de la querella presentada por el PP por la que ambos tendrán que acudir a declarar al Juzgado de Instrucción número 4 de València el próximo mes de diciembre.
Una investigación ante la que Puig se defendió este martes a preguntas de los medios. "Es una demanda del PP que ha sido admitida a trámite y que se encuentra en el momento procesal inicial. Poco a poco se sabrá lo que hay detrás", afirmó, para añadir que la "intención" de la formación que lidera Bonig es la de "perjudicarle" de manera "evidente".
Fuentes próximas al jefe del Consell aseguraban la transparencia y legalidad en todo el proceso de las ayudas al promoción del valenciano y confiaban en el inmediato archivo de la causa, además de recalcar que Presidencia no posee ningún tipo de responsabilidad ni capacidad de decisión respecto a las subvenciones que se otorgan desde la dirección general que lidera Trenzano, quien, según puntualizaban distintas fuentes, milita en Compromís y no en el PSPV-PSOE.
Por su parte, el síndic de la coalición valencianista en Les Corts, Fran Ferri, criticó que el PP viniera dedicándose en los últimos años a poner querellas "a diestro y siniestro" y recordó que muchas de ellas ya han sido archivadas. No obstante, el dirigente de Compromís subrayó que todo el mundo ha de "cumplir la ley sea hermano de quien sea". Sobre esto, distinas fuentes de esta formación cercanas a Trenzano se mostraron "convencidas" de que el director general no había cometido los presuntos delitos por los que se le investiga.
Este caso se suma a otro en el que las raíces, en este caso profesionales, del presidente de la Generalitat le han complicado la vida: las acciones que ostenta en el periódico Mediterráneo, antes en manos del Grupo Zeta.
Precisamente la compra de este grupo por parte de Editorial Prensa Ibérica, editor entre otros del diario Levante-EMV, se aprobó poco después de que el Consell aprobase un decreto para autorizar al IVF a aprobar condonaciones parciales de deuda en línea con las condiciones pactadas por el resto de acreedores. Este hecho, unido a la citada presencia de Puig en el accionariado de Mediterráneo, ha disparado las suspicacias sobre si ese cambio estaba encaminado a salvar de la liquidación a Grupo Z al facilitar su venta al grupo que dirige Javier Moll.
Un asunto por el que salió a dar explicaciones el director del IVF, Manuel Illueca, en Les Corts pero sobre el que se rechazó una comisión de investigación en la cámara con los votos de las tres fuerzas que componen el Botànic II, ahorrándole a Puig el trago de comparecer en el Parlamento valenciano a dar explicaciones sobre este asunto.
Una relación con los medios, pese a ser la profesión del presidente, que también le ha causado algún que otro quebradero de cabeza. Ejemplo de ello ha sido la polémica latente en las ayudas concedidas a determinadas empresas informativas o el revuelo causado con el contenido publicitario difundido en su día por The Guardian y vendido a bombo y platillo desde Presidencia que, tal y como informó El Economista, fue retirado posteriormente de su edición digital una vez cumplido el plazo establecido del acuerdo.