El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Parece lógico que si el gobierno que aspira a presidir Toni Cantó tiene solo siete consellerias, como ha prometido, no tenga una dedicada a Transparencia. Hay cinco departamentos de la administración autonómica que requieren de una conselleria, sí o sí, para administrar las competencias propias: Hacienda, Sanidad, Educación, Obras Públicas –con el nombre que se le quiera dar– y Justicia, a las que habría que añadir al menos una del área económica para ocuparse de empleo, agricultura y pesca, comercio, turismo, industria...
Fuera de eso, las consellerias que cada gobierno quiera crear y la forma de agrupar o individualizar las áreas –ciencia, deporte, cultura, medio ambiente, administración pública, bienestar social, igualdad...– responde más a un deseo de darles visibilidad. Al Consell de PSPV y Compromís se le ocurrió añadir adjetivos para reforzar sus intenciones: Sanidad Universal, Reformas Democráticas, Economía Sostenible... Ahora Unidas-Podemos promete para la Generalitat una conselleria de "Feminismo y LGTBI".
El Gobierno presidido por Ximo Puig decidió dar visibilidad a la política de transparencia bautizando con ese nombre una conselleria que ahora Cantó y también Bonig prometen suprimir si gobiernan. Quizás no haga falta un conseller dedicado a la transparencia una segunda legislatura y baste con una secretaría autonómica o un director general ubicada en otra conselleria, pero no será porque no haga falta más transparencia en la Generalitat.
Por cierto, el departamento que dirige Manuel Alcaraz se llama de "Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación". También habrá que reubicar el área de Cooperación, que con Camps tuvo conselleria propia de infausto recuerdo dirigida, sin transparencia, por Rafael Blasco.
Sorprende la animadversión de PP y Ciudadanos no hacia la labor de Alcaraz, criticable, como todas, sino hacia la mera existencia de la Conselleria de Transparencia. Es indiscutible que hemos avanzado y que, gracias en parte a lo que se ha hecho, la corrupción en la Comunitat Valenciana ha descendido y además es de baja intensidad, no a manos llenas.
La última memoria de la Agencia Valenciana Antifraude, organismo que Bonig ha dicho que también se quiere cargar, recoge que "la Comunitat Valenciana constata una mejora considerable en 2018, según se desprende de la Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Banco Central Europeo y al Eurogrupo, relativa al Informe sobre España 2019, en el que, de forma expresa, se reconoce que, a pesar de la inexistencia de una estrategia nacional contra la corrupción, la Comunitat Valenciana ha desarrollado una serie de medidas en materia de transparencia, lobbies, conflictos de intereses y buen gobierno, y de refuerzo de sus sistemas de prevención y lucha contra la corrupción, con mención explícita a la creación de esta Agencia".
A pesar de la mejora, el Instituto de Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo (QoG) sitúa el índice de calidad del gobierno de la Comunitat Valenciana todavía en puestos muy bajos respecto al resto de CCAA españolas y en relación con la media europea. Según recoge la memoria de la Agencia Antifraude, "la mala reputación que adquieren las Administraciones Públicas afectadas por casos de corrupción incide directamente en la pérdida de competitividad para atraer inversiones productivas".
Esperemos que PP y Ciudadanos presenten alguna medida en positivo para luchar contra el fraude y la corrupción además de cargarse la Conselleria de Transparencia, la Agencia Antifraude y quién sabe si el Consell de Transparència, entidades que Luis Santamaría calificó en su día de "ectoplasmas" porque "sabemos que está pero nadie las ve actuar nunca". Sin duda, es más cómodo gobernar sin que nadie pueda ver los papeles.
En las 180 medidas del programa del PPCV presentado el viernes por Bonig, la única referencia a la transparencia es esta: "Promoveremos un Pacto por el Buen Gobierno con los partidos políticos con representación en Les Corts en el que acordaremos las exigencias sobre incompatibilidades, buen gobierno, transparencia y responsabilidad política". Un pacto que ya tienen para ocultar en qué se gastan la subvención los grupos políticos, como han denunciado la Sindicatura de Comptes y la Agencia Antifraude.
La propuesta del PP no es mejorar estas entidades o reorganizarlas, sino cargárselas. En Valencia Plaza tenemos que decir que aunque su funcionamiento sea mejorable, de algo nos ha servido. Esta semana hemos recibido la sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo que da la razón al Consell de Transparència de la Generalitat cuando obligó a la Conselleria de Sanidad Universal a hacer pública la memoria que presentó el escritor Germán Temprano para ser merecedor del puesto de director de Gestión Sanitaria que Carmen Montón le otorgó a dedo frente a otros candidatos mucho mejor cualificados.
El propio Temprano recurrió contra aquella decisión y ha sido la Abogacía de la Generalitat la que ha tenido que defender la postura del Consell de Transparència, con éxito, ya que el juez le ha dado la razón y ha condenado a Temprano a pagar las costas. No obstante, contra la sentencia cabe recurso, por lo que no es descartable que tengamos que esperar algunos meses más.
Lo cuenta aquí la periodista Estefanía Pastor, que lleva más de dos años reclamando esa memoria para demostrar que aquello fue un dedazo de Montón que debería haberle costado el puesto, ya que puso el puesto de director de Gestión Sanitaria en manos de un escritor sin idea alguna sobre gestión sanitaria. Transparencia a cámara lenta, si al final conseguimos el papel.
Hace algunos meses, los directores del documental Experimento Stuka, Rafa Molés y Pepe Andreu, nos acusaron en las las redes sociales de haber faltado a las normas deontológicas del periodismo en un artículo de Javier Cavanilles que ponía en cuestión la tesis historiográfica del citado documental. Además, divulgaron que este periódico y el redactor habíamos –me incluyo, como director– sido denunciados por ello ante la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
Tras estudiar la denuncia, la citada Comisión ha resuelto lo siguiente: "La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo no considera que se hayan cometido las vulneraciones de los preceptos del Código Deontológico que han sido denunciadas. Porque del análisis que ha quedado expuesto resulta que en la conducta del medio y el periodista denunciados ni aparecen infracciones del principio de respeto a la verdad (Principio General 2); ni en la búsqueda de la verdad se advierten infracciones del Principio de Actuación 1; ni ha faltado el contraste de las fuentes; ni se han negado oportunidades de rectificación, corrección o disculpas; ni se han utilizado métodos indignos para obtener información; ni se ha faltado al respeto al off the record; y, en fin, con lo publicado no se impide distinguir entre hecho y opiniones". A lo que este periodista no tiene nada que añadir.
