Nadia Calviño, vicepresidenta económica del GobiernoMADRID (VP/EP). La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha cifrado este lunes en más de un 2% del PIB las ayudas directas comprometidas en lo que va de año, tras el 5% del PIB destinado el año pasado, y ha indicado que se estudian los instrumentos del nuevo paquete de ayudas directas de 11.000 millones de euros par el sector de turismo, hostelería y pymes, que podría incluir recapitalizaciones o la conversión de créditos, además de más apoyo a las CC.AA. para poder seguir dando ayudas.
Así lo ha señalado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, en la que ha indicado que el "ingente" volumen de dinero público, con un 2% del PIB comprometido en ayudas directas este año y un 5% el año pasado, tiene que se "eficaz" y dirigirse a reducir el endeudamiento.
Calviño ha explicado que el Ejecutivo sigue analizando un conjunto de instrumentos distintos para reforzar la acción de las comunidades autónomas, tras la transferencia de 16.000 millones el año pasado y los 8.000 millones de el ejercicio actual, y viendo qué otros instrumentos se pueden utilizar para reforzar los balances de las pequeñas y medianas empresas, en línea con el instrumento de la SEPI para reforzar el capital de las grandes empresas de sectores estratégicos.
En este sentido, ha detallado que se trabaja con las entidades financieras para reforzar la solvencia de las empresas más pequeñas y ha valorado el papel "muy importante" que han jugado los bancos en la crisis desde hace marzo de 2020.
"Tienen que seguir siendo parte de la solución, si no actuamos de forma concertada y no utilizamos la experiencia y los conocimientos no lograremos el objetivo común", ha remarcado, recordando que las entidades tienen una mejor capacidad para valorar la solvencia de las empresas y qué instrumentos son más eficaces.
De igual forma, ha asegurado que el Ejecutivo y el gobernador del Banco de España están "absolutamente alineados" en sus análisis desde el inicio de la crisis, y ha insistido en que se comenzó actuando con "mucha rapidez" para prevenir y anticiparse, por lo que ahora toca volver a poner en marcha los instrumentos necesarios "antes de que se desencadena un problema masivo de solvencia en las empresas en determinados sectores y territorios".
"No se trata de dar más créditos, ya lo hicimos en noviembre ampliando el programa, ahora analizamos ayudas directas", ha precisado Calviño, quien, no obstante, ha hecho hincapié en que ya se dan ayudas directas al asumir el Estado los salarios de los trabajadores o las cotizaciones de los autónomos, al tiempo que se han reducido costes empresariales al ampliar el plazo de carencia de los créditos del ICO.
En cualquier caso, ha insistido en que hay que evitar que en España suceda como en otros países en los que se ha dado dinero a las empresas y éstas han acabado cerrando.
"Cuando gestionamos dinero de todos los contribuyentes tenemos que tener muchísimo cuidado para que las ayudas lleguen a quien tiene que llegar", ha apostillado Calviño, tras asegurar que los autónomos serán un colectivo prioritario en las nuevas ayudas.
Concretamente, ha apuntado que se dará más apoyo para los balances de las empresas, y se analizarán distintos instrumentos con las entidades para aliviar parte de los costes, citando las recapitalizaciones o la conversión de créditos en otros instrumentos de capital, algo que "es una ayuda directa".
La vicepresidenta tercera ha avanzado que los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social "están siendo malos", pero espera que a lo largo del año se recupere la economía y se pueda volver a plantear la subida del Salario Mínimo, así como consensuar y aprobar "muy pronto" la nueva normativa sobre 'riders'.
Preguntada sobre la próxima regulación del alquiler de vivienda, Calviño ha aseverado que el Ejecutivo considera la vivienda una "prioridad" desde hace dos años y medio y uno de los principales problemas a nivel económico y social, ante la vulnerabilidad de una parte de la población.
Así, ha recordado que se ha reforzado la protección contra los desahucios hipotecarios y de arrendamientos, se ha puesto en marcha las medidas en relación a la vivienda turística, se ha fijado una red adicional de seguridad para evitar los desahucios de vulnerables y el ministro José Luis Ábalos trabaja en la primera ley de vivienda "de la democracia" para dar un "marco constructivo" a futuro.
A su juicio, es "fácil" tratar de simplificar las cuestiones relativas a los alquileres, si bien ha asegurado que la posibilidad de regular los precios de los alquileres "no es el bálsamo de fierabrás", sino que "hay que resolver todo el problema" y aumentar el parque público de viviendas "desmantelado con los gobiernos anteriores durante décadas".
A este respecto, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó un acuerdo con las entidades financieras y la Sareb para aumentar el parque público a 26.000 viviendas. "Es una medida concreta, tangible que va a permitir que se dé amparo", ha apostillado.
De hecho, ha insistido en que hay que aprobar una medida que sea "de verdad eficaz", ya que la regulación del alquiler podría funcionar en "determinadas circunstancias" pero en algunos países donde se ha implementado no ha dado los resultados esperados, si bien ha apuntado también a los ayuntamientos por su papel competencial en la materia.
"Simplificar problemas complejos no nos ayuda a resolverlos, me parece más concreto aumentar hasta 2.6000 viviendas el fondo social, trabajando con bancos y Sareb para integrar más propietarios y ser más concretos y eficaces que tratar de generar cuestiones que son más complejas", ha añadido.
