La consellera de Sanidad, Ana Barceló, y la titular de Justicia, Gabriela Bravo, en la inauguración del hospital de campaña de València. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los hospitales de campaña levantados para hacer frente a la pandemia por el Gobierno valenciano siguen dando qué hablar. Tal y como adelantó este diario el pasado domingo, la Agencia Antifraude ha solicitado los contratos referentes a estas instalaciones para investigar si todo el proceso, amparado bajo el paraguas de la emergencia, se desarrolló por los cauces correctos.
Pero no es este el único problema. La empresa adjudicataria Idat (conformada por Hispano Vema y Bellcomm), reclamó a la Generalitat 2,45 millones de euros más por los sobrecostes a su juicio generados sobre el encargo recibido bajo el contrato formalizado desde el área de Emergencias dependiente de la Conselleria de Justicia que lidera Gabriela Bravo.
Ahí es donde surgen las discrepancias. En la fase de montaje, desde la Conselleria de Sanidad se realizaron peticiones concretas para adaptar las instalaciones a la realidad de la pandemia con el objetivo de optimizar los citados hospitales desde el punto de vista de operatividad sanitaria. Por ejemplo, se reclamaron más módulos para así cumplir con la distancia requerida entre las camas que hipotéticamente debieran ocupar pacientes con coronavirus, además de otras solicitudes.
Según fuentes de ambas consellerias, un informe solicitado a Tragsa certifica que, efectivamente, existen sobrecostes acreditados por un montante de en torno a 1,4 millones de euros. Una cifra considerable que, no obstante, se sitúa lejos de lo demandado por la empresa adjudicataria que, no obstante, habría recibido con buena disposición el acercamiento del Gobierno valenciano, si bien no quisieron concretar a este diario su posición de un posible acuerdo que, desde Sanidad, se daba por cerrado.
Más allá de esto, y de concretarse que la Generalitat debe afrontar ese 1,4 millones de euros de sobrecoste sobre los 4,8 millones iniciales contratados desde Emergencias, el debate surge sobre qué departamento debe hacerse cargo de esa cantidad extra.
Desde Emergencias exponen que su obligación contractual termina cuando se abone el 25% que resta por pagar de lo programado inicialmente por el levantamiento de los hospitales. En este sentido, subrayan que las posteriores modificaciones concretas causantes de los sobrecostes corresponden a peticiones de Sanidad que, al margen de que pudieran ser necesarias, resultan ajenos a la contratación de su departamento.
En cambio, desde Sanidad opinan que formalmente el contrato pertenece a Emergencias y que las modificaciones solicitadas eran de carácter obligado para cumplir con los objetivos requeridos para que las instalaciones pudieran resultar eficientes desde el punto de vista sanitario, por lo que creen que el cargo final debe afrontarse desde la Conselleria de Justicia.
Un episodio más de unas instalaciones anunciadas en marzo por el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ante la expansión del coronavirus y que, a día de hoy, todavía no han sido utilizadas para albergar pacientes relacionados con la presión hospitalaria del coronavirus. El propio jefe del Consell, aseguraba este miércoles preguntado por los sobrecostes que la Generalitat "no quiere pagar más de lo que corresponde", aunque enmarcaba el conflicto en las "lógicas" discusiones cuando "uno defiende el interés general y las empresas defienden legítimamente sus intereses".
